La estricta aplicación de la legislación vigente, sin atender a la casuística particular, puede dar lugar a situaciones cuando menos sorprendentes. Ése es el caso de la oferta de empleo público para cubrir 153 plazas de médicos de Familia publicada en el Boletín Oficial de Aragón (BOA), que ofrece 2 de esas plazas "a personas con discapacidad intelectual igual o superior al 33% y a personas con enfermedad mental que acrediten un grado de discapacidad igual o superior al 33%".
Así reza literalmente la resolución del pasado 21 de enero firmada por la Gerencia del Servicio Aragonés de Salud (Salud) cuya "inmediata retirada" han solicitado hoy formalmente la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen) y el Consejo de Colegios de Médicos de Aragón. La sociedad de primaria y los tres colegios médicos de la comunidad aragonesa exigen a la consejería de Salud que dirige Sira Repollés que esas dos plazas de facultativo "se habiliten para otras personas con una capacidad intelectual y salud mental integral".
Aunque la sociedad de primaria y el consejo colegial coinciden en su carácter "integrador" y en su "decidida apuesta por la inclusión", matizan que, "desde un punto de vista estrictamente médico, no vemos viable que una persona con una discapacidad intelectual o una enfermedad mental discapacitante igual o mayor al 33% pueda ejercer la Medicina". Que la comunidad que preside Francisco Javier Lambán convoque ambas plazas "significa poner en riesgo la calidad asistencial y la vida del paciente, pues cualquier persona que ejerza la Medicina debe estar en plenas facultades intelectuales y mentales", enfatiza el comunicado firmado por sociedad y colegios.
Un tanto sorprendido por el revuelo levantado, el Servicio Aragonés de Salud recuerda que la convocatoria del 21 de enero "se ciñe estrictamente a la legislación vigente en materia de empleo público en la Administración aragonesa, que estipula la reserva de un porcentaje de plazas para discapacitados intelectuales, pero también para víctimas del terrorismo o para personas transexuales", afirman fuentes del Salud. En efecto, en la misma convocatoria se reservan 3 plazas de médico para el turno de personas transexuales, 4 puestos para víctimas de violencia de género y 2 plazas más para ser cubiertas por "personas incluidas en el ámbito de aplicación de medidas a favor de las víctimas del terrorismo".
La Ley 5/2019, de derechos y garantías de las personas con discapacidad en Aragón, estipula, en efecto, que en las ofertas de empleo público se reservará al menos el 8% de las plazas para colectivos con discapacidad, de manera que al menos un 2% sea para aspirantes con discapacidad intelectual y un 1% "para personas con enfermedad mental que acrediten un grado de discapacidad igual o superior al 33%". Análogamente, la Ley 4/2018, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social, aprobada por unanimidad en las Cortes aragonesas, establece la reserva de un cupo "no inferior al 1% de las vacantes" para ser cubiertas por personas transexuales.
Antonio Martínez Barceló, presidente de Semergen en Aragón, puntualiza que "una cosa es la normativa general y otra atender a las peculiaridades específicas de las plazas que se ofertan".
En este sentido, Martínez Barceló recuerda que la ley del Estatuto Marco deja muy claro en su artículo 36 que, en el caso de la reserva de plazas para personas con discapacidad (física o intelectual), debe acreditarse no sólo el grado de discapacidad del candidato, sino también "la compatibilidad con el desempeño de las tareas y funciones correspondientes e inherentes al puesto".
aseadas
De manera muy gráfica, Mercedes Ortín, secretaria general del Sindicato Médico de Aragón (CESM), enfatiza que "esta comunidad es peculiar, porque, hasta donde yo sé, en ninguna otra hay tantas y tan variadas categorías para establecer cupos de reserva. La polvareda se ha levantado ahora con estas dos plazas de Medicina de Familia, pero es que, en esta misma convocatoria, a Enfermería le han tocado hasta 12 plazas con los mismos criterios. La discriminación positiva es, como su propio nombre indica, positiva, y todos estamos a favor de medidas de este tipo, pero quizás habría que dilucidar en qué categorías se aplica y para qué puestos concretos".
Porque "una deriva interesante", apunta Ortín, es qué pasará con esas plazas cuando queden vacantes. "El criterio en vigor actualmente es que los puestos que se reservan para personas con discapacidad física no se suman a la oferta general de plazas en las convocatorias de turno libre, pero habría que ver qué pasa con las de discapacidad intelectual".
Pues, a tenor del texto de la convocatoria, parece que tampoco. La resolución del Salud deja claro que en caso de no cubrirse las plazas del turno de discapacidad general, discapacidad intelectual y personas con enfermedad mental, se sumarían a posteriores ofertas de empleo, pero dentro de esa reserva del 8% de plazas que fija la ley para estos colectivos.
En cambio, si no se cubrieran los puestos destinados en esta convocatoria a personas transexuales, víctimas de violencia de género y víctimas del terrorismo (9 plazas de médico en total) sí se sumarían a la convocatoria general de acceso libre.
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