La Asociación de Enfermería Comunitaria (AEC) -junto a una docena de organizaciones científicas, sociales y humanitarias más-, ha escrito una carta abierta al Gobierno para solicitar medidas relacionadas con el acceso a las vacunas contra la covid-19 en interés de la salud pública y la población.
“Ante una situación tan absolutamente excepcional como la que estamos viviendo ha de primar la salud pública y la vida de las personas por encima de cualquier otro interés económico”, explica José Ramón Martínez Riera, presidente de la AEC.
Recuerda que nuestro ordenamiento jurídico ya posibilita que esto sea así al impedir que la explotación de una patente pueda llevarse a cabo de forma contraria a la salud pública. “Llegado el caso, y ante una situación excepcional, permitiría incluso que mediante una ley pueda declararse su utilidad pública o interés social para expropiar una patente mediante una justa indemnización para el fabricante de vacunas”.
También le preocupa las inquietudes e incertidumbres que genera el proceso de compra y venta de las vacunas a nivel mundial. “Hay poblaciones que no tendrán acceso a la vacuna más allá de 2022”, lamenta Martínez Riera.
Desequilibrio entre farmacéuticas y Europa
Martínez Riera añade, además, que se está produciendo un desequilibrio importante entre la industria farmacéutica y la Unión Europea, “debido a los contratos y condiciones kafkianas de los mismos, como que todas las ganancias son exclusivamente para estos laboratorios aunque los Estados hayan invertido mucho dinero en investigación y hayan apoyado todo el proceso a través de los llamados Acuerdos de Adquisición Anticipada de vacunas”.
En esos mismos contratos también se hablaba de la obtención de un determinado número de dosis de vacunas en un plazo y a un precio establecido, “que ahora se incumple unilateralmente por parte de dos laboratorios farmacéuticos (Pfizer y Astrazeneca)”, recuerda la misiva.
De hecho, la carta recoge que la situación actual refleja un sistema condicionado por el mercado, muy sensible a los intereses económicos, y donde los Estados y la Comisión Europea tienen escasa capacidad de actuación en defensa de la ciudadanía y de la salud pública.
“La falta de transparencia en contratos públicos resulta difícilmente admisible en sistemas democráticos y genera muchas dudas sobre si se protege el interés general. Hasta la fecha, la Comisión ha publicado parcialmente tres de los ocho contratos firmados con compañías productoras de vacunas (Curevac5 , Astrazeneca y GSK/Sanofi7), todos con muchas páginas y párrafos tachados”, reza la carta dirigida al Gobierno.
Más transparencia y retorno público de la inversión
En la carta dirigida al Gobierno también piden transparencia en todos los contratos firmados entre la Comisión Europea y las compañías farmacéuticas, criterios de retorno público de toda la inversión realizada por los Estados que aseguren que el conocimiento generado se comparte y se licencia a terceros en condiciones de no exclusividad, precios a coste de fabricación y suspensión temporal de los derechos de propiedad intelectual del conocimiento aplicable para combatir la pandemia.
Además de la AEC, también firman la carta Salud por Derecho, Asociación por un Acceso Justo al Medicamento, Sociedad Española de Epidemiología, Asociación Madrileña de Salud Pública, Médicos Sin Fronteras, Médicos del Mundo, Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo Confederación de Consumidores y Usuarios, No Gracias, Red Española de Atención Primaria y Sociedad Española de Sanidad Ambiental.
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