2020, el año I de la pandemia, cuando el grueso de las comunidades admitía dificultades para contratar médicos para combatir la covid (sobre todo en determinadas especialidades) se cerró con un total de 1.661 facultativos apuntados a las oficinas de empleo, 1.073 de ellos de Medicina de Familia, la especialidad más deficitaria de España sobre el papel.
El informe sobre el mercado de trabajo en España por tipo de ocupación, elaborado todos los años por el Observatorio de las Ocupaciones del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), revela que a 31 de diciembre de 2020 había en las oficinas de empleo de las 17 comunidades autónomas un total de 4.419 médicos demandantes de empleo, de los que 1.661 estaban en esos momentos -en pleno ascenso de la tercera ola de contagios por covid- en paro.
Las cifras de facultativos en paro descienden con respecto a 2019, tanto en médicos de Familia como en el resto de especialistas (el SEPE distingue entre ambas categorías en su catálogo de ocupaciones), pero sólo lo hacen ligeramente (un 2,81% y un 3,29% menos de parados, respectivamente) "en un año en el que cualquier incremento del desempleo entre los médicos es inexplicable. ¿No se preguntaban muchos consejeros de Sanidad dónde había médicos para luchar contra la covid, pues tenían más de 1.600 en las oficinas del paro", ironiza Vicente Matas, representante nacional de Atención Primaria Urbana de la Organización Médica Colegial (OMC) y responsable del Centro de Estudios del Sindicato Médico de Granada.
Matas recuerda, además, que "un porcentaje significativo" de los médicos en paro no llega a apuntarse nunca en las oficinas autonómicas de empleo. "Dada la situación de precariedad existente, a los médicos se les ofrecen contratos muy cortos y muy seguidos unos de otros, por lo que muchos ni siquiera tienen tiempo suficiente para cumplimentar todo el proceso burocrático para apuntarse al SEPE, de forma que esos 1.661 desempleados seguro que son más". Según el estudio Situación laboral de los médicos en España, elaborado conjuntamente por la OMC y el sindicato CESM, la tasa de paro médico sumergido en España oscila cada año en porcentajes que varían entre el 25 y el 30%.
El vocal de la OMC recuerda también que los especialistas en paro antes de recurrir al SEPE se apuntan a las bolsas de empleo temporal sanitario de las autonomías, que gestionan las vacantes existentes conforme a un baremo consensuado entre Administración y sindicatos por grupos y categorías profesionales. No obstante, antes del pasado verano, la mayoría de las comunidades aseguraban haber agotado sus bolsas de empleo en determinadas categorías.
La temporalidad y concatenación de contratos a las que alude Matas para explicar que el médico no llegue a apuntarse a las oficinas de empleo es muy palpable también en las ofertas que gestiona el SEPE. De los 40.165 contratos firmados en 2020 a médicos especialistas a través de este organismo dependiente del Ministerio de Trabajo y Economía Social, 36.066 fueron de carácter temporal (un 89,79%), y ese porcentaje fue aún mayor en los contratos que firmaron los médicos de Familia (un 91,2% de ellos temporales). De hecho, los 16.811 contratos a médicos de primaria que gestionó el SEPE a lo largo del año más crudo de la pandemia los firmó sólo con 6.557 personas, de forma que cada demandante de empleo firmó una media de 2,5 contratos a lo largo del año.
La evolución mensual del número de médicos en paro a lo largo de 2020 también es "incomprensible" para el vocal de la OMC en un contexto de pandemia y de déficit de personal. De hecho, el número de médicos en paro con los que se cerró el año en diciembre fue incluso más bajo que el registrado en meses con altísimos picos asistenciales en las unidades de cuidados intensivos, las plantas hospitalarias y los centros de salud de todas las autonomías.
Si en marzo y abril, en pleno repunte de la primera ola, los especialistas hospitalarios en paro estaban por debajo de los 550 (ver gráfico), incomprensiblemente se dispararon por encima de los 700 en los meses de mayo y junio, para descender paulatinamente en el segundo semestre del año, pero siempre por encima de los 550 parados. En el caso de los médicos de Familia, el incremento del paro fue constante hasta agosto, cuando si situó por encima de los 2.000 desempleados, y descendió bruscamente en el último cuatrimestre, coincidiendo con el llamamiento del Ministerio de Sanidad a todas las comunidades para el reforzamiento de primaria con vistas a la detección precoz de los brotes de la infección tras la primera ola.
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En la transición entre la primera y la segunda ola de la pandemia el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó el polémico Real Decreto-ley 29/2020, una norma que, en teoría, debía ayudar a las comunidades a suplir sus carencias de personal para afrontar la segunda ola del coronavirus. La norma (detonante de la primera huelga médica nacional convocada en España en 25 años) facultaba a las comunidades, entre otras cosas, a contratar graduados en Medicina sin el MIR hecho y/o a médicos extracomunitarios sin título homologado.
Permitía, además, que los servicios de salud moviesen forzosamente a los médicos y enfermeros de una unidad a otra, o incluso entre niveles asistenciales (de un centro de salud a un hospital o viceversa), si la falta de personal derivada de la pandemia "así lo aconseja". Éste es, de hecho, el decreto en el que se ha amparado, por ejemplo, la Comunidad de Madrid para justificar los polémicos traslados forzosos de personal al Hospital Enfermera Isabel Zendal.
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Pues bien, en este contexto de generalizado déficit de médicos y con las bolsas de empleo sanitario teóricamente agotadas en muchas autonomías, sólo cinco comunidades (País Vasco, Extremadura, Castilla y León, Madrid y Navarra) recurrieron al SEPE para buscar lo que les faltaba, o recurrieron, al menos, más que en 2019. Las 12 restantes contrataron menos médicos (tanto especialistas como de Familia) en sus respectivas oficinas de empleo que el año anterior.
Los 1.122 contratos que el País Vasco firmó con médicos especialistas de esta comunidad en 2020 fueron un 14,26% más que los registrados en los 12 meses de 2019. Osakidetza se convirtió así en el servicio autonómico de salud que más recurrió a sus oficinas de empleo para fichar médicos, pero lo que no concretan las estadísticas del SEPE es por cuánto tiempo se firmaron esos contratos en Osakidetza ni en qué especialidades. En el extremo opuesto se sitúa Cantabria, que en plena pandemia, firmó un 46,94% de contratos menos que en 2019. El Servicio Cántabro de Salud (SCS) sólo sacó del paro a 130 especialistas.
En el caso de Medicina de Familia, el panorama es aún más desolador: los 5.555 contratos que Cataluña firmó con médicos de primaria suponen un 10,07% más que en 2019. El resto de las comunidades contrataron menos médicos de Familia -al menos en sus oficinas de empleo- que en 2019.
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