Satse ha reclamado al Ministerio de Sanidad y a las consejerías de Salud de las comunidades autónomas que agilicen la recopilación de datos sobre agresiones a profesionales sanitarios, "ya que no es razonable que el último informe presentado ahora sea de 2017-2018 y no se conozca oficialmente la realidad actual: venimos constatando un repunte de casos después del periodo de emergencia sanitaria por la covid-19".
En el último informe presentado por Sanidad se constata un aumento en el número de denuncias de profesionales sanitarios tras ser agredidos verbal o físicamente entre 2017 y 2018. En concreto, en 2017 se registraron un total de 8.326 notificaciones, lo que supone una tasa global de 15,39 agresiones por cada 1.000 profesionales; y en 2018, 9.506 notificaciones, lo que supone una tasa de 17,17 agresiones por cada 1.000 profesionales del SNS.
El perfil del profesional agredido es en su mayoría mujer, entre los 35 y los 55 años, y perteneciente a personal de enfermería y médico.
“No es de recibo que aún no conozcamos lo acontecido en 2019 y, sobre todo en 2020, de cara a poder adoptar las actuaciones necesarias para acabar con un grave problema que afecta a ocho de cada diez enfermeras".
Aumento de las agresiones
A tenor de las denuncias que viene recibiendo los últimos meses, Satse estima que las agresiones volvieron a aflorar tras el periodo de emergencia sanitaria por la covid-19, "siendo otra vez muy frecuentes los episodios de violencia verbal, como insultos o amenazas, y también los de carácter físico, como empujones o golpes".
La solución, según Satse, pasa por aprobar una norma estatal que implique y obligue a todas las administraciones públicas sanitarias, así como a la sanidad privada y concertada, "a adoptar todas las medidas y actuaciones necesarias a nivel preventivo y de actuación en defensa del profesional tras ser agredido".
Observatorio sobre la violencia
No en vano, recuerda que hace unos meses elaboró un borrador de anteproyecto de Ley que establece un amplio conjunto de medidas (prevención, sensibilización, información, apoyo…) para proteger a todos los profesionales sanitarios víctimas de agresiones, y que ya ha trasladado al Ministerio y a los principales partidos políticos al objeto de que tomen la iniciativa en este asunto.
"Proponemos crear un Observatorio sobre la violencia en el ámbito sanitario que permita hacer una radiografía detallada y actualizada del problema en las diferentes comunidades autónomas, así como la elaboración de un Plan de Prevención contra la Violencia en el ámbito sanitario en cada servicio de salud autonómico, así como en cada empresa o centro de trabajo, que incluya las medidas en cada caso a implantar para prevenir, evitar o disminuir el riesgo del personal sanitario de sufrir agresiones".
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