Los trámites que tiene que seguir un médico extranjero para homologar su título universitario en España son lentos, complejos, farragosos y muy poco operativos. Y todo esto no lo dicen los cientos de universitarios extranjeros (graduados en Medicina y en el resto de las titulaciones) que llevan meses esperando la homologación de su título, lo dice el propio Ministerio de Universidades en una memoria con la que intenta explicar por qué es necesario cambiar la norma que regula ese procedimiento, una norma que aprobó en 2014 el primer gobierno de Mariano Rajoy.
Ahora, siete años después, el departamento de Manuel Castells pone en marcha el preceptivo trámite de audiencia para reformar de arriba a abajo el Real Decreto 967/2014, de homologación, equivalencias y convalidación de enseñanzas universitarias de sistemas educativos extranjeros. El objetivo último no es otro que "simplificar, agilizar y dar transparencia a un procedimiento actualmente complejo y que se puede prolongar durante años". Literalmente. En este momento, dice Universidades en su memoria justificativa, "el tiempo medio de resolución de un expediente de homologación o de equivalencia es superior a los 400 días" y el objetivo es reducirlo a "menos de 100 días".
Para ello, el proyecto diseñado por el departamento de Castells (sometido a audiencia pública hasta el próximo 3 de noviembre) establece que "la totalidad de los trámites de los procedimientos de homologación y declaración de equivalencias serán efectuados por vía electrónica".
Además, y también con el objetivo (al menos, teórico) de agilizar trámites, se creará una comisión específica de homologación y equivalencias, adscrita a la Secretaría General del ministerio y formada por 13 miembros: 3 del propio ministerio, 5 en representación de las conferencias de decanos de las facultades y otros 5 profesores universitarios, "con vinculación permanente a su universidad".
Dentro de ese plazo máximo de respuesta de 100 días que aspira a conseguir el Ministerio de Universidades con su nuevo decreto estarían los 10 días que, en el caso de las titulaciones de Ciencias de la Salud, tienen los consejos generales de colegios profesionales para emitir un informe previo (y preceptivo) sobre "la oportunidad académico-profesional" de la homologación solicitada.
El decreto de 2014 fija un plazo máximo de 6 meses y hay gente que lleva 2 años esperando
El decreto de 2014 ya fijaba en 6 meses (es decir, unos 180 días) el plazo máximo para resolver las solicitudes de homologación (que afectan a los estudios que habilitan para ejercer una profesión regulada en España, como las sanitarias y algunas ingenierías) y equivalencia (para el resto de títulos universitarios), pero hay graduados foráneos en Medicina y Enfermería que llevan mucho más de esos 6 meses esperando una respuesta de Universidades (antes era Educación el ministerio competente). En su memoria, el Ministerio de Universidades admite, de hecho, que algunas solicitudes de homologación y equivalencia "han sobrepasado ya los dos años de espera".
Sin ir más lejos, con el inicio de la pandemia, la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (Aneca), que interviene en el trámite de homologación, reconoció el tapón existente en Medicina y Enfermería y agilizó sus expedientes: en 2020, Aneca resolvió 267 homologaciones de Medicina y hasta 337 de Enfermería. Si la necesidad apremia, la burocracia se agiliza.
Y por si quedara alguna duda, Universidades hace una mención expresa al efecto que ha tenido la pandemia en su decisión de actualizar una norma poco operativa: "La necesidad de determinados profesionales sanitarios durante la crisis provocada por la covid-19 ha confirmado la oportunidad de digitalizar los procedimientos para agilizar la capacidad de respuesta de los trámites de homologación y equivalencia, al dificultar significativamente la capacidad de la Administración de responder rápidamente a una crisis tan trascedente como la provocada por esta pandemia".
La homologación de su título universitario no es, además, el único embudo que tienen que pasar los médicos extracomunitarios que quieren ejercer en España: el segundo paso es homologar la especialidad, y ese trámite, que es competencia del Ministerio de Sanidad desde 2010 (año en que lo recibió de manos de Educación), es incluso más lento que la homologación del grado. El Real Decreto 459/2010, que regula este procedimiento, deja claro que el plazo para dictar y notificar la resolución del expediente es también de seis meses, pero hay aspirantes que llevan más de 8 años esperando una respuesta de Sanidad. En suma, un doble obstáculo y a cada cual más complicado.
El 85% de todas las peticiones de homologación cursadas en 2019 las hicieron médicos
El primer obstáculo de esa gincana es, pues, responsabilidad directa de Universidades, que entona un mea culpa muy explícito, aunque con la vista puesta en la Administración precedente: "La heterogeneidad de orígenes [de los aspirantes a homologar su título] comporta la necesidad de analizar títulos y niveles formativos muy dispares, así como valorar legislaciones muy diversas. La consecuencia evidente ha sido la acumulación de expedientes y la falta de respuesta de la administración en un tiempo prudente y razonable a las solicitudes de los ciudadanos". Concretamente, el ministerio de Castells admite que actualmente hay más de 15.000 expedientes sin resolver, a los que hay que añadir "varios miles más" que se presentaron durante el estado de alarma.
Y esa demora, argumenta Universidades, tiene nombre y apellidos: el decreto de 2014 que ahora quiere reformar. Según el ministerio, entre los años 2010 y 2014 (es decir, antes de la aprobación de la norma de Rajoy), se resolvía el 81,5% de las solicitudes de homologación presentadas (entonces, al Ministerio de Educación), pero ese porcentaje cayó hasta el 47,8% entre 2015 y 2019, "e incluso en algún ejercicio, como en 2017, se situó en nada más que en el 41%", concreta la memoria.
Además, en el caso de las homologaciones, la demora afecta fundamentalmente a los médicos, porque son el colectivo profesional que más las pide. Así, según Universidades, en 2019 (antes del obligado parón de la pandemia), el 85% de las peticiones de homologación las cursaron médicos, "seguidos de dentistas, enfermeros, fisioterapeutas e ingenieros de caminos, canales y puertos".
320.000 euros de inversión
Con respecto a la inversión necesaria para poner en marcha el nuevo procedimiento, Universidades aventura que sería escasa y, en principio, toda ella derivada de la digitalización de los trámites.
En concreto, la memoria económica del proyecto cifra en 20.000 euros el coste de implantación de una "sede electrónica", y en 300.000 euros el dinero necesario para la puesta en marcha y desarrollo de una aplicación informática para la gestión de las solicitudes. Universidades puntualiza, de hecho, que ya existe una aplicación de este tipo "alojada en las infraestructuras del Ministerio de Educación y Formación Profesional", pero que es preciso "poner en marcha otra aplicación para sustituir a la anterior en infraestructuras gestionadas directamente por el Ministerio de Universidades, y con un planteamiento técnicamente más moderno y eficaz".
La memoria añade que "posteriormente serán necesarios otros costes de mantenimiento (sin precisar cuáles ni en qué cuantía), pero se deben considerar gastos y no inversiones".
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