El 27 de marzo está previsto que salga del Centro Penitenciario de Teruel un hombre, tras cumplir condena por agredir a un facultativo de un hospital de Valencia. Los hechos se remontan al verano de 2016, cuando el médico recibió una brutal agresión por parte de los padres de una menor a la que había atendido en su consulta por un dolor de espalda.
Reprochaban al facultativo que le hubiera diagnosticado a su hija que los dolores de espalda se debían a su sobrepeso y que debía perder peso. De los gritos en el servicio de Urgencias donde estaba el sanitario, pasaron a las manos. El condenado le dió un puñetazo en la cara al médico y un fuerte empujón. Perdió el equilibrio, cayó sobre la mesa y después al suelo. Tuvo que ser atendido por un auxiliar que acudió alertado por los gritos y el estruendo. La pareja de agresores desapareció del hospital.
El médico denunció. Tuvo que ser intervenido por la contusión mandibular, además de una fractura en la octava costilla derecha. Sufrió un síndrome de disfunción craneomandibular que fue tratada con una férula de descarga. Varias piezas dentales se le astillaron y le ha quedado una artritis temporomandibular postraumática derecha.
En junio de 2019 se celebró el juicio. El Juzgado de lo Penal número 3 de Valencia condenó al hombre por un delito de atentado y uno de lesiones, que entre los dos sumaban 18 meses de prisión. Además, de al pago de una indemnización en concepto de responsabilidad civil de 7.020 euros, por las lesiones y secuelas sufridas, más los intereses legales y las costas judiciales. Mientras que la mujer recibió la condena a una pena de seis meses de prisión, por el delito de atentado, pero sin responsabilidad por las lesiones y, por tanto, sin tener que enfrentar el pago de una indemnización al médico agredido.
En el mismo juicio oral se acordó la suspensión de la pena de prisión a los condenados, condicionada a que en el plazo de dos años no delincan y, en el caso del hombre, pague la indemnización impuesta por el delito de lesiones.
Pues bien, transcurrido ese tiempo el condenado no cumplió con el abono de la indemnización fijada en el juicio y, por tanto, el Juzgado de lo Penal número 16 de Valencia acordó la ejecución de la sentencia y la entrada en prisión del condenado, en una resolución con fecha del 10 de octubre de 2022.
Condenas de menos de dos años
La condena impuesto por el juez fue de 18 meses de prisión. El hombre saldrá de la cárcel tras cumplir con el régimen de internamiento de, al menos, un tercio. Otro tercio lo cumplirá en régimen abierto y luego en libertad provisional hasta la liquidación de la pena, que en este caso es de 18 meses. Pero, en todo caso, aquí lo importante es que ha tenido que entrar en prisión", apunta Guillermo Llago, abogado del facultativo agredido.
Las condenas a los agresores por delitos de atentados contra los médicos de los servicios sanitarios públicos están asumidas por la jurisprudencia. Pero, en raras ocasiones los condenados entran en prisión, porque cuando la pena es inferior a dos años y el agresor no cuenta con antecedentes, no entran en la cárcel.
Llago aclara: "No tenemos precedente de ingreso en prisión por condena de agresión a un médico. Normalmente, son penas inferiores a dos años y no se cumplen. En este caso, como no pagó los más de 7.000 euros por responsabilidad civil, que es un requisito de suspensión de la condena, le requirieron el pago y, al no pagar, el juez revocó la suspensión de la condena y dictó su entrada en prisión".
Carlos Fornes, presidente de la Asociación de Derecho Sanitario de la Comunidad Valenciana (ADSCV), destaca que el ingreso en prisión por delitos contra los sanitarios es algo que se da "en muy raras ocasiones" y tiene un carácter "muy excepcional".
En su opinión, al margen de la "tibieza" del castigo a las faltas leves, esta situación hace que los agresores piensen que es "muy barato" atacar a un sanitario. "Las penas son muy banales y, en muchas ocasiones, con una multa de 180 euros se zanja el tema", apunta.
Para el presidente de la ADSCV, es necesario "incrementar las penas" en los casos leves, que "aunque no fuera definitivo, quizá sería más disuasorio". En cambio, para los delitos graves se debería "aprovechar" al máximo las opciones disponibles.
Aunque se puede subir el tope máximo de cárcel previsto (tres años), para Fornes sería interesante que hubiera más sentencias por la parte alta de la horquilla. "Si en vez de condenas de dos años o menos, las más habituales, se dictaran con dos años y medio o tres de prisión, entrarían más agresores, aunque no tuvieran antecedentes penales". A ello habría que sumar un incremento de las penas de multa adicionales, que también son "ridículas".
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