Roser Fernández, directora general de La Unió (antes llamada Unión Catalana de Hospitales), una asociación patronal integrada por 115 entidades sanitarias, sociales y de atención a la dependencia, repasa algunos de los asuntos más urgentes que tiene que afrontar el nuevo Gobierno autonómico que preside el exministro de Sanidad Salvador Illa (PSC) y, en concreto, su consejera de Salud, Olga Pané.
La sanidad catalana, con el Gobierno de PSC, inicia una nueva etapa. El ‘president’ Salvador Illa ha dicho: "Queremos unir y servir a los catalanes y las catalanas, poniendo los servicios públicos como primera prioridad del autogobierno de Cataluña". ¿Qué tiene que hacer para que eso sea una realidad en sanidad?
“Unir i servir” es un buen lema porque expresa la voluntad de compartir un propósito de servicio público, apostar por un sistema de salud sostenible, equitativo y de calidad que no sólo atienda a la enfermedad o dependencia sino que contribuya a procurar una mejor salud y autonomía personal en todas las etapas de la vida. Y también expresa la voluntad de hacerlo juntos y desde la escucha activa con el sector de la provisión, de manera inclusiva. Para hacer frente a las transformaciones necesarias, superando la inestabilidad de las legislaturas, es clave trabajar juntos con voluntad de consenso y desde el rigor y la transparencia. Llevamos demasiado tiempo haciendo más políticas de partido, desde el tacticismo a corto plazo, que políticas públicas, escuchando las necesidades y opinión real de los profesionales y de los ciudadanos y sustentando las decisiones en base a datos y resultados.
¿Cuáles considera que son los asuntos más urgentes o prioritarios a resolver?
El primero, mejorar la financiación de la sanidad y los servicios sociales en Catalunya, que recoja el incremento de la población y los factores singulares asociados a una presión superior de las necesidades y de la demanda. Y hablamos de mejorar la financiación de los servicios sanitarios y sociales a la vez, porque apelamos a recuperar el concepto de Salud de la OMS del 1946 que apuesta por procurar la salud integral y el bienestar en todas las etapas de la vida actuando sobre todos los determinantes de la Salud, concepto que nos lleva a invertir más que nunca en políticas preventivas y de promoción de la Salud, y en integrar servicios sanitarios y sociales entorno un modelo centrado en la persona y su continuidad de atención. Servicios sanitarios y servicios sociales no pueden competir por el presupuesto, deben crecer juntos y de manera coordinada.
El segundo, un plan para garantizar la sostenibilidad y la solvencia del sistema público de salud ante una situación de recursos escasos: económicos, profesionales y medioambientales. Ello requiere una gestión responsable de expectativas y un ejercicio social de priorización, compartido y equilibrado, sobre el destino de estos recursos escasos: mejorar accesibilidad y reducir listas de espera, mejorar las condiciones de los profesionales y las políticas de fidelización y captación de talento, e invertir en las reformas y las transformaciones necesarias.
Y el tercero, una estrategia clara e integrada de los cambios transformacionales: asistenciales digitales, ecológicas y sociales. Más allá de decir que la primaria es la puerta de entrada del sistema deberíamos trabajar desde ya en la reforma de la reforma de la atención primaria como nivel asistencial no como estructura en sí misma, actuar decididamente para prevenir y atender a la creciente demanda en salud mental y cronicidad integrando los servicios sanitarios y sociales, apostar por los recursos comunitarios y de proximidad con una atención domiciliaria integrada, apostar por la IA, la investigación y la innovación para avanzar hacia una atención más predictiva, preventiva, personalizada, participativa y de proximidad, apostar por la emisión cero de gases de efecto invernadero, actuar proactivamente en la lucha contra las desigualdades y vulnerabilidades sociales desde la proximidad en el entorno comunitario.
Con prórroga presupuestaria este año y el gap crónico entre lo presupuestado y el gasto real de la sanidad catalana, ¿en qué situación financiera están los centros sanitarios concertados con el CatSalut?
En el 2019, antes de la covid-19, ya se observaba el impacto de la subfinanciación en el sector. Con la covid-19 se incorporaron nuevos recursos, algunos se han consolidado y otros no, y vuelve a aparecer el impacto real del problema de financiación.
La subfinanciación en Catalunya, más allá del tema de las balanzas fiscales, es una realidad objetiva si tenemos en cuenta las especificidades del crecimiento de la población en los últimos años, y de factores como el peso relativo de la formación de profesionales y la investigación. Entre 1987 y 2023 se ha pasado de 6 a 8 millones de habitantes y se ha pasado del 1,1% de población extranjera en 1987 a 16,3% en el 2023. Y la esperanza de vida ha pasado de los 77,2 años en el 1987 a los 83,6 años en el 2023.
Todos estos factores no deben interpretarse como una amenaza, sino al contrario, pero generan una presión en la demanda de servicios muy superior. Este no es sólo un problema del Gobierno sino de todos porque la subfinanciación se acaba trasladando a listas de espera, limitaciones a las mejoras de las condiciones laborales y déficits de inversión, entre otros.
Y, ciertamente, también se traslada al sector concertado, fundamentalmente en la aproximación de las tarifas al incremento real de costes y/o en el reconocimiento de la contratación y pago de la actividad real que responde a la demanda que llega a los centros. Y el sector concertado, a diferencia de los centros de gestión directa, debe asumir los gastos financieros asociados a las tensiones de tesorería para atender a los pagos de gasto corriente o a las inversiones.
¿Qué implicaciones puede tener para ellos cerrar el ejercicio en números rojos? Los consorcios, en principio, tienen riesgo de perder la autonomía de gestión.
El modelo sanitario catalán se basa en la contratación de servicios y resultados, no en la financiación de cuentas de explotación, porque si fuera así no habría ningún incentivo a la buena gestión. Por ello es clave un sistema de asignación de recursos y de contratación y pago de servicios riguroso, justo y transparente, incentivador de los objetivos de política sanitaria y de la eficiencia.
Dicho esto, los números rojos pueden tener dos explicaciones: una subfinanciación en el pago de los servicios y/o una gestión mejorable de los recursos. Cuando la mayor parte del sector prevé cerrar con pérdidas es evidente que la causa principal es la subfinancación, y es cuando debemos analizar su origen y exigir las mejoras transversales necesarias, e identificar y valorar la situación específica de los outliers. Ciertamente en el caso de las empresas públicas y consorcios el hecho de consolidar pérdidas anuales las lleva al riesgo de perder la autonomía de gestión.
Por ello es necesario hacer este ejercicio para evitar que esta pérdida de autonomía de gestión se deba a una subfinanciación objetiva y no a una mala gestión. Pero siempre en el marco de un sistema claro, justo y transparente de asignación de recursos en el marco del SISCAT, centros concertados y de gestión directa (ICS).
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