El Gobierno dice seguir apostando por el mantenimiento y consolidación de las mutualidades y no tener previsto un cambio de modelo. Así lo han afirmado a este periódico fuentes del Ministerio de Hacienda apenas unos días después de que una proposición no de ley (PNL) presentada por Podemos en el Congreso de los Diputados pidiendo la eliminación progresiva del modelo Muface sembrase la duda sobre la posición del Ejecutivo socialista en esta cuestión ante la PNL presentada por sus socios de Gobierno.
Fuentes de Hacienda, sin embargo, explican ahora que desde la mutualidad de funcionarios Muface, al igual que desde el resto de mutualidades (la de las fuerzas armadas, Isfas, y la de la judicatura, Mugeju) se sigue trabajando para fortalecer la sanidad como integrantes del Sistema Nacional de salud que son.
Las mismas fuentes insisten en la idea del apoyo gubernamental y mantenimiento del modelo Muface aferrándose al Dictamen de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica del Congreso, la hoja de ruta que se trazó el pasado año para afrontar las consecuencias de la pandemia, en el que en ningún momento se hace referencia a posibles modificaciones del modelo de mutualidades, según recuerdan fuentes de Hacienda.
El respaldo gubernamental al modelo de mutualidades para, como mínimo, la legislatura completa se puede observar según recuerdan estas mismas fuentes de Hacienda en el reciente apoyo del Gobierno a la nueva estrategia organizativa de la mutualidad, el Plan Muface Avanza 2021-2023, que contiene los objetivos prioritarios y la senda de la mutualidad para los próximos años.
Finalmente, fuentes del Gobierno recuerdan también como muestra de apoyo al mantenimiento de la mutualidad que Muface participa activamente en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia con seis proyectos para su transformación digital.
Colapso de la sanidad pública
Hace tan sólo unos días que el temor a que el Ejecutivo socialista apoyase la progresiva eliminación de Muface en línea con la PNL de Podemos despertó una fuerte reacción tanto de la sanidad privada como del colectivo de funcionarios.
El sindicato de empleados públicos CSIF envió una carta a Hacienda pidiendo explicaciones sobre la cuestión y alertó de un posible colapso de la sanidad pública si ésta debía absorber la atención sanitaria prestada hasta ahora por las empresas firmantes del convenio de Muface mientras que la Fundación Idis, que aglutina los intereses sectoriales de la sanidad privada, alertó de cierre de hospitales privados, pérdida de 39.000 empleos, incremento de listas de espera en la sanidad pública y sobrecoste de más de 800 millones de euros para las arcas públicas.
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