Valencia: CESM reclama a Inspección que actúe en la polémica del transporte sanitario urgente

El Sindicato Médico de la Comunidad Valenciana (CESM-CV) ha denunciado ante la Inspección de Trabajo de Valencia las “irregularidades” y el “abuso” realizado por la Administración sanitaria autonómica en relación al transporte sanitario urgente de los profesionales de atención primaria (AP), además de reclamar a la Consejería de Sanidad que “ponga conductores para los vehículos dando instrucciones explícitas en todos los departamentos de salud sobre el uso de los mismos“.

El escrito, firmado por Andrés Cánovas en representación de CESMCV-SAE, señala que la implantación de las nuevas medidas para la realización del transporte sanitario es “abusiva” ya que “van en contra de los derechos reconocidos en la Ley General de Sanidad Ley 14/86, que obliga a Sanidad a poner a disposición de sus facultativos los medios necesarios para el desempeño de sus funciones y promover la salud integral”.

Asimismo, en opinión de la central sindical, suponen una modificación de las condiciones laborales reconocidas, vulnerando los preceptos del Estatuto Básico del Empleado Público, que establece como materias objeto de negociación en su artículo 37 m) las referidas a “calendario laboral, horarios, jornadas, vacaciones, permisos, movilidad funcional y geográfica, así como los criterios generales sobre la planificación estratégica de los recursos humanos en aquellos aspectos que afecten a condiciones de trabajo de los empleados públicos”. 

Además, insisten en el incumplimiento “de manera flagrante” del acuerdo de mesa sectorial de 14 de septiembre de 2018, “que en sus apartados 2 y 4 hacen referencia explícita a la contratación de conductores“. A nivel de la prevención de riesgos laborales, el sindicato denuncia que no tiene constancia de que Sanidad “haya procedido al estudio específico de los riesgos que comporta la conducción de vehículos para la asistencia domiciliaria”, ni tampoco a existencia de instrucciones al personal que no tiene carnet para poder acudir a los domicilios.

Por fases

Según la denuncia, la conclusión es que “las medidas adoptadas unilateralmente por la Consejería de Sanidad no han solucionado el problema del transporte de los profesionales a las visitas domiciliarias, sino que las han agravado porque intenta convertir, de forma fraudulenta, en conductores a los profesionales, con los riesgos y consecuencias que ello supone”. 

Como ya ha informado DM, ante estas reclamaciones de CESM-CV, desde Sanidad se insiste en que el acuerdo no presentaba ningún compromiso para dotar de conductor a todos los vehículos y que, en esta primera fase, los 109 que se facilitarían serían “sin conductor”, quedando un despliegue o los cambios necesarios para una segunda fase tras valorar resultados.

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