En un momento en el que la pandemia está poniendo a prueba la fortaleza del Sistema Nacional de Salud (SNS) y ante la incertidumbre de la situación económica futura, es preciso realizar una reflexión profunda sobre el valor de los procesos asistenciales y de gestión. También sobre los que se han debido introducir, modificar o aplazar con motivo de la crisis del coronavirus. Todo ello, con la finalidad de avanzar en la asignatura pendiente de identificar las prácticas clínicas de poco o nulo valor y promover recomendaciones para evitar su realización
Ya desde hace algunos años se viene trabajando en diversas iniciativas en este sentido, con la implicación de las sociedades científicas para instaurar la cultura del No hacer en los distintos niveles del sistema. No sólo en pro de su eficiencia, sino por valores éticos y para conseguir evitar las posibles repercusiones clínicas negativas de algunos procesos.
Hace unos días, en un encuentro digital, compartía con unos excelentes colegas la necesidad de que el SNS disponga de la evaluación de resultados mediante un organismo independiente que evalúe directamente los procesos asistenciales, las tecnologías y la gestión, o que coordine a las entidades ya existentes de los servicios de salud destinadas a tal fin, y que ya lo hacen de manera excelente, pero de forma compartimentada.
Un órgano que analice en esa evaluación los proyectos ya existentes, como el No Hacer de Castilla La Mancha o el Esencial de Cataluña, y que haga que el Ministerio de Sanidad y el Consejo Interterritorial promuevan su generalización en todos los servicios de salud de las comunidades, en base a los resultados obtenidos por dichos proyectos y otros similares.
Para ello, debemos conseguir que la evaluación se realice desde unos criterios, métricas y estándares comunes, que nos darán cuenta también de la equidad en cuanto a los resultados obtenidos. Una iniciativa de este tipo, independiente de las administraciones y servicios asistenciales a los que analizara, basada en una gobernanza transparente y participativa con responsables y estructuras estrictamente profesionales y técnicas, arrojaría una serie de indicadores que permitirían tomar decisiones sobre las mejores prácticas; incluso posibilitaría ajustar periódicamente la cartera de servicios del catálogo de prestaciones públicas cuando la evidencia lo respalde. Ya no digamos, en un sentido más amplio, sobre las políticas sanitarias asistenciales, en general, y sus resultados. Ese organismo, largamente reclamado, puede realizar su función ex novo o mediante la coordinación y especialización de la red de Agencias de Evaluación existente
Y es que existen estimaciones que apuntan a que las prácticas clínicas que no aportan valor real al paciente, o inducen iatrogenia, consumen entre un 25 y un 33% de sus recursos. Pero, para implementar estrategias reales y realistas de “No hacer”, no sólo es necesaria la evaluación, sino contar con herramientas de formación continuada y de incentivos para que los profesionales sanitarios puedan acometer adecuadamente las acciones acordes con esas estrategias. Sin olvidar, además, protegerles ante los nuevos procederes asistenciales; como ejemplo, la teleasistencia, que, hoy por hoy, puede dejar desamparados a quienes recurran a ella con sus pacientes en caso de presentarse algún problema, al no estar suficientemente regulada y reconocida como “acto médico”.
También es necesario que las políticas de “No hacer” sean transparentes y puestas, no solo en conocimiento de la comunidad profesional, sino también en el de la ciudadanía y los pacientes. Hay ejemplos muy consolidados, con mucha evidencia científica de lo que implica el “No hacer”. En el encuentro al que hacía referencia, se analizaba el caso de la estrategia del PBM (Patient Blood Managment), que busca un uso más eficiente de las reservas de sangre y hemoderivados. Esta aproximación se basa en cinco pilares: la escasez en su suministro; la forma en que sean utilizados, que puede conllevar un mayor coste asistencial; su nivel de seguridad (en España es extraordinaria); cuestiones de calidad y eficacia, y, sobre todo, la evolución clínica de los pacientes, que mejora si se emplea la sangre de forma adecuada.
Y es que está probado que la puesta en práctica de estrategias PBM lleva aparejados una serie de beneficios, principalmente en la reducción de transfusiones, la mortalidad, las estancias hospitalarias, las reintervenciones quirúrgicas, las readmisiones, y las complicaciones. Todo ello con su correspondiente repercusión en costes cuyo aumento consume recursos necesarios en otros ámbitos de la atención. Pese a todo, en general, en España se hace un buen uso del manejo de la sangre y sus hemoderivados, Pero son necesarias políticas a nivel del SNS de ‘No hacer’ para ir más allá de la buena voluntad de los profesionales.
En definitiva, sólo desde una evaluación homogénea, armonizada y estandarizada, el SNS podrá implementar una serie de estrategias que primen el valora de la eficiencia clínica y la social y no solo el volumen asistencial, dando sentido a la a veces tan manida frase de poner al paciente y su salud en el centro del sistema. “No hacer” no es hacer menos, es hacer mejor.
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