Estaba llamada a ser la gran ley que reforzara el sistema sanitario ante la situación de pandemia pero trascendiendo la urgencia del momento concreto y estableciendo medidas como reservas estratégicas de medicamentos o de profesionales para hacer frente a nuevas olas o incluso nuevas pandemias.
Pero finalmente la tramitación por ley del Real Decreto Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, el bautizado como decreto de nueva normalidad, ha salido adelante sin aceptar prácticamente ninguna aportación del resto de partidos políticos, manteniendo casi intacto el texto inicial del decreto ley aprobado por el Gobierno con carácter de urgencia hace ocho meses y convirtiendo la tramitación por ley “en una farsa” y “una tomadura de pelo” según han denunciado partidos de la oposición como el PP o Vox.
El texto aprobado con competencia legislativa plena ese martes en la Comisión de Sanidad del Congreso (que ahora debe pasar al Senado), ha incluido concretamente sólo cuatro enmiendas transaccionales del Grupo Republicano y del Grupo Plural y una enmienda viva del Grupo Republicano, pero ha rechazado al completo el centenar de enmiendas de Ciudadanos, PP y VOX.
El malestar de los partidos de la oposición con esta decisión ha sido evidente de durante el debate del texto. La ex ministra de Sanidad y portavoz del PP, Ana Pastor, ha recordado las palabras del ex ministro Salvador Illa durante el debate para la convalidación del decreto de nueva normalidad en junio, que consiguió el apoyo gracias a la decisión de su tramitación posterior como ley para poder incluir medidas del resto de partidos: “Quiero trasladarles que el Gobierno valora positivamente la posibilidad de que las medidas que contiene este RDL se amplíen con las aportaciones de todos los grupos parlamentarios en el caso de que la Cámara se pronunciara a favor de su tramitación como proyecto de ley. Si fuera así nuestro deseo sería que se hiciera de la forma más ágil y urgente posible para tener cuanto antes un marco para hacer frente a los posibles brotes”.
La portavoz de Sanidad del Grupo Popular, Elvira Velasco, ha denunciado que, sin embartgo, “en la tramitación de este proyecto de ley hemos visto cómo la palabra de Illa no valía nada, se nos ha faltado a la verdad, no se ha incorporado ninguna enmienda del PP y en la ponencia sólo una de PSOE y Podemos. Desde el PP habíamos presentado 45 grandes enmiendas”. Esas enmiendas que han sido rechazadas incluían según ha detallado la ex ministra Pastor, entre otras medidas, una reserva estratégica de medicamentos, la creación de un pool de profesionales para hacer frente a las necesidades de la pandemia “e incluso el ofrecimiento de un pacto de Estado por la Sanidad”.
Pastor ha denunciado además la falta de diligencia en la tramitación por ley del decreto de nueva normalidad: “hemos visto cómo han actuado con todas las propuestas que hemos presentado y cómo no han actuado tampoco con la urgencia y la rapidez prometida: han pasado ocho meses y en estos ocho meses se han contagiado 2.838.800 personas y han fallecido 37.116 personas como consecuencia de la covid”, sin que se hubiesen adoptado las medidas que aspiraba a incluir esta ley de nueva normalidad para fortalecer el SNS.
Según Velasco, el decreto de nueva normalidad ha perdido también la ocasión de haber incluido la Agencia de Salud Pública y de fijar con carácter obligatorio el uso de mascarillas detallando el tipo de mascarillas “una cuestión trascendental y más con las nuevas variantes”, así como el establecimiento de protocolos de test a docentes o la creación de un apoyo psicológico para los profesionales sanitarios, entre otras medidas para hacer frente a las consecuencias derivadas de la pandemia.
Entre las medidas contempladas en el texto, que procede del citado decreto ley de nueva normalidad aprobado en junto, se mantiene en concreto la obligación para las personas, a partir de los seis años, de usar mascarilla en la vía pública, en espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público, siempre que no resulte posible garantizar el mantenimiento de una distancia de seguridad interpersonal de, al menos, 1,5 metros.
Respecto a los profesionales, el decreto establece, según detalla el propio Congreso que “las administraciones competentes velarán por garantizar la suficiente disponibilidad de profesionales sanitarios con capacidad de reorganización de los mismos de acuerdo con las prioridades en cada momento”, pero no establece una reserva estratégica de profesionales como pedía la oposición.
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