La llegada de la tercera vacuna, la de AstraZeneca, abre nuevas puertas a la esperanza en la lucha contra esta terrible pandemia, al constituir la vacunación la única alternativa para superarla. Contamos ya con tres vacunas autorizadas, Pfizer-BioNTech, Moderna y AstraZeneca, lo que incrementará el número de dosis y también la posibilidad de verificar cómo van actuando todas ellas en cuanto a su eficacia real y eficiencia.
Sin embargo, con esta tercera vacuna se abren también nuevos retos éticos y científicos para la Estrategia de la vacunación frente a la covid-19. Ya no se trata de decidir a qué grupos de la población debemos priorizar en estos primeros momentos en los que la disponibilidad de dosis es aún escasa, sino también determinar qué vacuna se administra a cada uno de los grupos. Y ello, teniendo en cuenta que si bien las características de la vacuna de Pfizer y Moderna son muy similares (ARN mensajero), la de AstraZeneca (adenovirus de chimpancé) es bien distinta, aunque su autorización por las Agencias Europea y Española del Medicamento ha sido tan rigurosa como la de aquéllas.
La vacuna de AstraZeneca no ha sido probada de manera suficiente en población mayor de 55 años, de manera que, si bien sus niveles esperados de seguridad en dicho tramo de edad son como el de las anteriores, su eficacia carece aún de suficiente evidencia. Al no poderse dar dicha vacuna al grupo de población priorizado en la primera y segunda fase, como son los mayores (internos o no en residencias) y sus cuidadores, por no tener acreditada respecto de ellos la eficacia inmunitaria frente al virus, la Estrategia debe, razonablemente, como Estrategia viva que es, adaptarse a cada contexto y orientarse hacia otros grupos, como pudieran ser (ya se está anunciando así) el de los trabajadores esenciales, distintos del personal sanitario y sociosanitario de primera línea.
"En la situación actual las prisas son comprensibles y casi indispensables pero también, como diría nuestro refranero, malas consejeras"
Por cierto, el concepto de trabajadores esenciales, pese a la riqueza de los trabajos y profesiones que pueden integrarse en el mismo, tiene fácil interpretación en la medida que existe suficiente regulación jurídica y doctrina jurisprudencial sobre los servicios esenciales en el ámbito del ejercicio del derecho de huelga y en el de la protección civil.
Pero, entonces, ¿qué hacemos con los trabajadores esenciales mayores de 55 años? ¿Vacunamos solo a los menores de 55 pero no a las mayores? ¿Es ético aplicarles la vacuna a ellos cuando no existe evidencia sobre su eficacia, pero sí sobre su seguridad? Desde la perspectiva de los principios éticos, podría sostenerse que, si el problema se sitúa fundamentalmente en clave de eficacia, la decisión de vacunar no sería un acto maleficiente porque está acreditada su seguridad. En todo caso, la vacunación debería ir precedida de una información suficientemente detallada sobre las dudas acerca de su eficacia y sobre la conveniencia de adoptar medidas comunes de prevención, como se viene recomendando a todos los vacunados, con independencia del grupo, edad o vacuna.
Tampoco iría dicha vacunación en contra del principio de beneficencia, pues su administración se haría sobre la base de un beneficio para su salud, no cierto, pero sí hipotético. No se les vacunaría como meros sujetos de un ensayo para probar la eficacia, sino con una vacuna que, al menos, ha probado su eficacia en los menores de 55 años.
A la vista de todo ello, pues, la pregunta que cabría hacerse es por qué no se vacuna con AstraZeneca a los mayores de 55 años cuando, en principio, ningún daño se les ocasiona y cuando, si la vacuna no muestra eficacia posteriormente en su tramo de edad, puede que ya dispongamos de suficientes vacunas de ARN mensajero o, incluso, de otro tipo que en breve seguramente nos llegará. Y aquí parece radicar, precisamente, el problema ético. Porque, al igual que no tenemos en la actualidad evidencia sobre su eficacia, tampoco la tenemos sobre la factibilidad de poder revacunar con una vacuna de otro tipo. Es decir, nos falta aún evidencia tanto sobre la eficacia de la vacuna de AstraZeneca en mayores de 55 años, como sobre la posibilidad de volver a vacunarles con una segunda modalidad de vacuna, si aquélla se muestra ineficaz. Y en este contexto, no muy probable, quizás, pero tampoco descartado en el estado actual de la ciencia, sí que la decisión que parecía mostrarse inicialmente como no maleficiente, lo sería por dejarles sin posibilidad posterior de inmunidad.
"En nuestro ordenamiento jurídico y en el de la Unión Europea rige el principio de precaución cuando existe incertidumbre sobre riesgos para la salud de las personas"
En definitiva, puede parecer que la decisión que ha tomado España, como muchos otros países de nuestro entorno, sea demasiado precavida, pero es que en nuestro ordenamiento jurídico y en el de la Unión Europea rige el principio de precaución cuando existe incertidumbre sobre riesgos para la salud de las personas. Y en el contexto presente procede adoptar la decisión más precavida que, por lo que hemos explicado, consiste en no vacunar a los trabajadores esenciales mayores de 55 años con la única vacuna disponible para ellos en estos momentos. Faltar a esta cautela no solo pondría en riesgo la Estrategia de vacunación, que ya parece haber superado los retos de la confianza y la solidaridad, sino la vida y salud de muchas personas.
A final, el lema que debe presidir nuestras decisiones en contextos de incertidumbre, quizás sea el de "vacúname con precaución que tengo prisa". En la situación actual las prisas son comprensibles y casi indispensables pero también, como diría nuestro refranero, malas consejeras.
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