El Ministerio de Sanidad tiene la respuesta colgada en su web. Y dice: "el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, en el que están representadas las Comunidades Autónomas y el Ministerio de Sanidad, decidió en septiembre de 2020 que se realizaría una única estrategia de vacunación en España y que se formaría un Grupo de Trabajo Técnico multidisciplinar dependiente de la Ponencia de Programa y Registro de Vacunaciones del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para elaborar la Estrategia de vacunación frente al covid-19".
Sin embargo, este lunes la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunció su deseo de cambiar la estrategia de vacunación para incluir como "grupo prioritario" al personal "altamente expuesto al público en el día a día". Díaz Ayuso se refirió, en concreto, a los camareros. Al lanzar esa posibilidad, que la presidenta de Madrid aclaró que plantearía cuando llegaran vacunas de manera "masiva", adelantó -puede que sin pretenderlo- las siguientes preguntas: ¿Los grupos prioritarios que establece la Estrategia de vacunación son obligatorios para todas las comunidades autónomas? ¿Podría una autonomía establecer otros grupos prioritarios?
El presidente de la Sociedad Española de Vacunología, Amós García Rojas, no elude responder: "Las competencias en materia de salud pública están en el contexto de las comunidades autónomas. La compra de vacunas se ha hecho en función de una compra común centralizada por la Unión Europea, que le ha dado a nuestro país las dosis correspondientes y que han sido repartidas a las comunidades autónomas. Además, hay un documento que es el Plan Nacional de Vacunación, en el que han participado los órganos técnicos de todas las comunidades autónomas, y que ha sido refrendado por la Comisión de Salud Pública y por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Pues bien, teniendo en cuenta todo esto, no parece lógico ni razonable ni sensato que alguna autonomía se escape de lo ya aprobado por parte de todos".
"No parece lógico, ni razonable ni sensato que alguna autonomía se escape de lo ya aprobado por parte de todos", dice Amós García
La lógica y la ética indican que debe respetarse la Estrategia común de vacunación. "Ahora mismo, las comunidades autónomas no pueden establecer sus propios criterios de priorización, al menos en estas etapas iniciales del plan, caracterizadas por la escasez de las vacunas", apunta Josefa Cantero, presidenta de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (Sespas).
Cantero reitera que "en la etapa en la que estamos, solo corresponde la vacunación a los grupos altamente prioritarios, los que tienen mayor riesgo de contagiarse o de tener un pronóstico fatal. Estos colectivos, además, aparecen definidos con gran precisión en la Estrategia, por lo que no existe posibilidad alguna de alteración. Se trata de criterios que están muy bien pensados y que responde a los principios éticos de equidad, necesidad y al principio de beneficio social y reciprocidad. Estos principios aconsejan la priorización dentro de cada uno de los grupos a las personas que más se exponen al riesgo de enfermar y aquellas que más se hospitalizan y fallecen".
Por ejemplo, como los camareros
Pero ¿qué pasaría si algún gobierno autonómico introdujera otros grupos entre los prioritarios? La presidenta de Sespas responde: "No sería ni ética, ni política ni jurídicamente admisible. Probablemente tampoco lo sería desde un estricto punto de vista científico. Pensemos, por ejemplo, en la posibilidad de que dichos criterios se alteraran para vacunar a otros colectivos sociales, como el colectivo de los camareros, con la intención de facilitar la apertura de los bares y su normalización. Aunque es entendible las ganas que tenemos todos de volver a la normalidad, habría que ser muy cautelosos. Parecen partir de la idea errónea de que son los camareros los que contagian a los clientes y la evidencia parece decir que no es así. Se contagia la gente que se sienta largo rato en los bares, junto con otras personas y relajan las medidas de prevención, de distanciamiento y de uso de la mascarilla".
"Parecen partir de la idea errónea de que son los camareros los que contagian a los clientes y la evidencia parece decir que no es así", dice Josefa Cantero
Es evidente que la pandemia de la covid19 está suponiendo un reto para el mundo científico. Todavía hoy, mientras se avanza en la inmunización, se desconoce si las vacunas aprobadas en Europa, además de evitar que la persona enferme, cortan la transmisión del virus, porque evita que se contagie.
Pero, ¿obliga o no?
Pues bien, de la mano de estos retos científicos van los planteados en el mundo del Derecho y la Bioética, disciplinas que se están viendo constantemente interpeladas por las decisiones que se deben adoptar para controlar el virus o como consecuencia de él. En este contexto, tiene sentido volver a formular la pregunta anterior de manera más ajustada al mundo de las leyes, ¿la Estrategia de vacunación de Sanidad es de obligado cumplimiento para las comunidades autónomas?
"Sólo en los aspectos que no estén determinados conjuntamente, las comunidades autónomas tomarán medidas diferentes", dice Lorenzo Cotino
Lorenzo Cotino, catedrático de Derecho Constitucional, responde: "Como ya se ha puesto de manifiesto, hay dudas sobre la obligatoriedad jurídica de las decisiones del Consejo Interterritorial, pero se va asumiendo que sus decisiones pasan a ser obligatorias para las comunidades autónomas. No pueden ser directamente obligatorias para los ciudadanos. Las decisiones del Consejo Interterritorial las aplican las comunidades autónomas, que son las que tienen competencias. Sobre esta base, como se indica en el documento de la Estrategia, las autonomías aplicarán las medidas. Sólo en los aspectos que no estén determinados conjuntamente tomarán medidas diferentes, pero estos aspectos pueden ser importantes en relación a la eficacia, lugares de vacunación, estrategias de personal, etc."
¿Qué dice el Derecho Sanitario?
Desde una perspectiva más autonómica de la situación, la obligatoriedad jurídica de esta Estrategia es más que dudosa.Con prudencia se manifiesta Vicente Lomas, jefe de los Servicios Jurídicos del Sescam (Servicio de Salud de Castilla-La Mancha), quien analiza desde la más estricta legalidad el marco de la Estrategia: "Habría que partir de una premisa inicial, que es la aplicación de las medidas de salud pública con sujeción al principio de igualdad en el conjunto del territorio nacional, como así contempla la Ley General de Salud Pública. Precisamente para garantizar que eso sea así la mencionada ley le atribuye al Consejo Interterritorial el establecimiento de mecanismos de coordinación en caso de pandemias u otras crisis sanitarias y, en especial, como dice la ley, para el desarrollo de acciones preventivas y de vacunación".
Es decir, no hay dudas legales sobre la competencia del Consejo Interterritorial en esta materia y, por tanto, según indica el experto "la aprobación de la Estrategia de Vacunación contra el Covid19 en España formaría parte de esos mecanismos de coordinación". Pero, advierte que esta Estrategia "no parece que esté respaldada por ninguna disposición normativa o por ningún acuerdo del Consejo Interterritorial en su condición de conferencia sectorial. Debe tenerse en cuenta que la Estrategia apela al mandato del consejo interterritorial, que está fechado el 2 de septiembre, pero no me consta que ese mandato se haya formalizado y, a su vez, el acuerdo del Consejo Interterritorial por el que se aprueba la declaración de actuaciones coordinadas de 30 de septiembre, no dice nada sobre la Estrategia de vacunación".
"En definitiva, -y, desde un análisis estrictamente jurídico- lo que hay son medidas técnicas y recomendaciones en el marco de una estrategia vaga y genérica que no me consta se sustente en una decisión del Consejo Interterritorial formalizada en un Acuerdo para poder tener eficacia vinculante. La cuestión es que si alguien se vacuna conforme al plan elaborado por una comunidad autónoma, que no encaja con el del Ministerio no se le podría reprochar nada. Otra cosa es que eso no esa lo deseable. Lo deseable sería disponer de un marco unitario de actuación con respaldo jurídico potente que garantice la aplicación de los mismos criterios en todo el país. Y eso no parece que, hoy por hoy, sea compatible con el nuevo modelo de gobernanza sanitaria".
"Lo que hay son medidas técnicas y recomendaciones en el marco de una estrategia vaga y genérica", apunta Vicente Lomas
Desde la comunidad de Cantabria, Joaquín Cayón de las Cuevas, director del grupo de investigación en Derecho Sanitario del IDIVAL/Universidad de Cantabria, da su opinión: "Creo que, tal y como están las cosas hoy, la Estrategia de vacunación del Ministerio de Sanidad no es vinculante. Pertenece a lo que se llama el softlaw (derecho suave). Es así porque emana directamente de un grupo de trabajo del Ministerio de Sanidad, no está publicada en el Boletín Oficial de Estado, etcétera. Por tanto, las comunidades autónomas podrían establecer una estrategia propia, salvo que el Ministerio de Sanidad hubiera tratado de revestir esta Estrategia del carácter de declaración de actuaciones coordinadas, previsto en la Ley de Cohesión y Calidad o bien, en su caso, hubiera promovido los mecanismos para articular esta estrategia como norma básica y, por tanto, de obligado cumplimiento sin perjuicio del posterior desarrollo autonómico, por las comunidades autónomas.
"Tal y como están las cosas hoy, la Estrategia de vacunación del Ministerio de Sanidad no es vinculante", dice Joaquín Cayón
Cayón de las Cuevas sintetiza: "La estrategia, desde una perspectiva estrictamente jurídica, no es un mecanismo vinculante para las comunidades autónomas, lo cual permite entender que podría haber criterios propios. Para que fuera de otra manera, se debería acudir a la Ley de Cohesión y Calidad o la propia legislación básica, en el Real Decreto 21/20".
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