"Los médicos en Instituciones Penitenciarias son una especie extinguir. La atención sanitaria en las cárceles va a quedar en manos de los enfermeros". Hace más de cuatro años que el entonces subdirector general de sanidad penitenciaria, José Manuel Arroyo Cobo, ya retirado, hizo estas afirmaciones en una reunión con subdirectores médicos de prisiones de toda España. Daniela estaba entre los facultativos asistentes. Esta declaración de intenciones se le ha quedado grabada en la cabeza. "A los médicos de prisiones nos están dejando morir por inanición", afirma la facultativa penitenciaria, que atiende al nombre falso de Daniela, para mantener a salvo su identidad, por temor a represalias.
"A los médicos de prisiones nos están dejando morir por inanición"
Los datos sobre la evolución del número de médicos de prisiones confirman esa tendencia a hacerlos desaparecer. Pedro Antonio Martínez, secretario general del sindicato CESM prisiones, tiene la información. Las plazas totales para médicos de instituciones penitenciarias son cerca de 500 y en la actualidad hay unos 240 profesionales en activo. En los últimos diez años se han perdido más de 130 puestos de estos funcionarios. Más de la mitad de estas bajas se han producido por excedencia voluntaria o cambio de servicio dentro de la Administración. Las prisiones no son un destino codiciado por los recién graduados de Medicina.
La petición fundamental de estos médicos es que el Gobierno cumpla con lo que establece la Disposición Adicional de la Ley 16/2003, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, que daba un plazo de 18 meses para transferir a los servicios de salud autonómicos las competencias de sanidad penitenciaria, dependientes del Ministerio de Interior.
El mandato legal lleva un retraso de 16 años en la mayor parte del territorio nacional. Solo se ha cumplido en el País Vasco, donde desde 2011 los sanitarios de prisiones dependen de Osakidetza, y en Cataluña, que en octubre de 2014 pasaron a depender del Instituto Catalán de la Salud.
Un mal endémico
Mientras tanto, las plazas que se convocan en las oposiciones a estos puestos de funcionarios no se cubren. En la última, con fecha de 29 de octubre de 2020, se han ofertado 40 plazas para 7 personas, una relación inimaginable en cualquier otro concurso público. En este periodo y ante la situación de pandemia el Ministerio de Interior también ha abierto dos convocatorias más para personal interino, con unas cuarenta plazas cada una. En estas convocatorias, la Administración del Estado han rebajado la exigencia para los candidatos. "No necesita tener el MIR y, además, pueden elegir centro, porque la convocatoria se hace en cada autonomía, según las necesidades", apunta el responsable de CESM prisiones, quien recuerda que su sindicato ha recurrido a los tribunales estas ofertas de empleo para interinos.
"Es "tristemente habitual" que las decisiones de derivar a internos al hospital sean cuestionadas por funcionarios sin ningún conocimiento sanitario"
En todo caso, hay una falta evidente de atractivo de las plazas de médicos de prisiones, que se resumen en dos factores claves. Por un lado, la diferencia retributiva entre un médico de Atención Primaria de un servicio sanitario autonómico y un facultativo de prisiones es de 20.000 euros netos al año (sin guardias) de media a favor del primero, según apunta Martínez. Pero, además, como se queja Daniela, "al no depender de una dirección sanitaria no hay sensibilidad ni conocimiento sobre estas cuestiones que, al final, todo el mundo termina cuestionando". La médico advierte que es "tristemente habitual" que las decisiones de derivar a internos al hospital sean cuestionadas por funcionarios sin ningún conocimiento sanitario.
Pues bien, con este marco que viene acompañando a los médicos sanitarios en el ejercicio de su profesión, llegó la pandemia. El primer efecto del SARS-CoV-2 en las prisiones fue acentuar la sensación de soledad y abandono en la que viven estos facultativos.
La primera ola del virus respetó estas instituciones que tomaron una decisión rápida -anterior a la declaración del primer Estado de Alarma- de cerrar las visitas a los internos. Así mostraron una situación al margen de los contagios y fallecidos, que se producía fuera de las rejas. La segunda ola también pasó de manera discreta por estos centros, pero la tercera no ha hecho excepciones y también ha visitado las prisiones.
En lo que llevamos de año, hasta el 4 de febrero, ha habido 707 casos positivos entre los internos, de los que uno ha fallecido y 11 han requerido ingreso hospitalario. En el caso de los trabajadores de prisiones, desde el comienzo de la pandemia se han tenido que lamentar cinco muertes y 1.564 positivos. Los datos entre la población reclusa en toda la pandemia, teniendo en cuenta que suman alrededor de 48.000 personas, es de 4 fallecidos y 1.522 positivos.
Una tercera ola blindados
En estos momentos, prácticamente todas las prisiones están cerradas a cualquier contacto exterior. La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias envió un comunicado el 2 de febrero a todos los centros para que establecieran un "blindaje exterior de 15 días". La dirección de cada cárcel tiene la última palabra en estas cuestiones y a excepción de El Dueso (Cantabria) y Zaballa (Álava), donde se permiten las comunicaciones orales entre los presos y el exterior, y Martutene (San Sebastián), que también tiene abiertas las comunicaciones orales, íntimas y familiares, los 68 centros penitenciarios restantes están cerrados a cal y canto.
"Hay un cierre decretado por 15 días de 68 prisiones, de 71 centros penitenciarios"
La situación en estos momentos es delicada, advierten desde CESM prisiones. La peor parte en estos momentos está en los centros de Valencia. En la prisión de Picassent, la más grande de Europa, con 1.329 celdas y cerca de 2.500 recluso, han reportado cerca de 200 casos activos.
"Picassent tiene asignadas 21 puestos de médicos, pero la realidad es que solo hay cinco médicos trabajando", explica Martínez. La situación de la prisión de Teruel, con un 70% de contagios entre los internos, también es delicada. En Villena (Alicante), Sevilla o Estremera (Madrid), las cifras de contagios también son preocupantes.
Mascarillas, protocolos y vacunas entre los sanitarios
En este largo año de pandemia, los profesionales sanitarios en las prisiones también han tenido que reclamar el material de protección porque fue un "sálvese quien pueda". Pero, además, han tenido que elaborar sus propios protocolos de actuación para evitar que el coronavirus entrara en las prisiones y que se "convirtieran en unas segundas residencias", como han destacado desde la dirección de la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria (SESP).
Recuerda Martínez el trabajo conjunto de CESM con la SESP, en la definición de esas guías de actuación. "Ante la inacción del Ministerio de Interior, por un lado, que nos dejó a nuestra suerte en esta cuestión y los servicios sanitarios de las comunidades autónomas, que tampoco nos dieron respaldo, tuvimos que actuar", comenta Daniela.
"Los sanitarios de los centros de Aragón, Baleares, Navarra, Galicia, un centro en Castilla-La Mancha y otro en Castilla y León estarían pendientes de recibir las primeras vacunas contra la covid19"
Pero todo eso es ya el pasado, ahora estamos de lleno en el periodo de vacunación contra la covid-19. Los profesionales de sanidad penitenciaria, tanto médicos como enfermeros como auxiliares, han podido ver cómo, en la última semana, se han acelerado sus citas para recibir el primer pinchazo. Según datos de CESM, solo los centros de Aragón, Baleares, Navarra, Galicia y un centro de Castilla-La Mancha y otro en Castilla y León estarían pendiente de esa primera inmunización. El resto, al margen de La Rioja y Canarias, de las que no hay datos disponibles, estarían vacunados con la primera dosis todos y algunos, pocos, con la segunda.
Las vacunas de ARN mensajero, por ahora
La vacuna que están recibiendo estos profesionales son las de ARN mensajero, es decir, el fármaco de Pfizer-BioNTech o Moderna. A pesar de que es la vacuna de AstraZeneca la que, en principio, estaría indicada como prioritaria para los funcionarios de instituciones penitenciarias, como profesionales esenciales, y siempre que tengan menos de 55 años, de manera general. Los sanitarios que no figuran en el grupo 2 y 3 de la Estrategia, es decir, que no son de primera línea, básicamente, también deberían ponerse el fármaco de AstraZeneca.
La pandemia de SARS-CoV-2 pasará, tarde o temprano, y todo parece indicar que los médicos de prisiones saldrán más mermados en número todavía. ¿Qué impide cumplir la ley? Es decir, que los profesionales de sanidad penitenciaria pasen a depender de los servicios sanitarios de las comunidades autónomas y no del Ministerio del Interior.
Razones para permanecer en el limbo
La deuda millonaria de atención sanitaria a presos que el Ministerio de Interior tiene con las autonomías y el gasto añadido que para las comunidades supondría el coste del personal sanitario se ofrecen como las respuestas más lógicas a la pregunta. Sin embargo, desde CESM restan valor a ese argumento apuntando que esa deuda histórica -que ha sido motivo de varias sentencias del Tribunal Supremo- deberá pagarla el Ministerio de Interior sin transferencias o con ella y, por otro lado, el número de sanitarios que pasarían a depender de las autonomías es ridículo para un presupuesto sanitario autonómico. "Estamos hablando de un total, a repartir entre comunidades, de poco más de mil personas", apunta Martínez.
Entonces... "Es una cuestión de voluntad política. En un principio, el Ministerio de Interior no hizo nada para que se produjera ese traspaso y ahora son las autonomías las que no encuentran ningún interés en asumir la sanidad penitenciaria. Por eso, en la negociación debe existir una oferta interesante, por parte del Estado, para que se haga ese traspaso", apunta el responsable de CESM.
El ejemplo más cercado de cómo las negociaciones para que se produzcan esas trasferencias están enquistadas lo representa el caso de la Comunidad de Navarra. El Gobierno de España ha dado muchas muestras de su disposición a que la comunidad foral se lleve, junto con las competencias en sanidad penitencia, las de Tráfico, una partida más atractiva y que sí le reportaría ingresos. Ese traspaso lleva siendo "inminente" los últimos dos años. Una transferencia inmediata congelada en el tiempo.
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