La estrategia de vacunación frente a la covid-19 en España ha registrado ya varias revisiones, con documentos fechados el 23 de noviembre, 2 de diciembre, 18 de diciembre, 21 de enero y 9 de febrero, lo cual se entiende tratándose de una operación tan descomunal y compleja y con tantos flancos abiertos (progresiva aprobación de diferentes vacunas y sus respectivas indicaciones, producción masiva y distribución a muchos países al mismo tiempo). Hasta ahí, bien. Pero, si hay una estrategia nacional, en cuyo redactado participan expertos de varias comunidades autónomas, asociaciones de profesionales y sociedades científicas y el Comité de Bioética de España, y si sus modificaciones se aprueban en el Consejo Interterritorial, ¿por qué no se sigue de manera más rigurosa y homogénea en toda España?
En este preciso momento cada comunidad autónoma parece ir a su aire, lo que resta valor a esa estrategia nacional y dificulta seguir al detalle y valorar su evolución y, lo que es más importante, sus efectos sobre lo que realmente se persigue: reducir los casos de covid-19 y la gravedad de los que se dan.
La primera etapa de esa estrategia establece residentes y personal en centros de mayores y de atención a grandes dependientes, personal sanitario y sociosanitario de primera línea, otro personal sanitario y sociosanitario y grandes dependientes no institucionalizados. La segunda incluye personas mayores de 80 años; otro personal sanitario y sociosanitario menor de 55 años, y trabajadores con una función esencial para la sociedad menores de 55 años.
En la tercera etapa entrarán el resto de grupos prioritarios, aunque está pendiente de anunciar.
Las dos primeras etapas están en curso al mismo tiempo, si se tiene en cuenta lo que está sucediendo en las comunidades autónomas, cuando lo racional hubiese sido que primero se vacunara el 100% de los colectivos previstos en la primera etapa y luego, los incluidos en la segunda.
Quizá el problema de fondo de esta casa de tócame Roque en la que se ha convenido la aplicación territorial del plan nacional de vacunación contra la covid-19 es que es sólo eso: un plan o estrategia, sin rango legal de ningún tipo. Es decir, que cada gobierno autonómico puede actuar como mejor considere. Esa laguna jurídica, limbo jurídico o vacío legal tiene al menos un problema: la falta de rigor en el orden de vacunación preestablecido da pie a que las personas con mayor riesgo reconocido queden relegadas y a que los listillos (políticos, gestores sanitarios, miembros de fuerzas de seguridad, religiosos,…) se salten olímpicamente la cola para vacunarse antes de lo que les tocaría. Esta situación de vacío en la ley dificultará a jueces, abogados, fiscales y demás el trabajo de establecer responsabilidades en caso de denuncias por incumplimiento flagrante de la estrategia nacional.
El director de la Oficina Antifraude de Cataluña, Miguel Ángel Gimeno, ha recordado que en una situación como la actual, donde las vacunas contra el SARS-CoV-2 son un bien escaso, que ha sido adquirido con dinero público y que administran servidores públicos, es más necesario que nunca que haya un control institucional estricto de su administración. Y también ha instado, entre otras varias medidas en el mismo sentido, a que se delimite la responsabilidad de los diferentes actores que participan en la toma de decisiones respecto a la vacunación.
Todo eso, el Gobierno de Pedro Sánchez lo podría haber previsto con antelación -el primer documento de la estrategia nacional está fechado en noviembre-. Y no es lo único: ¿Por qué no figuraron de entrada los pacientes crónicos (cáncer, enfermedad cardiovascular, diabetes…) en el grupo prioritario de vacunación? ¿Por qué no se ha previsto ya un plan de vacunación masivo y rápido para aplicarlo en cuanto finalice la inmunización de los grupos con mayor riesgo y haya suficientes dosis de las vacunas aprobadas? ¿Por qué no se han seleccionado ya espacios y personal ajenos a los sanitarios para poder acelerar al máximo el proceso de inmunización poblacional?
A este paso, y con estos mimbres, va a ser prácticamente imposible alcanzar ese macroobjetivo del Gobierno de lograr un 70% de los ciudadanos (30 millones de personas) inmunizados contra la covid-19 antes del verano. Parece evidente que nos jugamos demasiado como para dejar tantos detalles al azar.
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