La Sindicatura de Cuentas de Cataluña ha hecho público hoy el resumen de su informe relativo al Consorcio de Salud y Social de Cataluña (CSC), una de las tres asociaciones-patronales del sector sanitario de esta comunidad autónoma, en el que
El trabajo de fiscalización, sobre el ejercicio 2017, ha incluido la revisión limitada de los ingresos y las gastos del CSC y de las entidades del grupo; de las transacciones entre las entidades del grupo y del cumplimiento de la legalidad en los ámbitos de la contratación y del personal.
Recuerda la sindicatura que, de acuerdo con sus Estatutos, el CSC es una entidad local pública, de carácter asociativo, constituida en 1984 con el nombre de Consorcio Hospitalario de Cataluña (CHC). El año 2017 estaba integrado por noventa y cinco entidades asociadas : 25 entidades sin afán de lucro, 22 empresas públicas , consorcios y otras entidades del sector público de la Generalidad de Cataluña, 24 ayuntamientos , dos diputaciones y 22 entidades del sector público local.
Las funciones del CSC, de acuerdo con los sus Estatutos, son favorecer la coordinación de los ayuntamientos y centros proveedores de salud y mejorar la prestación de los servicios de salud y de atención sociosanitaria de sus asociados.
“El artículo 3 de los Estatutos del CSC define el Consorcio como una entidad local pública. Sin embargo, a la Sindicatura no le consta que en los sus Estatutos se haya determinado la adscripción a una Administración pública determinada, la cual cosa habría tenido de hacer, como muy tarde, el 31 de diciembre de 2014, de acuerdo con la disposición transitoria sexta de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración local. Atendiendo a los criterios generales para la adscripción de los consorcios, actualmente recogidos en el artículo 120.2 de la Ley 40/2015, del 1 de octubre , de régimen jurídico del sector público, y, en concreto, atendiendo a la financiación en una medida más grande de la Administración de la Generalitat, mediante diversas entidades del su sector público, y también al número de habitantes y la extensión territorial, la Sindicatura considera que el CSC es una entidad que, de acuerdo con este parámetros, debería estar adscrita a la Administración de la Generalitat y, por tanto, formar parte del su sector público”, reza la nota.
Entre otras irregularidades, la Sindicatura también cuestiona la actividad internacional del CSC concluyendo que “dado el carácter público del capital de la sociedad, la Sindicatura pone en duda el interés general para la creación de estas filiales en otros países que, posteriormente, comportan, en general, una pérdida importante del valor de las inversiones realizadas en el inicio”.
En cuanto al análisis de la contratación dice que “se ha puesto de manifiesto un exceso de la gasto realizado respecto al gasto contratado de, como a mínimo, 954.546 €, que representa el 159% del gasto contratado el ejercicio 2017”.
Agrupa a centros públicos y privados...
La comisión permanente del Gobierno del CSC está presidido por Manel Ferré y son vocales: Jaume Benavent, del Consorci d'Atenció Primària de Salut Barcelona Esquerre; Candela Calle, del Instituto Catalán de Oncología; Carles Constante, del Consorci Sanitari Integral; Gemma Craywinckel, de la Fundació de Gestión Sanitaria Hospital de la Santa Creu y Sant Pau de Barcelona; Ramon Cunillera, del Consorcio Sanitario del Maresme; Manel del Castillo, del Hospital Materno-Infantil de Sant Joan de Déu; Lluís Franch, de la Corporación de Salut del Maresme y la Selva; Alfredo García, del Consorcio Sanitario de Terrassa; Ferran García, del Consorcio Sanitario de l'Anoia; José Augusto García Navarro, director general del CSC; Rafael Lledó, de la Fundación Hospital Asilo de Granollers; Joan Martí, del Consorcio Corporación Sanitaria Parc Taulí de Sabadell; Martí Masferrer, de la Fundación Salud Empordà; Pilar Otermín, de Badalona Servicios Asistenciales; Josep Maria Padrosa, de la Fundació Hospital d'Olot y Comarcal de la Garrotxa; Olga Pané, del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona; Xavier Pérez, de los Servicios de Salud del Baix Empordà; Jordi Roca, de la Fundación Privada Hospital de la Santa Creu de Vic; Manel Valls, de Sant Andreu Salud de Manresa y Coordinador de la Comissió de Gestió Social, y, como secretario, Joaquim Monllau, del CSC.
...y a Administraciones públicas
Y del Consejo Rector forman parte, además de Ferré como presidente: Josep Ma. Corominas, de la Fundació Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa; Lluïsa, del Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat; Davide Malmusi, del Ayuntamiento de Barcelona; Joaquim Monllau, del CSC; Enric Llorca, Ayuntamiento de Sant Andreu de la Barca; Josep Monràs, del Ayuntamiento de Mollet del Vallés; Albert Piñeira, de la Fundació Hospital de Puigcerdà; Maria Puig, de la Diputación de Girona; Pere Regull, del Ayuntamiento de Vilafranca del Penedès; Mònica Ripoll, de GESAT - Ayuntamiento de Tortosa, y Sònia Sada, del Ayuntamiento de Sabadell.
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