Galicia y Canarias han sido las comunidades autónomas pioneras en buscar en el certificado covid una medida de control para la restauración y el ocio nocturno en esta quinta ola de la pandemia. Priorizar a las personas vacunadas o con un test negativo parecía una buena idea para controlar la expansión del virus, sobre todo, en espacios cerrados y concurridos.
En la práctica supone que este instrumento, que ha nacido amparado por la Unión Europea para controlar el desplazamiento de ciudadanos entre países, se aproveche también para limitar el riesgo de contagio en el ocio. Sin embargo, los importantes cuestionamientos que tiene este instrumentos -desde el punto de vista bioético y desde las normas de protección de datos- han salido a la luz.
La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha solicitado información a Canarias y Galicia sobre el uso de este certificado en el control de acceso a la restauración, un día después de que el TSJ de Canarias rechazara avalar dicho instrumento.
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Pero ni la llamada de atención de la AEPD ni el auto del TSJ de Canarias han impedido que esta semana la Junta de Andalucía haya decidido limitar el acceso al interior de los locales de ocio nocturno solo a quienes acrediten Certificado covid digital de la UE en vigor o prueba de diagnóstico negativa (test de antígenos o PCR).
La Junta de Andalucía ha tomado esta decisión a propuesta del Comité Regional de Alto Impacto en Salud Pública que se reunió este lunes. Y así lo ha anunciado el consejero de Salud, Jesús Aguirre que ha mostrado la preocupación de la Junta por la subida de la tasa de incidencia y los índices de atención hospitalaria, pero especialmente por los contagios relacionados con el ocio nocturno, que llevan a adoptar la obligatoriedad del certificado covid desde las 00.00 horas del próximo jueves 5 de agosto para interiores.
En la Comunidad de Madrid lo ven posible
También esta semana, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en una entrevista a una televisión se mostró favorable a analizar la posibilidad de implantar la exigencia de disponer del certificado covid para poder acceder a determinados espacios públicos, como bares y restaurantes. No obstante, ha descartado que sea una medida que vaya a ser aplicada de forma inminente, según informa Marta Belver, en El Mundo.
"Yo creo que esto, en cuanto pasemos de un porcentaje de vacunados al que todavía no hemos llegado, habrá que estudiarlo nuevamente", ha dicho la dirigente regional en una entrevista en Telecinco. "Habría que empezar a estudiar qué personas siendo negativas y, sobre todo, aquellas que están vacunadas empiezan a tener una cierta vida normal", ha precisado.
Los cuestionamientos bioéticos persisten
Sobre este certificado covid y su uso para limitar acceso, el presidente del Comité de Bioética de España, Federico de Montalvo se ha pronunciado en varias ocasiones en Diario Médico.
De Montalvo ha mostrado sus dudas sobre la conveniencia de este certificado en el momento actual cuando no todo el mundo tiene acceso a la vacunación y, aunque también sirve una prueba de antígenos negativa, De Montalvo recuerda que mientras la vacunación es gratuita la prueba de antígenos no.
En declaraciones de esta semana, De Montalvo razonaba que aunque le gusta "mucho" dicho pasaporte, en el contexto actual el "problema fundamental" es que puede resultar "discriminatorio", dado que "no todo el mundo puede acceder a la vacuna".
"Te lo pueden dar también con una prueba de antígenos o una PCR negativa, pero el problema es que la vacuna es gratuita y esas pruebas no", ha asegurado, para argumentar que, en ese caso, exigir uno de estos test sería "discriminatorio" para las personas "económicamente más vulnerables".
Ante este nuevo escenario, Íñigo de Miguel, investigador distinguido de la UPV/EUH, que ha seguido muy de cerca la evolución de los certificados covid, opina que "si los Tribunales de Justicia autonómicos no autorizan el certificado porque falta desarrollo normativo (y no parece que esto vaya a cambiar) y si tampoco permiten esta u otras alternativas porque las consideran desproporcionadas, pues o que nos queda es la opción inglesa. Pero convendría que al menos lo sepamos, para actuar en consecuencia"
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