El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Castellón ha dictado un auto donde se acuerda levantar a partir del próximo 1 de septiembre, la medida cautelar que autorizaba el tratamiento con ozonoterapia a un paciente aquejado de covid e ingresado en el Hospital de la Plana, de Villarreal.
El magistrado considera que se ha producido y acreditado un cambio sustancial de las circunstancias que se tuvieron en cuenta para la adopción de la medida cautelar, ya que el pasado 24 de agosto la demandante (esposa del paciente), manifestó la intención de trasladar al ingresado a otro centro hospitalario fuera de la Comunidad Valenciana.
Considera que el paciente está "fuera de peligro"
Además, según el texto, al considerarse que el paciente está “fuera de peligro”, puede realizarse ese traslado sin problemas. De hecho, según afirma la actora en sus escritos, “la recuperación del paciente es excelente y está en su tramo final de curación para dejar la unidad de cuidados intensivos”.
Por todo ello, en las circunstancias actuales, ya no puede afirmarse el riesgo de que se produzcan perjuicios irreparables de no acordarse la medida cautelar, “por lo que no se justifica” la misma. Respecto al margen fijado, el auto señala que es “a fin de extremar la prudencia” y “evitando eventuales cambios súbitos en el tratamiento médico”, argumentando además que el plazo se considera suficiente para gestionar el eventual” desplazamiento.
Las reacciones ante esta decisión judicial no se han centrado en valorar la misma, sino en seguir haciendo hincapié en que la resolución anterior nunca debería haberse producido.
Fuentes de la Consejería de Sanidad han señalado a Diario Médico que su valoración “sigue siendo la misma de todo el proceso: el apoyo al equipo de la Plana y a las terapias con aval de evidencia científica”.
Por su parte, Víctor Pedrera, secretario general del Sindicato Médico de la Comunidad Valenciana (Cesm-CV), también ha mostrado “máximo apoyo a los profesionales de la Plana, alineación con la postura de Sanidad y las sociedades científicas y profesionales y lamentar la injerencia judicial a la hora de proponer tratamientos que corresponden a los facultativos”.
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