Representantes del Gobierno y la Generalitat de Cataluña se han emplazado a crear un grupo de trabajo para estudiar la viabilidad de que el Ejecutivo autonómico asuma competencias en materia de formación sanitaria especializada, algo que forma parte del listado de 56 traspasos pendientes a tratar en la comisión bilateral Generalitat-Estado, creada por el Estatuto de Autonomía en 2006, y que volvió a reunirse ayer por primera vez tras la fase aguda de la crisis política por el ‘procés’.
“Hoy por hoy, este tema forma parte de los 56 traspasos que trataremos a partir de octubre. Es uno de los que podríamos tener resultados antes, pero no tenemos aún más concreción”, han informado a este diario fuentes autorizadas de Presidencia de la Generalitat.
Este no es el primer intento de ejecutar este traspaso que, a falta de conocer los detalles, podría suponer romper el sistema nacional MIR, EIR y FIR por un territorio históricamente muy relevante en formación sanitaria especializada.
El sector ya estaba avisado: el acuerdo de coalición que firmaron en su día PSOE y Unidas Podemos para formar el Ejecutivo central que preside Pedro Sánchez reza en su punto 9.4: "Daremos cumplimiento a los dictámenes del Tribunal Constitucional (TC) y traspasaremos a la Generalitat aquellas competencias pendientes ya reconocidas en el Estatut de Cataluña en materias como la gestión de becas universitarias, la formación sanitaria especializada, el salvamento marítimo o la ejecución de la legislación laboral en el ámbito del trabajo, el empleo y la formación profesional".
A la espera de conocer detalles, eso parece abrir la puerta a que Cataluña tenga su propio sistema MIR, al margen del nacional. Pero es que el artículo 162 del Estatuto catalán aprobado el 19 de julio de 2006 (fue pactado por el PSOE y CiU y el Congreso de los Diputados le dio luz verde el 31 de marzo de 2006, con el apoyo de poco más de la mitad de la Cámara, y, posteriormente, por un recurso del PP, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales 14 artículos), recoge textualmente: "Corresponde a la Generalitat, en todo caso, la competencia compartida en los siguientes ámbitos: (…) d) La formación sanitaria especializada, que incluye la acreditación y la evaluación de centros; la planificación de la oferta de plazas; la participación en la elaboración de las convocatorias y la gestión de los programas de formación de las especialidades y las áreas de capacitación específica, y la expedición de diplomas de áreas de capacitación específica". Eso es lo que ya hacen ahora todas las comunidades autónomas en la convocatoria única anual que establece el art 22 de la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS).
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