La sociedad envejece y aumenta, por tanto, la necesidad de residencias para atender a población de 65 años en adelante. Según el último informe Envejecimiento en red, elaborado por el CSIC y publicado en octubre de 2023 con datos de septiembre de 2022, son 5.573 los centros sociosanitarios existentes en nuestro país. Y no hay para todos: el ratio de plazas residenciales por 100 personas de estas edades está en 4,2 de media, según el informe. Se hace, pues, cada vez más acuciante la necesidad de que las autonomías desarrollen normativamente el modo de hacer la atención farmacéutica en estos centros. Para ello se parte de un Real Decreto nacional (16/23012) que para muchos es ambigüo e impreciso.
"Seguimos con este modelo de patriarcado, de todo por el paciente pero sin contar con el paciente" (Andoni Lorenzo, FEP)
A día de hoy, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura y Madrid están trabajando en desarrollar su normativa. Las administraciones respectivas están agendando reuniones con diferentes actores y preparando borradores, pero ¿están contando con la opinión de los residentes, teniendo en consideración que, en su mayoría, se trata de pacientes policrónicos, con varias patologías?
Andoni Lorenzo, presidente del Foro Español de Pacientes (FEP), describe a este periódico cuál es la realidad: "Seguimos con este modelo de patriarcado, de todo por el paciente pero sin contar con el paciente. Es así de triste. Y si hay un caso en el que realmente es grave es precisamente en este colectivo. Son los pacientes más frágiles y vulnerables y tendríamos que estar defendiendo a estas personas que tanto necesitan de nuestra ayuda. Evidentemente, no se cuenta con nosotros", explica.
Criterios "economicistas"
Dicho esto, explica cuál es su impresión: "Las distintas comunidades y los gestores se deben centrar en la calidad asistencial. Las decisiones no pueden primar en base a los conceptos del ahorro ni tomarse por criterios economicistas. Eso va en detrimento de la calidad asistencial. Debe haber ese equilibrio. ¿Qué ocurre? Que no hay participación de los pacientes y, por tanto, ellos lo cortan, lo guisan y lo deciden".
Lorenzo añade: "Cuando tienes una buena asistencia y es de calidad, eso tiene coste-efectividad. Eso aporta valor y evita mayores gastos sanitarios, pero siempre tenemos una mirada muy a corto plazo".
¿Dónde está el error? "Tenemos infinidad de duplicidades en nuestras comunidades autónomas. Podría salir alguna comisión, como la de la gobernanza, y ver cómo podemos ser más efectivos en la gestión de nuestros procesos asistenciales. Pero de esto no hay. Parece que solo existen comisiones para los precios de los medicamentos, donde sí hay una obsesión. Parece que solo la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud depende de esto y al final los perjudicados son los pacientes".
Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura y Madrid están trabajando en desarrollar su normativa
¿Se decanta por algún modelo? "Siempre hemos sido partidarios de la farmacia comunitaria. Es la farmacia más cercana que tenemos al paciente. Las farmacias dan garantía de que hay una asistencia en cualquier parte de España. Cuando hablamos de este tipo de regulación no nos olvidemos de la España despoblada, del ámbito rural, con una densidad de población mínima".
La FEP ya abordó este asunto en 2017, cuando emitió un comunicado señalando lo siguiente: "En varias comunidades autónomas se está trasladando la asistencia y la dispensación de medicamentos en centros sociosanitarios hacia otros modelos: de vinculación a un hospital; de asignación de farmacias por áreas; o del suministro, a través de centrales de compra, que puede en algunas circunstancias deteriorar la calidad percibida por el paciente en su asistencia".
"Además, el hecho de que cada autonomía aplique un diferente criterio aumenta la ya elevada inequidad del sistema de salud territorial; si existen razones que justifiquen el cambio, no se comprende establecer limitaciones por número de camas o dependencia".
Se parte de un Real Decreto nacional (16/23012) que para muchos es ambigüo e impreciso
El Real Decreto (RD) 16/2012 señala, en su artículo 6, que "será obligatorio el establecimiento de un servicio de farmacia hospitalaria propio en los centros de asistencia social que tengan cien camas o más en régimen de asistidos".
La salvedad está en que la consejería responsable en materia de prestación farmacéutica de cada comunidad autónoma podrá establecer acuerdos o convenios con los centros mencionados en el apartado anterior, eximiéndoles de dicha exigencia, siempre y cuando dispongan de un depósito de medicamentos vinculado al servicio de farmacia hospitalaria del hospital de la red pública que sea el de referencia en el área o zona sanitaria de influencia correspondiente.
En Madrid
¿Qué ocurre en Madrid? A día de hoy, aún no se está aplicando este criterio, a falta de un desarrollo autonómico. En línea con el RD 16/2012, la Ley 13/2022, de 21 de diciembre, de Ordenación y Atención Farmacéutica de la Comunidad de Madrid señala en su artículo 42 que "los centros de servicios sociales de carácter residencial con cien camas o más en régimen de asistidos están obligados a establecer un servicio de farmacia hospitalaria propio, autorizado por la consejería con competencias en materia de sanidad".
"No estoy en contra de que lo lleve un hospital, pero sí de las exclusiones. Yo solo quiero que cada ciudadano sea libre de elegir el servicio que quiere" (Rubén Martín)
También matiza que los centros que establezcan acuerdos o convenios con la consejería con competencias en materia de prestación farmacéutica podrán disponer de un depósito.
Dicha ley, firmada en diciembre de 2022, da un plazo de dos años a los servicios de farmacia y depósitos de medicamentos de centros de servicios sociales para proceder a su instalación y, en su caso, a la adecuación de sus locales, dotación de personal y medios materiales.
Rubén Martín Lázaro es titular de una farmacia en Fuenlabrada (Madrid), y atiende a una residencia de 100 camas. ¿Qué opina? "Yo no estoy en contra de que lo lleve un hospital, pero sí de las exclusiones. Yo solo quiero que cada ciudadano sea libre de elegir el servicio que quiere".
Rubén Martín elabora SPD para una residencia de 100 camas en Fuenlabrada (Madrid). Le ayuda una técnico de farmacia.
La técnico carga el tratamiento del residente en una tolva (recipiente o depósito abierto por abajo, generalmente en forma de tronco de pirámide o de cono invertidos, que se utiliza para dosificar).
Una vez que está cargado, se envía el tratamiento y la máquina lo produce automáticamente.
Automáticamente, la máquina embolsa los tratamientos e imprime en las bolsas los siguientes datos: nombre del paciente, nombre del centro, medicamento, forma y color de la pastilla, si es un comprimido o medio... Todo, para evitar confusiones. Una vez que sale de la máquina, el farmacéutico lo comprueba.
Martín explica que “cuando la tolva se queda vacía, pasas el código por el escáner y te dice, por ejemplo: Esta tolva contiene Trazadona 100 mg comprimidos. Pues vas y la llenas con eso”. Luego, ya con el medicamento se pasa escanea el código BIDI.
Martín Lázaro es, además, secretario de la Asociación de Empresarios de Farmacia de Madrid (Adefarma). Esta asociación envió hace unas semanas una carta a la consejera de Sanidad de Madrid, Fátima Matute, donde le trasladaba su preocupación por lo que estaba trascendiendo, al saber de reuniones mantenidas entre los representantes empresariales de la dependencia y la Dirección General de Coordinación Sociosanitaria de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid.
En concreto, exponían las diferentes dudas que les generaba su interpretación normativa: "Respecto, por ejemplo, de la garantía de la continuidad asistencial, del por qué cambiar un sistema que funciona, de por qué la exclusión de las farmacias comunitarias esenciales en el desempeño de tan importante labor, en un entorno sostenido económicamente [...]".
Desde el hospital
¿Cuál es la visión de Ismael Escobar, delegado autonómico de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH) en la Comunidad de Madrid y jefe de Servicio de Farmacia del Hospital Universitario Infanta Leonor? “Los profesionales del sistema público estamos a la espera de que el órgano competente responsable de la prestación farmacéutica desarrolle cómo va a hacer esto: si lo va a vincular a una oficina de farmacia, a un servicio de farmacia o va a abrir servicios de farmacia propios”. Y añade: “La Administración tiene que aplicar la Ley. Y la Ley [de Farmacia de Madrid] es clara: artículo 42”.
Escobar puntualiza que "la prestación farmacéutica no es responsabilidad de las residencias ni la eligen ellas”. Es decir, “es la consejería la que guía el proceso y decide cómo lo quiere hacer. En función de las prioridades que tenga y el ritmo de desarrollo de la ley, irá decidiendo y los actores iremos incorporándonos o no según lo que decida".
"Hay toda la inmediatez que quieras, porque los servicios de farmacia estamos los 365 días del año" (Ismael Escobar, SEFH-Madrid)
Eso sí, considera que los servicios de farmacia hospitalarios "pueden aportar mucho a las residencias. Ya estamos trabajando con ellas en muchas cosas. Hay toda la inmediatez que quieras, porque los servicios de farmacia estamos los 365 días del año".
Admite que va a suponer más trabajo, "pero para eso estamos. Nos parece un trabajo muy bonito e interesante. De hecho, ya tenemos mucha experiencia. Trabajamos ya con los médicos y los pacientes de las residencias, aunque no les proporcionemos medicación. Y con servicios de geriatría".
¿Cuál es el "valor añadido" que pueden aportar? "En conceptos propios de nuestra especialidad: selección de medicamentos, validación, farmacocinética, revisión de tratamientos... “. En términos económicos, "es mucho más eficiente para la Administración la vinculación a sistemas públicos de prestación farmacéutica. Está claro".
Por su parte, el COF de Madrid no ha querido hacer declaraciones sobre esta cuestión, ya que "el asunto se está analizando jurídica y económicamente; hasta que no finalicen esos análisis no vamos a pronunciarnos".
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