La ministra de Sanidad, Mónica García, se reúne este lunes con los consejeros de Sanidad de las comunidades autónomas de manera telemática para abordar la falta de profesionales en la atención primaria, una reunión demandada por las comunidades del Partido Popular. La reunión, celebrada en el marco del pleno de la Comisión de Recursos Humanos, tendrá lugar días antes del primer encuentro presencial del Consejo Interterritorial, que se celebra este jueves en Asturias.
La principal receta del PP es la convocatoria extraordinaria de 1.000 plazas más de Medicina de Familia al año, lo cual según varias comunidades pasa necesariamente por un sistema más flexible y ágil de acreditación de unidades docentes, que es competencia del Ministerio de Sanidad. Hay que recordar que, ante la falta de médicos, comunidades y Ministerio de Sanidad se han esforzado por aumentar la oferta, pasando de 1.914 plazas MIR en Medicina de Familia en 2019 a las 2.492 que se ofertarán en la convocatoria de 2024. Sin embargo, no hay mucho más margen de maniobra en cuanto a la capacidad docente del sistema: el pasado mes de junio, las comunidades solo dejaron 33 plazas pendientes de ofertar.
Aunque el Ministerio de Sanidad ha accedido a la reunión monográfica sobre el déficit de médicos, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha recordado estos días el recorte de plazas MIR que tuvo lugar durante el gobierno del PP coincidiendo con la crisis económica. En cualquier caso, según señaló en su cuenta de X: "No basta con crear más y más plazas (el PP proponía 1.000 extra sin contar de dónde sacaría tutores para ello). Hay que mejorar condiciones".
A esto se le une el problema de las plazas vacantes y renuncias en Medicina de Familia, otra cuestión que preocupa a las comunidades. Y es que a las 131 plazas vacías MIR de Medicina de Familia con las que concluyó la elección MIR 2023 hay que sumar 159 renuncias, cerca del 12% de los 2.455 MIR que tenían que empezar este mes de mayo. Al respecto, el Ministerio de Sanidad anunció hace meses que estaba estudiando una fórmula jurídica para evitar que los residentes abandonen las plazas una vez adjudicadas.
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