Pese a existir ya una clara evidencia científica sobre la transmisión del coronavirus por aerosoles, los servicios de salud de diez comunidades autónomas (Andalucía, Aragón Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, País Vasco, Canarias y Navarra) siguen sin dar mascarillas de protección FFP2 a todos sus profesionales sanitarios. “De esta manera ponen en grave riesgo su salud y seguridad, al ser un colectivo especialmente vulnerable al contagio de la covid-19”, denuncia Satse.
El sindicato enfermero recuerda que el protocolo del Ministerio de Sanidad en materia de prevención de riesgos laborales, en su actualización del pasado 21 de diciembre, “recomendaba la utilización por parte de los sanitarios de mascarillas de una mayor protección, como son las FFP2, tras evidenciarse científicamente la transmisión del coronavirus por aerosoles. Además, anulaba las que hasta ahora se estaban utilizando por los servicios de salud como estrategias alternativas en situación de crisis, que avalaban la utilización de determinados EPI de menor protección por desabastecimiento de los mismos”.
En opinión de Ana Guerra, presidenta de la Asociación de Enfermería del Trabajo de Castilla y León (Aetcyl) y coautora/revisora del documento de consenso ministerial al que alude Satse, Procedimiento para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2, “se debe realizar una evaluación del riesgo de exposición de los puestos de trabajo por parte de los Servicios de Prevención para determinar el nivel de exposición y la protección requerida en cada caso, que no podrá generalizarse para todos los casos por igual”.
Añade que, a priori, la fórmula es para aquellos profesionales cuya atención vaya a requerir un contacto estrecho con un caso probable, posible o confirmado de la covid-19. “Teniendo en cuenta el elevado porcentaje de casos asintomáticos, requerirán protección respiratoria FFP2. Es decir; atención previsible de más de 15 minutos a menos de 1,5 metros requiere protección respiratoria FFP2. Si se realizan procedimientos que generan aerosoles, la indicada es la FFP3”, asegura.
En Andalucía, Aragón Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, País Vasco, Canarias y Navarra siguen sin dar mascarillas FFP2 a todos sus profesionales sanitarios
Además de estos factores, recuerda que en esta evaluación del riesgo se deberán tener en cuenta otras medidas de protección, como la ventilación o renovación de aire de los lugares de trabajo, así como la presencia de protecciones colectivas, la naturaleza del trabajo.
Más allá de las plantas covid
Ante este panorama, Satse explica que, a pesar de que se ha generalizado la distribución de mascarillas FFP2 por parte de los servicios de salud en las denominadas plantas covid, “no ocurre lo mismo en el resto de servicios y unidades de un hospital o en los centros de salud y sociosanitarios, a pesar de que no se tenga fiabilidad de la calidad del aire en estos espacios”.
Si se realizan procedimientos que generan aerosoles, la indicada es la FFP3, según la AET
La diferencia más relevante entre ambos tipos de protección (quirúrgicas o FFP2) es el ajuste, explica Guerra, que es un requisito no exigido en los ensayos de las mascarillas quirúrgicas. “Si no existe ese cierre hermético de la mascarilla en la cara se puede producir una entrada no filtrada y en cantidad significativa de aerosoles contaminados”.
La presidenta de la Aetcyl explica que el ajuste de una mascarilla FFP2 a la superficie facial es hermético, y así se exige en sus requisitos de ensayo de la norma UNE‐EN 149:2001 +A1:2010. “Deberán no reutilizarse para asegurar la calidad del filtrado y evitar la contaminación cruzada”.
También dice que actualmente no existe el desabastecimiento de EPIS que ocasionó la obligada necesidad de recurrir a alternativas de crisis en el momento inicial de la pandemia, “por lo que se debe garantizar la protección más eficaz posible de los profesionales sin criterios de mínimos a la vista del inaceptable número de sanitarios contagiados en el momento actual, que asciende casi a 120.000 a fin de enero de 2021, según cifras del Ministerio de Sanidad”.
Regular la mascarilla que lleva la población
Guerra también cree necesario valorar la posibilidad de regular, como sucede en otros países, la mascarilla que porta la población.
“Se trata de la primera medida de protección de los profesionales. En el caso de centros sanitarios, se debería evitar la entrada de personas con mascarillas de tela o con ajustes deficientes, requiriéndose al menos una mascarilla quirúrgica que garantice la no emisión de aerosoles por parte de los pacientes en estos tipos de centros, muchas veces poco o nada ventilados, al igual que en supermercados, o espacios cerrados con alta afluencia de personas”, concluye.
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