El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 ha publicado los datos del sistema de dependencia a cierre de año, que muestran cómo más de 370.000 personas se encontrarían actualmente en el limbo de la dependencia por retrasos en la concesión de las ayudas y en la propia valoración de su condición de dependientes.
Concretamente, según los datos oficiales se habrían presentado 1.850.950 solicitudes de valoración y ayudas a la dependencia, de las que se habrían resuelto 1.709.394 concediéndose algún tipo de grado de dependencia y derecho a ayuda a casi el 80% de ellas (1.356.473 dependientes oficialmente reconocidos), por lo que quedarían todavía en espera de valoración 141.556 personas. Es decir, el 7,7% de las personas que han socilitado ser reconocidas como dependientes no han sido todavía valoradas.
Este porcentaje de solicitudes a la espera de ser valoradas se podría considerar el mínimo habitual para el funcionamiento administrativo, pero la realidad es que la agilidad en la resolución de la valoración de los dependientes difiere tanto entre autonomías, que en la práctica constituye una forma encubierta de regulación de la lista para el acceso a las ayudas, con apenas sólo un 1% de las solicitudes pendientes de resolución en autonomías como Navarra, País Vasco o La Rioja y más del 30% de solicitudes atascadas en los cajones aún sin valorar en comunidades como Canarias, o el 15% en el caso de Murcia.
A esas más de 140.000 personas pendientes de valoración de su grado de dependencia se añade la lista de espera oficial de los dependientes ya que de los 1.356.473 dependientes reconocidos con derecho a ayudas, sólo 1.124.230 los están realmente recibiendo.
Es decir, la lista de espera oficial del sistema de dependencia la engrosan 232.243 dependientes reconocidos que aún no han recibido ayudas (el 17% del total) a los que hay que sumar la lista de espera extra oficial de 140.000 personas, en un limbo a la espera de ser valorado su grado de dependencia (de los que aproximadamente un 80% acabará obteniendo algún tipo de grado de dependencia y derecho a prestación cuando se llegue a valorar su solcitud). En conjunto, más de 370.000 personas estarían el limbo de la dependencia.
Sobre estas cifras (correspondientes al cierre de 2020, el Ministerio Derechos Sociales ha hecho una revisión de datos a 31 de enero de 2021 tras cruzar los datos con los de fallecidos. Las magnitudes, sin embargo, apenas cambian y la lista de espera oficial incluso crece: 234.039 dependientes reconocidos que aún no reciben ayudas de los que 97.451 son además dependientes de los grados más altos, el II y el III (aproximadamente el 11% de todos los grandes dependientes reconocidos).
Estas listas de espera oficiales son también muy desiguales según las autonomías con apenas un 0,1% de los dependientes reconocidos que no reciben aún ayudas en el caso de Castilla y León, un 5,4% en el de Navarra o un 6,7% en Galicia y hasta un 32% de dependientes en lista de espera oficial en Cataluña, 29% en La Rioja, 24% en Canarias o 20% en Andalucía. Si a esas cifras se le añade la lista de espera extra oficial puede observarse cómo autonomías como Canarias tienen a más del 50% de sus dependientes en un limbo sin ayuda alguna.
Las grandes cifras sobre el limbo de la dependencia han llegado apenas unos días después de que la Asociación de Directivos y Gerentes de Servicios Sociales alertara sobre el problema que entraña la vacunación de grandes dependientes no institucionalizados que viven en sus domicilios y que, conforme a cómo está redactada hasta el momento la estrategia de vacunación, prevé dejar fuera del programa de inmunización prioritario a cerca de 32.000 grandes dependientes de grado III (el más alto y al que se ha reservado de momento la vacunación prioritaria) que están todavía en el limbo pendientes de ser valorados y que por tanto no cuentan todavía con el informe necesario para poder acreditar su grado de dependencia. Los gerentes sociales descartan sobrecargar en este momento a los médicos con informes que suplan esa falta de valoración y que deberían hacerse desde servicios sociales.
A estos 32.000 grandes dependientes no institucionalizados que se quedarían fuera de la vacunación, los gerentes de servicios sociales añadían en su crítica a la estrategia de vacunación otros 505.832 dependientes de grado II reconocidos que según los gerentes sociales deberían ser vacunados por su gran grado de dependencia pero que no lo serán de momento salvo que tengan más de 80 años (aproximadamente la mitad de los dependientes es menor de 80 años).
Al margen de la decisión de incluir como grupo prioritario sólo a los dependientes de grado III no institucionalizados (y dejar fuera a los de grado II), los gerentes sociales critican con dureza la exclusión de los cuidadores no profesionales en la estrategia de vacunación.
La estrategia publicada hasta ahora (Sanidad aún no ha hecho público el documento revisado tras las decisiones adoptadas el viernes sobre la vacuna de AstraZeneca, que no se administrará a menores de 55 años) detalla expresamente que “en cuanto al personal sociosanitario que no es considerado de primera línea, sólo se vacunará al que atiende de manera profesional a grandes dependientes que no están institucionalizados”.
Esto supone dejar fuera a todos los cuidadores no profesionales que son los que mayoritariamente se encargan del cuidado de los dependientes más graves no institucionalizados. Los gerentes sociales denuncian que si ese colectivo de cuidadores no profesionales enferma,” vamos a tener un gravísimo problema para realojar y atender a esos grandes dependientes de los que se encargan”, según explica José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación de Directivos y Gerentes de Servicios Sociales.
Esta misma asociación calcula que hay alrededor de 134.000 cuidadores no profesionales que están actualmente encargándose de grandes dependientes no institucionalizados en las residencias y que deberían ser vacunados para garantizar el cuidado de esos dependientes.
Formalmente, los datos del Ministerio de Derechos Sociales tienen registradas sólo a 60.520 personas dentro del convenio especial de cuidadores no profesionales que se articuló tras el conflicto con la Seguridad Social sobre las cotizaciones de este colectivo. El 40% de estos cuidadores no profesionales que oficialmente están registrados es mayor de 55 años por lo que no accederá a las vacunas de AstraZeneca ni previsiblemente será vacunado por ser mayor de 80 años (sólo un 4% de ellos es mayor de 65 años).
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