Humberto Muñoz da el salto al ruedo nacional como nuevo secretario general de FSS-CCOO después de ostentar este cargo durante una década en Andalucía. Uno de los objetivos es recuperar esa negociación con el Gobierno central que apenas se ha visto en los últimos dos años, con los ojos puestos en los fondos europeos.
Médico de Familia de profesión, recalca que sin atención primaria "la sanidad no funciona" y que es necesario empezar a pensar en la sanidad pospandemia, que, entre otras cuestiones, espera que tenga plantillas reforzadas y estables para recuperar la actividad del día a día.
P. ¿Cuáles son los objetivos de su equipo para los próximos 4 años?
R. El objetivo principal no puede ser otro que intentar que la salida de la pandemia se haga aprovechando además la llegada de los fondos europeos insuflando energía, financiación, personal y robustez a nuestros servicios públicos. A pesar de la década de recortes, el SNS ha sido capaz de resistir esta agresión tan dura. Pero ha recibido un castigo importante, el personal está agotado. Se ha demostrado que la plantilla es escasa, como llevamos años denunciando. El objetivo prioritario de los fondos debe ser fortalecer el sistema sanitario y la atención a la dependencia, y luego avanzar en la recuperación de derechos y mejora de las condiciones laborales.
"Parece que la gente da por amortizada la pandemia y nadie prevé los efectos de la pospandemia"
P. ¿Cree que las autonomías estarían por la labor de mantener la plantilla contratada por la covid-19 si la pandemia finalmente termina?
R. Lo que se está haciendo es perder buena parte de ese personal covid de facultativos y enfermeras. Un personal que es escaso y además es rápidamente absorbido por otros sistemas de salud. Tenemos profesionales por toda Europa que no es que se vayan para buscar mejores salarios, como ocurría anteriormente, es que buscan trabajo estable y unas condiciones de trabajo mínimamente dignas. Sólo en personal sanitario, particularmente en médicos y enfermeras, calculamos que hay un déficit de 60.000 profesionales. También hay un importante déficit de auxiliares de Enfermería y celadores. Se hizo un esfuerzo de financiación extraordinario aprovechando la covid, pero parece que la gente da por amortizada la pandemia y nadie prevé los efectos de la pospandemia. Las listas de espera de pruebas y cirugía están superinfladas.
P. En atención primaria se quejan de que la atención se ha enfocado en los hospitales y que ellos siguen igual de saturados e incluso más.
R. La atención primaria en Madrid está directamente en proceso de desmantelamiento, pero en el resto de comunidades la inanición por la falta de financiación y no reposición de las plantillas está llevando al primer escalón del SNS a una agonía preocupante. Si la AP no funciona, tengamos claro que la sanidad no funciona. Esto no va de comprar resonancias y tener el quirófano con el flujo laminar más puntero. Esto va de que las consultas de primaria funcionen, que las derivaciones a especialistas sean racionales y se hagan en unos tiempos adecuados. Parámetros como el seguimiento de crónicos, la atención a los pacientes oncológicos, la salud mental, etc., están con un deterioro impresionante por el parón que ha supuesto este año y medio de pandemia. Para eso hace falta poner dinero y plantillas. O se destina más de lo que ha previsto el Gobierno de los fondos de recuperación a sanidad y dependencia o vamos a salir de esta crisis sanitaria muy debilitados y en una mala posición para crisis venideras.
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P. Sindicatos y Gobierno central han firmado sucesivos acuerdos para atajar la temporalidad en los sectores públicos, el último a finales de junio. ¿Qué porcentaje de temporalidad hay en el SNS?
R. Hay comunidades donde están cerca del 40%, como media estamos sobre el 30%.Ya tuvimos el problema de la temporalidad en los años 2000 y hubo que hacer OPE excepcional, pero es que es lo que trae el corsé de la tasa de reposición que se nos impuso en la época de Montoro y que nadie después ha tenido la valentía de retirar. Cuando necesitas una estructura y la norma no te contratar de manera estable, oportuna y adecuada, empezamos con las trampas: contratamos eventuales donde tiene que haber interinos, interinos donde tiene que haber propietarios... y eso se va acumulando y va creciendo hasta llegar al monstruo que tenemos ahora, a medio millón de personas en temporalidad, después de dos acuerdos en los que el Gobierno se comprometía a rebajarla 8%. Las OPE han tenido efecto en las comunidades donde se han puesto las pilas y ha habido sucesión de OPE. Pero la losa de la tasa de reposición sigue pesando mucho: tú vas estabilizando a la gente, pero a su vez los centros tienen unas necesidades de contratación. Si la consejería de turno no les permite sacar esa plazas a OPE ordinaria, es una pescadilla que se muerde de cola. Si no acabamos con la tasa de reposición jamás acabaremos con este problema, por mucho que haya acuerdos, cambios en el EBEP...
P. ¿Y desde CCOO cómo se valora el nuevo acuerdo con el Gobierno? ¿Podría dar por fin una solución?
R. Lo valoramos de manera muy favorable. En nuestro sector afecta a cerca de 150.000 personas interinas y a unas 50.000 eventuales, que son las más beneficiados. El compromiso es que todas esas plazas que debieran ser estructurales y que están cubiertas anómalamente mediante nombramientos temporales salgan a OPE de estabilización, y para que todas esas plazas salgan a OPE, se podrá superar la tasa de reposición actualmente vigente. Todo este proceso, además, se acota en el tiempo para que no se eternice: este año hay que publicar las ofertas de empleo, antes de que termine 2022 tendrá que estar publicada la fecha de los exámenes y adaptadas las convocatorias a la legislación propia del sector sanitario, y antes de que finalice 2024 resueltas las convocatorias y adjudicados los destinos a las nuevas personas propietarias.
P. ¿Y qué opinan del añadido en el trámite parlamentario inicial de que los que tengan más de 10 años de antigüedad puedan consolidar su plaza por un sistema diferente?
R. Es algo ajeno al acuerdo. Se trata de una afirmación de la ministra María José Montero que tendrá que explicar en el trámite parlamentario y por supuesto ante la Mesa General. No está claro cómo se establece ese cómputo temporal de diez años: si se consideran los nombramientos encadenados o se suman nombramientos dispersos, ni si entrarán los eventuales o sólo los interinos en ese cómputo, y, sobre todo, no se concreta la normativa en que se basa esa afirmación. Desde CCOO siempre hemos puesto por delante que cualquier procedimiento que se adoptara debe contar con una sólida seguridad jurídica, y anuncios de este tipo no contribuyen precisamente a esto.
"No vemos que haya una clara decisión por recuperar gasto público en sectores estratégicos como la Sanidad"
El acuerdo que se firmó se contemplan únicamente procedimientos basados en los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. Aunque para favorecer a las personas que arrastran una situación de temporalidad durante mucho tiempo, se le dará el máximo valor posible a la fase de concurso, en la que además el elemento esencial serán los servicios prestados. También se establece un elemento disuasorio para la Administración con el objetivo de que las pruebas no sean excesivamente difíciles y no queden plazas desiertas, al establecerse para aquellas personas que no superen la OPE bolsas de trabajo ya existentes o de nueva creación. Si aún así pasaran a situación de desempleo, serían indemnizadas económicamente. El acuerdo incluye medidas sancionadoras para las administraciones que incumplan los requisitos y las duraciones de los nombramientos temporales, lo que constituye un elemento disuasorio para que esta situación no vuelva a repetirse y no vuelva a dispararse la tasa de temporalidad.
P. ¿Por qué no se quita la tasa de reposición? ¿Es un mandato europeo? Los sindicatos llevan años pidiendo que se elimine.
R. La manera de contener el gasto es contener el capítulo I. Si el servicio necesita crecer porque hay más población, la tasa de reposición no te lo permite, pero también implica exigir al gestor intermedio que los servicios que recibe la ciudadanía no se deterioren tanto como para que tenga consecuencias electorales. Como no puedo contratar personal estable contrato eventuales. Quien hace la norma hace la trampa: hago la contratación por el camino paralelo y ese es problema, porque la necesidad del servicio existe y mientras esté la tasa de reposición, pues no habrá solución. El motivo ha sido fundamentalmente financiero, y no vemos que haya una clara decisión de este gobierno por recuperar gasto público en sectores estratégicos como la Sanidad.
P. Pero ahora están los fondos europeos encima de la mesa.
Hay una oportunidad de 140.000 millones de euros. Está muy bien comenzar la transición ecológica y la tecnológica, pero deberían dedicarse más programas para fortalecer y sostener el SNS. Es lo que a mí me gustaría hablar con el ministerio y ver qué planes tiene, porque lo que se mandó a la UE está muy poco definido y abre caminos un poco peligrosos como la colaboración público-privada. Eso me puede parecer bien, siempre y cuando la parte pública del SNS esté más que garantizada, sea sólida y goce de buena salud.
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P. Vamos con otros temas. El Ministerio de Sanidad incluyó en un proyecto de real decreto la recertificación obligatoria cada diez años para sanitarios. ¿Qué opinan?
R. Tenemos cierta desconfianza, no entendemos muy bien qué se pretende con ello. Lo que haría falta es que los distintos gobiernos apostaran por una carrera profesional real en el SNS. Ahí está la vía de recertificación de competencias. Está basada en el día a día; no en una evaluación cada 10 años, sino cada 5, y puedes quedarte estancado o ir progresando y que eso tenga consecuencias en la carrera académica, investigadora, la asistencia y, por qué no decirlo, en tu salario. Eso será positivo para el sistema. Pero esto de la recertificación del título académico nos crea desconfianza: no sabemos qué sentido tiene recertificarlo por mecanismos que no sabemos cuáles son, qué beneficios tendrá para los ciudadanos, qué reporta más allá de trámites burocráticos. Difícilmente cada 10 años le van a hacer perder el título, ¿no? Pero no se trata de conservar el título, sino de progresar y de hacerte un profesional cada vez más preparado y mejor dotado para responder a las necesidades de la sociedad. Eso no se hace con una recertificación, sino con una carrera profesional.
P. ¿Habría que reformar la carrera profesional, por ejemplo valorando otras cosas, para comprobar que el profesional mantiene ese mínimo de habilidades?
R. Y eso debe hacerse por la promoción por parte de las administraciones, no porque el profesional se vea en la tesitura de que dentro de tres años le caduca el título y tengo que tener cierto número de cursos y de publicaciones. Tiene que ser por incentivo en el día a día. Todo lo que se hace por obligación por vía administrativa nunca se hace con el entusiasmo que puede poner un profesional que tiene una carrera abierta y permanente para ir progresando en ella. Una carrera para acceder a determinados puestos de responsabilidad, para tener acceso a un mayor tiempo de dedicación a lo que más le gusta, sea la investigación, la docencia, etc. Tenemos que cambiar la cultura de los mínimos y de los corsés por la cultura de ilusionar a la gente en su puesto de trabajo. Si no vamos por ahí, la gente va a ir a cumplir con el expediente y hacer lo justo, lo que le permita cumplir los estándares de la Administración.
P. En esa misma norma, Sanidad pretende regular próximamente los requisitos para aprobar las áreas de capacitación específica. ¿Han hablado de cómo se abordarán los complementos personales de estos residentes ACE, quién cubriría sus plazas mientras tanto...?
R. Ese es el gran problema. La Administración olvida u oculta conscientemente que en todas estas cosas siempre hay implicaciones laborales, no sólo académicas. Cuando un médico adjunto propietario tiene ilusión por dedicarse a un campo específico y quiere acceder a la ACE es complicado decirles que van a tener una vida y cobrar como un R1. ¿Cómo cubrimos su plaza? ¿Podrán volver? Eso no son flecos, es un nudo gordiano importante y no se ha hablado. Eso de los diálogos con los foros profesionales y los colegios está muy bien... no voy a ser yo que diga que el Gobierno no puede hablar con quien quiera. Pero los legitimados por elecciones sindicales en las que vota la plantilla somos los sindicatos, y para eso hay un foro de negociación. Los acuerdos nunca están garantizados, pero el diálogo sí debería estarlo.
P. Todos los sindicatos están reclamando el reconocimiento de la covid-19 como enfermedad profesional en el sector sanitario. Y ya hay varias sentencias a favor. ¿Les consta si el Gobierno está estudiando el cambio o si esto se resolverá en los tribunales?
R. Desgraciadamente no vemos esas señales, y nos gustaría. Nos queda todavía un largo camino de ir aprendiendo cosas sobre la covid-19, las secuelas que van apareciendo, figuras clínicas que ni siquiera considerábamos como la covid persistente, secuelas tardías, nuevos cuadros clínicos en personas teóricamente curadas, etc. Creemos que el gobierno debería de avanzar con las cautelas debidas. Entendemos que clasificar algo como enfermedad profesional tiene unos costes económicos y que desde el punto de vista de las pensiones y la Seguridad Social haya dudas, pero no se pueden poner puertas a la mar. Es claramente una enfermedad compleja que va a dejar secuelas y en numerosas veces ha sido contraída en el trabajo. Nos tememos que la tentación de judicializar este tema es grande. La Administración suele valorar que ya no le conviene tanto judicializar un tema cuando los jueces empiezan a condenar en costas, pero nos parece una conducta cicatera frete a gente que ha puesto en riesgo su vida. Querríamos que se apartara de la tradición, no por generosidad, sino por justicia.
"La Administración olvida u oculta que hay implicaciones laborales en las ACE, no sólo académicas"
P. Su principal interlocutor va a ser Vicenç Martínez, director de Ordenación Profesional. ¿Qué se esperan?
R. Por lo menos es un rayo de luz al fondo del túnel, porque ha sido una época en la que el diálogo entre el Gobierno central y los representantes de los trabajadores ha sido inexistente y eso hay que recuperarlo. Yo entiendo que la ministra Darias no esté en el día a día de la negociación. Pero tiene que impulsarla, tiene que abrir canales de diálogo; la interlocución debe ser fluida y permanente. No se puede legislar en temas que afectan en las condiciones de centenares de trabajadores sin hablar con sus representantes. Se avecinan tiempos difíciles y hay que recuperar muchas cosas de la atención sanitaria normal, de la del día a día, y tenemos que hacerlo con el máximo consenso posible. No es normal que en casi dos años no se haya reunido el Ámbito de Negociación. En Andalucía hemos tenido todas las semanas reuniones con la Consejería de Sanidad. Unas cosas se hacían con acuerdo y otras en desacuerdo, pero el diálogo estuvo siempre presente.
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