El Ministerio de Sanidad, a través de la Secretaría General de Salud Digital, Información e Innovación del Sistema Nacional de Salud, ha iniciado una consulta pública previa con el fin de recabar observaciones y propuestas por parte de la ciudadanía, organizaciones y entidades interesadas en relación con el futuro Proyecto de Ley de Salud Digital. Esta consulta estará abierta hasta el 20 de octubre de 2025, y la participación podrá realizarse mediante un formulario electrónico habilitado pinchando este enlace.
El texto tiene como finalidad adaptar el ordenamiento jurídico español al Reglamento (UE) 2025/327 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2025, relativo al Espacio Europeo de Datos de Salud (EEDS). Este reglamento establece un marco jurídico común para la interoperabilidad y el uso ético y seguro de los datos de salud en el ámbito de la Unión Europea.
La ley pretende además abordar el uso de las tecnologías digitales y establecer las condiciones para el tratamiento de los datos personales de salud en el SNS con fines de interés público. "Esta norma garantizará que la información sanitaria sea de cada una de las personas, de cada uno de los pacientes, que esté disponible allá donde se necesita, sin importar el lugar de residencia, sin importar no solamente ya la comunidad autónoma, sino también que pueda ir a otro país", ha señalado esta mañana la ministra de Sanidad, Mónica García, en un desayuno organizado por Europa Press.
Según señala Sanidad en un comunicado, la norma responde a la necesidad de afrontar varios retos. El primero, garantizar los derechos de las personas sobre sus datos electrónicos de salud: "El Reglamento europeo 2025/327 reconoce a los ciudadanos un conjunto de derechos respecto al acceso, uso y protección de sus datos de salud en formato electrónico. Sin embargo, en España, debido a la distribución de competencias, es preciso delimitar las obligaciones de las diferentes administraciones sanitarias para que cualquier persona pueda ejercer estos derechos con independencia de la comunidad autónoma en la que se encuentre o del prestador sanitario, público o privado, que la atienda".
Otro reto es establecer la gobernanza del uso primario de los datos de salud. Actualmente, el uso primario de los datos electrónicos de salud -es decir, aquel que se realiza en la atención directa a los pacientes- se desarrolla dentro de una estructura de gobernanza nacional que resulta insuficiente para garantizar la plena interoperabilidad y la integración con las iniciativas europeas. La ley establece un nuevo modelo en el que las CCAA, como autoridades regionales de salud digital, estarán coordinadas por una autoridad nacional -asumida por el Ministerio de Sanidad- que representará a España en los órganos europeos y será responsable de garantizar la conexión con la red comunitaria MiSalud@EU, permitiendo así la continuidad asistencial de los pacientes en todo el ámbito europeo.
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