Mañana martes, 16 de septiembre, está previsto que comience, en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Valencia el juicio contra once encausados por el conocido como caso Osvaldos, a quienes se les imputan delitos de prevaricación, malversación, fraude a la Administración, tráfico de influencia y cohecho por presuntas irregularidades y desvío de fondos procedentes de contratos públicos adjudicados por el Consorcio del Hospital General de Valencia entre 2005 y 2014, por un valor que alcanzaría los 35 millones de euros.
Entre los encausados, figuran varios empresarios y Sergio y Francisco José Blasco, dos sobrinos del exconsejero autonómico Rafael Blasco, condenado por otros casos de corrupción. El primero fue director económico financiero (de 1997 a 2001), y gerente (de 2005 a 2014) del Consorcio del Hospital General de Valencia.
Lo previsto para este procedimiento judicial, según han confirmado fuentes de la Audiencia de Valencia, es que el lunes se resuelvan las "cuestiones previas", donde cabe escuchar la petición de cambios y suspensiones del procedimiento. A continuación están fijados los señalamientos los días 23, 24, 25 y 30 de septiembre. Si bien, la previsión es que el procedimiento se alargue hasta diciembre.
Datos de la instrucción del caso
Según recogía a finales de octubre de 2022, el auto del Juzgado de Instrucción número 6 de Valencia que fijó los indicios de delito, Sergio Blasco, exgerente del Hospital Provincial de Valencia, puso en pie "un entramado de empresas y personas que obtuvieron un beneficio ilícito de la adjudicación de concursos públicos a empresas de conocidos", que a su vez "subcontrataban supuestos servicios y trabajos a otras empresas de la misma trama, sin que estas ejercitasen actividad alguna, pero justificando con ello los pagos que se efectuaban, sirviéndose asimismo de estas empresas para cobrar comisiones directas e indirectas".
El auto destacaba que los presuntos beneficios ilícitos fueron repartidos entre los integrantes de la organización desmantelada en la operación. En cambio, el instructor dejó fuera de la causa al exconsejero Rafael Blasco, que durante el periodo investigado fue consejero de Ordenación del Territorio, Sanidad y Solidaridad y Ciudadanía en gobiernos del PP, porque en ninguno de los expedientes estudiados dio "orden, indicación o sugerencia alguna" para decidir qué empresas debían recibir los contratos investigados.
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