"Los conflictos de interés existen desde el momento en que la innovación depende de la industria, pero la desarrollan los profesionales sanitarios". Este fue el punto de partida que recordó César Rodríguez Sánchez, presidente de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), durante su intervención en el XXIX Congreso Nacional de Derecho Sanitario, que se ha celebrado en Madrid el 16 y 17 de noviembre, y al que Diario Médico ha sido invitado.
Explicó la dificultad de encontrar a un profesional sanitario sin conflicto de intereses para la evaluación de determinados fármacos: "Hoy no existen profesionales sanitarios expertos en una materia que no tengan conflictos de intereses".
¿Qué se puede hacer? Pues Rodríguez Sánchez apuntó la necesidad de ser transparentes en la declaración de estos conflictos de intereses, teniendo en cuenta que no todos comprometen de la misma manera.
Transparencia
"El conflicto de interés no puede ser una traba para que los verdaderos expertos evalúen los medicamentos, de manera que si se transparentan, estandariza y comunica adecuadamente, el tener conflictos de interés no puede ser un obstáculo para que los verdaderos expertos participen en la evaluación de los medicamentos. Porque, al final, terminarán realizando la valoración de los medicamentos profesionales que no han tenido ningún contacto con la innovación terapéutica que se está analizando. Con la cual, los conflictos de interés, sí, pero adecuadamente transparentados, estandarizados y que permitan en todo momento saber que quién ha realizado la evaluación pueda tener un conflicto que esté dentro de los límites establecidos", detalló el experto.
Establecer estos límites puede ser complicado. El presidente de la SEOM puso ejemplos. Calificó de conflicto de interés indirecto "el que tiene un investigador al que la farmacéutica le paga el viaje y la estancia para ir a su Congreso médico, porque, de otro modo el profesional español, que no el americano, tendría que destinar varios meses de salario para poder ir ". Por otro lado, señaló que "un investigador no puede evaluar un medicamento de una compañía en la que tenga acciones, él o su esposa, porque es un conflicto de interés directo".
Reglamento HTA
Las evaluaciones a las que se refiere Rodríguez Sánchez son las que se producen dentro de la Agencias Española de Medicamentos para autorizar y decidir sobre la financiación de los fármacos innovadores. Este procedimiento se encuentra en plena revisión normativa por el Reglamento europeo sobre evaluación de tecnologías sanitarias (HTA) y por el real decreto de evaluación de tecnologías sanitarias, donde se plantea un nuevo mecanismo para la elaboración de los informes de posicionamiento terapéutico (IPTs).
Junto al presidente de SEOM intervinieron en el debate sobre las perspectivas en la evaluación terapéutica de los medicamentos, Ana Bosch Jiménez, directora del Departamento Jurídico de Farmaindustria; Antonio Álvarez Pérez, jefe del departamento de Uso Humano de la Aemps y el abogado Álvaro Lavandeira, experto en Derecho sociosanitario.
Los ponentes, moderados por Luis Calvo Sánchez, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Burgos y miembro de la Asociación Española de Derecho Sanitario, estaban de acuerdo en la necesidad de que los profesionales sanitarios expertos estuvieran en la evaluación de los medicamentos que hace el Ministerio de Sanidad para decidir sobre su financiación.
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