Agosto de 2023. Transcurridos más de 20 años de la promulgación de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud y del Real Decreto 1030/2006 que la complementa, todas las prestaciones sanitarias públicas de la cartera de servicios definidas en dicha normativa están bien desarrolladas, bien definidas y se han puesto en marcha con cierta armonía en todo el estado español.
Todas menos una: la medicina paliativa (o cuidados paliativos). Precisamente los pacientes más débiles y sus familiares, los que más riesgo de sufrimiento tienen, son los más desamparados por parte de quien debiera protegerles con especial énfasis, el Sistema Nacional de Salud. No se trata de un problema pequeño ni un fenómeno poco frecuente. Cuando alguien padece una enfermedad avanzada con pronóstico vital comprometido, ésta se convierte en el proceso más importante de su vida y de la vida de sus personas más cercanas. Y no son pocas las personas que atraviesan esta situación.
Al menos tres cuartas partes de los más de 450.000 fallecidos al año en España precisan cuidados paliativos y, entre ellos, unos 135.000 necesitan la intervención de un equipo especializado. Entre estos pacientes y su círculo social más íntimo, son unos 3 millones de personas las afectadas anualmente por la enfermedad terminal y sus consecuencias.
El Plan y la Estrategia en paliativos
Por requerimiento de las autoridades europeas, el Ministerio competente en sanidad en España tomó algunas medidas en la primera década de este siglo. Así, en el año 2000 se publicó el Plan Nacional de Cuidados Paliativos, con escasa repercusión práctica, y en el año 2007 la Estrategia en Cuidados Paliativos en el Sistema Nacional de Salud que venía a intentar armonizar la prestación en todo el territorio español y a marcar una serie de objetivos comunes mínimos en todos los servicios regionales de salud. Desgraciadamente, cuando todo había de ponerse en marcha, la gran crisis económica y los recortes asociados a ella dieron al traste con todo lo que se había planeado.
A partir de ahí, cuando había que retomar la puesta en marcha de un sistema universal, integrado, accesible y equitativo, casi todo el mundo ha mirado hacia otro lado. Es cierto que se han promulgado Leyes al respecto en diez comunidades autónomas y que hay definidos planes o programas de cuidados paliativos en dieciséis comunidades y en el territorio Ingesa, pero ni las leyes regionales aportan todos los derechos que realmente necesitan los afectados, ni los planes se ejecutan según lo previsto, de forma que el problema se queda sin resolver.
Hace relativamente poco tiempo, en 2018, el Consejo de Europa redactó un informe muy claro con recomendaciones para todos los países miembros sobre la provisión de los cuidados paliativos. De una forma muy esquemática el Consejo solicitaba integrar estos cuidados en el Sistema Nacional de Salud, dotar de adecuada formación y acreditación a los profesionales, crear el suficiente número de equipos especializados o asegurar la enseñanza en todas las facultades de ciencias de la salud entre otras medidas.
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