Fin de legislatura en Extremadura: cuatro años dedicados a recuperar derechos de pacientes y profesionales

Según el consejero de Sanidad de Extremadura, José María Vergeles, la que ahora termina “ha sido una legislatura que podríamos definir como de recuperación de derechos perdidos, tanto para los ciudadanos como para los trabajadores de la sanidad extremeña”.

Según detalla a Diario Médico, “al inicio de legislatura teníamos una situación muy complicada en cuanto a cierre de servicios sanitarios, listas de espera abultadísimas y ocultas, así como una obsolescencia tecnológica”. Eso, “unido a los derechos perdidos por el Real Decreto 16/2012, provocaban una situación muy complicada para la sanidad pública extremeña”.

A ello se sumaba una deuda económica de más de 400 millones de euros y un periodo medio de pago a proveedores superior con creces a los 120 días.

Para revertir esta situación, según Vergeles, se ha invertido “en la apertura de nuevos servicios, recuperación de los servicios que se habían cerrado, inversiones en infraestructuras sanitarias y en alta tecnología, lo que ha permitido dos cosas: la primera, que se mejorase la calidad de la atención sanitaria a los extremeños, pero, además, que los profesionales desarrollasen su ejercicio profesional en mejores condiciones”.

Los hechos más significativos han sido la apertura del Hospital Universitario de Cáceres y la puesta en marcha del programa de trasplante renal de donante vivo.

Además, “hemos cuadrado las cuentas sin descuadrar la vida de las personas. Fruto de este compromiso político, hemos sido capaces de reducir la deuda y el periodo de medio pago a proveedores, con unos presupuestos sanitarios crecientes en todos los ejercicios; así hemos incrementado el presupuesto en sanidad en toda la legislatura en 950 millones de euros aproximadamente”.

En cuanto a la recuperación de derechos laborales, Vergeles destaca “la reducción de la tasa de temporalidad en el empleo del 21% al 8%, la convocatoria de la mayor oferta de empleo público en sanidad, la convocatoria de concursos de traslado, la recuperación de la carrera y el desarrollo profesional y la incentivación en las zonas de difícil cobertura”.

Deterioro de los servicios

Mientras tanto, el PP sostiene que “la consideración por parte del PSOE de que las listas de espera son un periodo de reflexión para que el paciente decida si quiere o no operarse es el fiel reflejo de lo que ha sido la gestión sanitaria en esta legislatura, marcada por el deterioro de los servicios y por la pérdida de profesionales que se han marchado”.

A juicio del principal partido de la oposición, “al evidente menoscabo que han sufrido las infraestructuras sanitarias en estos cuatro años, se añade el incumplimiento sostenido en la construcción de obras que llevan décadas anunciadas. Y, como hecho especialmente significativo, está el caótico servicio de transporte sanitario que tiene en vilo a los ciudadanos, con la amenaza de una huelga indefinida de los trabajadores del sector”.

Por su parte, desde Podemos se califica esta legislatura como “una oportunidad perdida”. Así, la formación morada afirma que “desde el comienzo de la legislatura nos hemos preocupado, y mucho, por las condiciones laborales del personal sanitario, pero apenas nada se ha hecho (por quien estaba facultado para hacerlo) para mejorarlas. Ni las propuestas aprobadas, ni el establecimiento de cláusulas sociales han tenido un impacto efectivo o han supuesto mejoras sustanciales en la calidad del empleo, y todo ello debido a la apatía de una consejería que se ha dejado llevar por la inercia heredada del PP”.

Destacan también desde Podemos el problema con el transporte sanitario, “donde se pasa de padecer un Consorcio de Ambulancias que creyó tener carta blanca para disponer a su antojo -sin consecuencia ninguna- a la situación con Ambulancias Tenorio, que no solo repite los mismos fallos del Consorcio, sino que los amplía, empeorando, además, la calidad del servicio que reciben los pacientes”.

Otro de los ejes en que Podemos ha trabajado en esta legislatura es el de los hábitos de vida saludable y su repercusión en el gasto de fármacos, defendiendo, además, que “la formación de los profesionales no debe estar nunca en manos de la empresa privada, y solo hemos hallado un muro de silencio por parte de la administración socialista”.

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