El Ministerio de Sanidad ha publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público la nueva versión del acuerdo-marco publicado hace dos semanas para la adquisición de material sanitario y equipos de protección individual destinados al Sistema Nacional de Salud (SNS) y otras instituciones del Estado. El objetivo es dotarse de una reserva estratégica de material frente a la Covid-19.
El importe económico total es de más de 2.578 millones de euros, frente a los más de 2.431 millones previstos inicialmente. Tiene una duración de un año con posibilidad de prórroga por un segundo año. A pesar de las modificaciones, Sanidad mantiene sus estimaciones de ahorro en unos 300 millones de euros.
El pasado 29 de julio se decidió no adjudicar el primer acuerdo marco para poder atender las peticiones de adhesión de varias autonomías que, aunque inicialmente no habían manifestado su interés en participar en el acuerdo, comunicaron finalmente su voluntad al INGESA, para evitar el riesgo de desabastecimiento de los productos incluidos en la licitación.
Concretamente, al nuevo acuerdo se suman Murcia, Galicia, Cataluña y País Vasco. Estas dos últimas se han adherido por primera vez al sistema de compras centralizadas y se incorporan también por primera vez a un acuerdo marco de compra centralizada. La Comunidad Valenciana sería la única que se quedaría fuera. Participan también el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior, además del INGESA.
Los pliegos se han modificado en función de las necesidades de las autonomías que se han incorporado y para facilitar la presentación de ofertas e incrementar la concurrencia y así poder tener satisfacer las necesidades de todas las comunidades, según ha informado el ministerio.
En concreto se adquirirán, en un plazo de dos años, 4.200 millones de unidades de batas quirúrgicas, guantes de nitrilo, gafas de protección, mascarillas quirúrgicas tipo II y IIR, mascarillas de protección FPP2 y FPP3, test moleculares COVID-19 (PCR) y kits de extracción, frente a los 3.700 del acuerdo-marco previo.
Los precios unitarios establecidos son precios máximos y se han calculado teniendo en cuenta los que hay en el mercado, previa consulta a los servicios de salud de las autonomías. Por lo tanto, las empresas podrán ofertar distintos productos (con precios diferenciados) siempre que cumplan con los requisitos técnicos y administrativos exigidos y no superen el precio máximo de licitación.
Como el objetivo es que la adjudicación se realice en agosto, para que las autonomías puedan realizar contratos basados en este acuerdo-marco al final de este mes y que las empresas adjudicatarias puedan comenzar a suministrar a los servicios de salud en el mes de septiembre, se ha hecho una tramitación de urgencia.
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