El Consejo de Ministros ha aprobado recientemente el proyecto de ley por el que se reforma la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación, de 2011, que dotará de más recursos, derechos y estabilidad al personal dedicado a la I+D+i, según ha informado la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant. “Es un texto transformador, que cumple con las demandas de la comunidad científica”, ha dicho, aunque representantes del sector ya han venido a decir que, para que suponga un gran paso respecto a la normativa vigente, requiere de aportaciones más ambiciosas durante su trámite parlamentario.
Del texto ha destacado el Gobierno especialmente que incorpora alcanzar una financiación pública en I+D+i del 1,25% del PIB en 2030, que, con el apoyo del sector privado, permitirá llegar al 3% que establece la Unión Europea, aunque ha subrayado que, con eso, lo que hace es blindar la inversión en el futuro, porque ahora considera que ya lo está cumpliendo. Por comparar: Israel, que es una potencia mundial en investigación, le dedica el 4,9% del PIB.
Al texto que ha salido del Consejo de Ministros que preside Pedro Sánchez, según expertos, le falta sustancia sobre trasferencia de tecnología al tejido productivo nacional, que es algo que llevamos especialmente mal, en España y el resto de la Unión Europea.
Nuestro país ha mejorado mucho en las últimas décadas en su contribución a la ciencia, tal y como demuestra que ahora veamos con frecuencia apellidos y centros españoles en los artículos que publican las revistas científicas con mayor factor de impacto mundial. Pero una cosa es la cantidad y otra, la calidad, la competitividad y la trasferencia de esos avances; el qué pasa finalmente con todo el trabajo que hay detrás de ellos (si hay retorno para la economía del país o, en el caso del ámbito sanitario, si hay retorno en términos de resultados en salud).
Porque esto de la I+D+i, aunque a veces no lo parezca, no va de número de publicaciones en revistas con alto factor de impacto sino de contribuir, con aportaciones de calidad y muy competitivas, al desarrollo económico y social. Cuando escribo sobre un artículo publicado por un investigador nacional en alguna revista científica de postín siempre me asalta la misma duda: ¿Qué acabará pasando finalmente con esto? El papel todo lo aguanta, que decimos los periodistas; pero la realidad es muy suya.
He leído que, a igual financiación de la Unión Europea, un proyecto tiene menos posibilidades de éxito en España que, por ejemplo, en los Países Bajos, que tiene mejor estrategia científica que nosotros. Ésto, si es cierto, nos lo tendríamos que hacer mirar.
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