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No es la primera vez que lo ponen sobre la mesa, pero hoy la petición de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) cobra especial significado, porque la vuelven a hacer la misma semana que el Consejo de Ministros aprobará la controvertida reforma de la Ley de la Ciencia. El órgano que reúne a 76 universidades españolas pide a todos los grupos parlamentarios que el Congreso acuerde una "financiación estructural basal, en números absolutos, adecuada y plurianual para la I+D+i". Esa partida debería incrementarse, además, en cada ejercicio para alcanzar "el compromiso adquirido con la UE del 1,25% del PIB de financiación pública para ciencia", según el órgano que preside José Carlos Gómez Villamandos, rector de la Universidad de Córdoba.
La reforma de la ley que impulsa el Ministerio de Ciencia e Innovación, y que el viernes aprobará el Consejo de Ministros, no habla de una partida específica, aunque sí de un aumento progresivo de la inversión, hasta alcanzar ese 1,25% que mencionan los rectores. CRUE estima que ese porcentaje debería elevarse en el mismo periodo hasta el 3% con la aportación financiera del sector privado.
CRUE espera que capital público y privado eleven el PIB de Ciencia al 3% en 2030
Los rectores recuerdan, además, que los fondos europeos de recuperación, conocidos como Next Generation supondrán "una fuente importante de financiación", pero matizan que tienen una caducidad establecida y "si no se aprovechan para reforzar estructuralmente un sistema muy dañado y próximo al agotamiento, como consecuencia de la crisis económica primero y la sanitaria después, será, posiblemente, la última oportunidad perdida". En este sentido, y al margen de los Next Generation, los rectores piden a todo los grupos políticos que lleguen a un consenso para que los los fondos de cohesión de la UE que se dedican a financiar la I+D+i (fundamentalmente, FEDER y FSE) se aporten "con un criterio de adicionalidad", y no de sustitución de los fondos de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), como se viene haciendo hasta ahora.
El comunicado de los rectores recuerda que el sistema universitario español (SUE) aporta actualmente el 70,3% de las publicaciones científicas al Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI), y que las universidades españolas generan, en el conjunto de todos los campos de investigación, nada menos que el 77,90% de las publicaciones españolas que se sitúan en el primer decil y el 84,89% de las colaboraciones internacionales en materia investigadora.
La universidad sólo recibe el 60% del dinero destinado a proyectos públicos de I+D+i
A pesar de esos mimbres, el último informe de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) admite que las universidades sólo recibieron el 60,5% de la financiación correspondiente a proyectos de investigación en las convocatorias estatales de 2020, "una tendencia que -según la Conferencia de Rectores- se consolida desde hace años y que da lugar a un proceso creciente de infrafinanciación de grupos de investigación de alto potencial, con alto riesgo de desaparición".
Otra de las peticiones de los rectores tiene que ver, precisamente, con esta Agencia, para que "desarrolle todo su potencial". CRUE apela a la "voluntad política y, posiblemente, a algún cambio normativo" para que la AEI se convierte en un "agente financiador ágil" que pueda optimizar los recursos disponibles sin las trabas burocráticas y la lentitud inherente a la propia Administración.
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