La petición que no cesa y la Administración que no escucha, llámese ésta Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Ministerio de Hacienda o Ministerio de Sanidad. Este es el argumento de la película que Gobierno central y sindicatos de clase llevan años representado con un protagonista principal: la jubilación anticipada del profesional sanitario a los 60 años. El argumento es de sobra conocido: los sindicatos, todos, reclaman ese "derecho" por activa, por pasiva, en la calle, ante los tribunales, en los despachos... y la Administración -también toda ella, aunque generalmente por boca del ministro José Luis Escrivá- da largas o directamente dice que "ahora no toca".
El último capítulo, de hoy mismo, ha sido la nueva carta que la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO (FSS-CCOO) ha remitido al ministro Escrivá para pedirle que se inicie el estudio para el establecimiento de los coeficientes reductores de la edad de jubilación en los sectores sanitario y sociosanitario. Es la tercera vez -la primera data del año 2021- que CCOO remite un escrito similar, y la última (el pasado junio) lo hizo acompañado por más de 150.000 firmas de ciudadanos y sanitarios. Y no será por firmas, porque la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) le puso al ministro sobre la mesa el pasado mes de febrero otras 60.522 firmas para intentar hacerle ver que si algún colectivo profesional merece disfrutar de la posibilidad de la jubilación anticipada, ese es el de los sanitarios.
Humberto Muñoz, secretario general de la FSS-CCOO y firmante de la carta, le recuerda a Escrivá que el Acuerdo Marco para una Administración Pública del Siglo XXI, firmado en noviembre de 2022 por la Ministra de Hacienda y Función Pública, CCOO y UGT, y publicado en el BOE tras ser refrendado por el Consejo de Ministros, "recoge el compromiso de realizar las modificaciones legislativas que procedan, incluyendo las que afecten a la legislación de la Seguridad Social, para hacer posible y facilitar la jubilación parcial anticipada de los empleados y empleadas al servicio de las administraciones públicas, por lo que urge dar cumplimiento a ese acuerdo y proceder a la negociación de esas modificaciones legislativas con carácter inmediato".
Todas las organizaciones sindicales, fuera y dentro del Ámbito de Negociación, llevan años reclamando que el personal sanitario tenga derecho, como otros colectivos (mineros, policía local, bomberos, pilotos...), a una jubilación anticipada, parcial y voluntaria, mediante la aplicación de coeficientes reductores en el cálculo de la pensión y atendiendo a la "especial penosidad" de su actividad laboral. El artículo 206 de la Ley General de la Seguridad Social deja claro que "la edad mínima de acceso a la pensión de jubilación podrá ser rebajada (...) en aquellos grupos o actividades profesionales cuyos trabajos sean de naturaleza excepcionalmente penosa, tóxica, peligrosa o insalubre y acusen elevados índices de morbilidad o mortalidad".
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