La incidencia de la pandemia ha mejorado en la última semana en Cataluña en los territorios que días atrás mostraban peor control (Lérida y el Segrià; Hospitalet de Llobregat, Cornellà y Barcelona ciudad, y Figueras y Vilafant, en Gerona) pero está subiendo en la segunda corona del cinturón de la capital catalana, el Vallés Oriental y el Vallés Occidental, según han explicado en rueda de prensa el secretario de Salud Pública, Josep Maria Argimon, y el coordinador de la Unidad de Seguimiento de la Covid-19 en Cataluña, Jacobo Mendioroz.
Han admitido que les preocupa especialmente la tendencia al alza en las ciudades de Granollers, Sabadell, Terrassa y Ripollet, donde se van a hacer esta semana cribajes masivos (se ofrecerán pruebas PCR puerta a puerta y con carpas móviles) para poder identificar casos positivos y sus contactos y parar así las cadenas de transmisión.
Argimon ha reconocido que ahora la estrategia que sigue el Gobierno catalán es “más proactiva”, con más medidas que la de dictar resoluciones para que las aplique la población en cada territorio. Además, ahora ya se cuenta con los ayuntamientos y sus mediadores y agentes sociales, con la atención primaria y los hospitales y el Servicio de Emergencias Médicas.
En el conjunto de Cataluña, han insistido, la situación va mejorando. Los datos muestran que la comunidad autónoma ha pasado de tener una tasa semanal de 83,93 casos por 100.000 habitantes a 77,7; con un descenso de la Rt, que mide la velocidad de reproducción, de 1,5 a 1, y una disminución del Riesgo de rebrote, mostrando una tendencia descendente que indica un ritmo de ralentización de los contactos. En todas las regiones sanitarias de la comunidad han mejorado la Rt y el riesgo de rebrote, salvo si se analizan las tasas de casos positivos, que han aumentado ligeramente en Tierras del Ebro, en Tarragona, y las áreas metropolitanas norte y sur de Barcelona.
El presidente de la Generalitat, Quim Torra, por su parte, en la comparecencia tras la reunión del Consejo Ejecutivo de los martes, también ha dicho, respecto a la evolución de la Covid-19 en la región, que, en los últimos diez días, "la situación epidemiológica ha mejorado globalmente", lo que indica que "las medidas aplicadas están dando resultados positivos", pero ha alertado de que "seguimos en una situación difícil (…). No es que no podamos bajar la guardia, es que si no seguimos con una alerta vigilante y una actitud en tensión, podríamos perder todo aquello que tanto nos cuesta ganar", ha insistido.
El ‘Govern’ ha aprobado transferir a sus departamentos 1.118 millones de euros provenientes de la ampliación de los presupuestos de 2020, que se destinarán a reponer los recursos que en los últimos meses las consejerías han tenido que adelantar de sus presupuestos anuales para cubrir gastos de emergencia derivados de la Covid-19. Un total de 846,8 millones de euros son para el Departamento de Salud, para cubrir gastos efectuados por el Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) y el Instituto Catalán de la Salud (ICS); 3,15 millones, para la contratación de rastreadores .
Adhesión a la compra centralizada nacional
También ha aprobado convalidar el acuerdo suscrito el 31 de julio de 2020 entre el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria y la Generalitat de Catalunya, a través del CatSalut, para la adhesión al sistema de adquisición centralizada estatal de medicamentos, servicios y productos sanitarios. “Dada la situación de pandemia de la Covid-19, el Gobierno ha valorado como conveniente la suscripción de este acuerdo una vez se ha realizado el examen estratégico, técnico y de oportunidad de las necesidades futuras que pueden afectar la atención a la salud y la salud comunitaria, en el contexto de gestión de los servicios públicos, incluidos los suministros imprescindibles para su funcionamiento, en el marco de esta crisis sanitaria mundial”, ha informado.
Además, le ha dado luz verde al proyecto de decreto ley por el que se establece el régimen sancionador específico para los casos de incumplimiento de las medidas de prevención y contención sanitarias para hacer frente a la crisis sanitaria provocada por la Covid-19. Esta norma clasifica las infracciones y detalla las sanciones pertinentes para cada situación de incumplimiento, que irán desde los 100 € por no llevar mascarilla hasta los 600.000 € en los casos muy graves.
Por otro lado, el Departamento de Salud ha suspendido hoy la actividad de una empresa hortofrutícola del Bajo Segre, en Lérida, una zona con un problema crónico por las condiciones de vida y de trabajo de los temporeros. La Inspección de Trabajo descubrió que 19 personas habían dado positivo a PCR de Covid-19 y continuaban trabajando a pesar de conocer el resultado del PCR.
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