El Servicio Vasco de Salud-Osakidetza ha conseguido algo que, sobre el papel, no resulta fácil: concitar la unanimidad de todos los sindicatos que integran la Mesa Sectorial de Sanidad (Satse, ELA, LAB, Sindicato Médico de Euskadi, CCOO y UGT)..., unanimidad en contra de la política laboral del Departamento vasco de Salud. Tal es esa unanimidad y tan manifiesto es el malestar sindical que el pasado jueves, como pórtico a la reunión negociadora que mantuvieron con la Administración, representantes de todos los sindicatos se concentraron frente a la sede de los Servicios Centrales de Osakidetza. En el capítulo de agravios, dos con letra mayúscula: la "excesiva" tasa de temporalidad y la revisión del convenio regulador laboral, que lleva sin actualizarse desde hace 14 años.
Con respecto a la temporalidad, los sindicatos alertan de la posibilidad -más que cierta, a su juicio- de que Osakaidetza llegue a perder hasta 2.209 plazas sanitarias si la Administración vasca no toma medidas inmediatas. Según los datos que la Dirección de Recursos Humanos ha facilitado a los representantes sindicales, el servicio público de salud tiene (a fecha de 31 de agosto) un total de 8.526 trabajadores con nombramiento temporal, pero 2.209 de esos trabajadores son nombramientos eventuales previos a la modificación del Estatuto Marco, y, según los sindicatos, estas son las que corren el riesgo de perderse.
En julio de 2022, el Gobierno central y los sindicatos llegaron a un acuerdo para abordar una modificación parcial del Estatuto Marco que adecuara su contenido al mandato de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad. En virtud de esa modificación, se suprimió de facto la figura del eventual sanitario y se estableció que las plazas temporales deberían convertirse en estructurales al superar los dos años de duración.
Ahora bien, el paso previo para que esas nuevas plazas tengan la condición de estructurales es que Osakidetza les asigne unos códigos específicos para su inclusión en las plantillas orgánicas, y la Administración ya ha avanzado que no tiene previsto crear más códigos hasta que se resuelva la OPE de estabilización, en curso en todas las autonomías en virtud de la Ley de 2021.
El objetivo último de esa ley estatal es que la temporalidad en la Administración pública, en todas las administraciones públicas, no supere el 8% a finales de 2024, pero Jasone P. Onaindia, responsable de UGT-Sanidad de Euskadi, recuerda que en Osakidetza "hay servicios en los que la temporalidad está por encima del 50% y, lejos de avanzar, ahora prevé la finalización de más de 2.200 contratos temporales de larga duración, que se han demostrado que son plazas estructurales, pero que no tienen código asignado". UGT remacha que, con el Estatuto Marco en la mano, la demora en codificar esas plazas implica "el fin de los contratos temporales, la amortización de esos puestos, el cese de los trabajadores y trabajadoras y la merma de una plantilla que, de por sí, ya es muy escasa".
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