Ni la publicación de los últimos informes de posicionamiento terapéutico (IPT) con las correcciones apuntadas por la Audiencia Nacional en su sentencia ni el reconocimiento de que la intención del Ministerio de Sanidad sigue siendo aprobar un Real Decreto con el nuevo plan para los IPT puede llevar a concluir que el Ministerio de Sanidad descarta recurrir la sentencia de la Audiencia.
¿Por qué? Porque Diario Médico y Correo Farmacéutico ha preguntado al Ministerio de Sanidad sobre el recurso al fallo que admitió los argumentos de Farmaindustria y tumbó el Plan para la consolidación de los informes de posicionamiento terapéutico de los medicamentos en el Sistema Nacional de Salud y Sanidad ha respondido este 18 de septiembre que "la decisión sobre el recurso se estudiará las próximas semanas". En todo caso, tiene que ser antes del 4 de octubre, que es cuando termina el plazo para recurrir el fallo.
Como explica Farmaindustria, desde la aprobación de la sentencia la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (Aemps) ha publicado IPT de siete medicamentos y 14 nuevas indicaciones. Y se han detectado tres cambios:
- Desaparece cualquier mención a Revalmed o a la Comisión Permanente de Farmacia y la Aemps asume la autoría.
- Ninguno de ellos había sido seleccionado como piloto por el anterior Plan y carecen del apartado de evaluación económica.
- No se incluye el apartado de consideraciones finales de Revalmed, en el que se informaba de la situación de financiación,
"El informe de posicionamiento terapéutico (IPT) no puede tener un contenido económico". Así se pronuncia Farmaindustria sobre los informes de IPT realizados por la Red de Evaluación de Medicamentos (Revalmed), aprobada en julio de 2020, con el objetivo de potenciar la evaluación económica de los IPT, creados en 2013. Sin embargo, esta postura no es compartida por el Grupo Génesis de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH) ni por la Asociación de Economía de la Salud (AES), aunque comprende el fondo del asunto.
"El sistema de evaluación es mejorable. Proponemos una Redets versión 2.0" (Anna García-Altés)
Anna García-Altés, presidenta de AES, señala a este medio que "el sistema de evaluación es mejorable. Al igual que existe una Red Española de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Prestaciones del Sistema Nacional de Salud (Redets), proponen "una versión 2.0 para que se incluyan criterios de efectividad comparada, teniendo en cuenta fármcos para la misma indicación". E indica que "falta un marco normativo. Farmaindustria tiene toda la razón".
Dicho esto, García-Altés aboga por incorporar la evaluación económica: "Es una pieza más. El presupuesto de Sanidad es limitado. No hay para todos. Los economistas decimos que la valoración económica pone en una balanza lo que hacemos con su coste. Cada vez hay fármacos más caros, de hasta 50.000 euros y más por persona. Esto, a corto plazo, será insostenible".
Oportunidad para una nueva regulación
Farmaindustria cree que se abre ahora la oportunidad de acometer una nueva regulación de los IPT, para lo que propone, entre otras cuestiones, que la competencia sea de la Aemps y que el contenido se limite a la evaluación técnico-científica del beneficio clínico comparado de los medicamentos, no contenido económico.
Farmaindustria considera que "el Plan fue aprobado por la Comisión Permanente de Farmacia, órgano manifiestamente incompetente para ello, pues se trata de una comisión de trabajo integrada en el Consejo Interterritorial, que tiene la consideración de una Conferencia Sectorial y funciones puramente asesoras".
Además, respecto a la evaluación económica, señala que vulnera la disposición adicional tercera de la Ley 10/2013. Esta disposición indica que "las actuaciones orientadas a establecer la posición de un medicamento en la prestación farmacéutica y su comparación con otras alternativas terapéutica tendrán una base científico técnica común para todo el Sistema Nacional de Salud y se realizarán en el marco de los informes de posicionamiento de la Aemps. Dichos informes tendrán carácter vinculante".
Farmaindusria defiende que el nuevo modelo de gobernanza se articule en el Real Decreto de Precio y Financiación, "en el que puedan desarrollarse, en su caso, los aspectos de evaluación económica".
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