Mensaje institucional para un día institucional, grabado en vídeo, y difundido por boca de un responsable de Sanidad en funciones. El ministro José Miñones ha hecho los deberes y hoy, Día Mundial de la Prevención del Suicidio, ha cumplido con el protocolo inherente al cargo: ha hablado del suicidio como una "lacra" y ha explicitado la "decidida apuesta" del Gobierno por combatirla; ha recordado que ese mismo Ejecutivo ha actualizado la Estrategia de Salud Mental y que, aprovechando la Presidencia de España de la Unión Europea, ha "elevado" a Europa el debate sobre este problema y, sobre todo, ha hecho hincapié en la eficacia del 024, el servicio telefónico de atención a la conducta suicida que, en su primer año de funcionamiento, "ha atendido ya más de 151.000 llamadas".
Hasta aquí el haber del ministerio. En el debe sigue figurando la clamorosa ausencia de un plan nacional para la prevención del suicidio, el mismo que la Declaración Europea de Salud Mental, aprobada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en la conferencia celebrada en Helsinki en 2005, recomendaba poner en marcha a todos los países miembros de la organización. Miñones no ha hecho, sin embargo, referencia alguna a la ausencia de un plan que sociedades científicas, asociaciones de pacientes, sindicatos y profesionales reclaman en vano desde hace años a gobiernos tanto del PSOE como del PP.
Si nos atenemos a las declaraciones oficiales, España tocó con los dedos ese plan nacional de prevención cuando Carmen Montón ocupó la silla del Ministerio de Sanidad. En 2017, cuando la ministra socialista era todavía consejera de Sanidad de la Comunidad Valenciana, presentó oficialmente el I Plan de Prevención del Suicidio y Manejo de la Conducta Suicida en la Comunidad Valenciana. Apenas un año después, ya como ministra, expresó públicamente su compromiso de impulsar una Estrategia de Salud Mental y un plan nacional integral de prevención del suicidio y de manejo de la conducta suicida. Su repentina dimisión dejó ese proyecto en algún cajón del ministerio... y ahí sigue.
A falta de un protocolo de prevención de ámbito nacional, en estos últimos años las comunidades autónomas han ido poniendo en marcha, en mayor o menor medida, sus respectivas estrategias, con desigual implantación, presupuestos y medios materiales y humanos muy heterogéneos y, sobre todo (y de esto es de lo que se quejan fundamentalmente profesionales y sociedades), falta de coordinación entre todos los servicios de salud.
El plan nacional que anunció públicamente Montón en 2018 sigue en algún cajón del ministerio
La estrategia nacional de Salud Mental de la que ya hablaba Carmen Montón en su día sí existe y, de hecho, es la misma a la que hoy, en su grabado mensaje institucional, ha hecho referencia el ministro de Sanidad en funciones, al decir que el Ejecutivo de Pedro Sánchez la había actualizado "tras más de 12 años inactiva". En puridad, es así: el documento se ha actualizado, se ha fijado un horizonte temporal de aplicación que abarca hasta el año 2026 y se ha definido una estrategia preventiva específica contra el suicidio bajo el nombre de Prevención, detección precoz y atención a la conducta suicida.
Esa estrategia (apenas 4 páginas de las 168 que tiene el documento) fija objetivos y acciones que, sobre el papel, todas las comunidades deben poner en marcha, pero quienes trabajan día a día en materia de prevención argumentan que, en la mayoría de las autonomías, no se están desarrollando con la necesaria celeridad. Sin ir más lejos, esta semana el sindicato CSIF, mayoritario en la función pública, denunciaba la "insuficiencia" de especialistas en salud mental en la sanidad pública, "lo que genera un retraso en las listas de espera de entre tres y seis meses". Sobre el limitado espacio que la estrategia preventiva específica tiene en el documento ministerial, el departamento de Miñones argumenta que la prevención del suicidio permea, de una u otra forma, todo el plan.
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