Desde el lunes por la noche son ya públicos los controvertidos informes técnicos en los que se ha basado el Gobierno para tomar la decisión permitir el cambio de fase o no a cada provincia. Desde hacía días se reclamaba la publicidad de estos informes al no existir un baremo o un indicador claro que determinase quién podía y quién no avanzar en la desescalada.
Un día tras otro se ha explicado en las ruedas de prensa del director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, que no bastaba un único indicador sino un balance global de la suma de varios de ellos, ya que, por ejemplo, una tasa baja de número de pruebas por 100.000 habitantes no tenía por qué significar una mala situación de la autonomía sino ser, simplemente, el resultado coherente de una menor incidencia de la enfermedad en ese territorio.
Sin embargo, había una cuestión que sí estaba claramente sobre la mesa como criterio imprescindible: la capacidad de las autonomías de realizar test para localizar en 24-48 horas cualquier positivo por coronavirus y poder así aislarlo y rastrear sus contactos, evitando nuevos brotes.
Los informes publicados ahora revelan que, sin embargo, el paso a fase 1 en el grueso de comunidades autónomas se produjo sin estar realizando los test en ese periodo, sino con tan sólo la promesa de llegar a hacerlo. Concretamente, tan sólo en el caso de La Rioja, el informe que autorizó paso a fase 1 constata que se ha realizado la prueba PCR al 100% de casos sospechosos que había en atención primaria en la semana previa a la petición del cambio de fase. Esta cifra es también significativamente alta en el caso de Galicia, donde más del 90% de sospechosos se había contrastado ya por PCR en la semana previa a la decisión de su paso a fase 1. Sin embargo, en la mayoría de las autonomías permanecían todavía más de la mitad de los casos sospechosos sin realizarse una prueba PCR en el circuito de primaria.
Situación dispar en las comunidades
En concreto, en el caso de Andalucía se había realizado prueba PCR al 52,7% de los casos. En Aragón se cifraban en el 30,7% de las sospechas en atención primaria más otro 30% que se derivó a urgencias donde se le hizo al 100% la prueba.
En Asturias, que pasó también a fase 1 en el primer informe, tan sólo se había analizado al 14% de sospechosos de los centros de salud. En Cantabria se destaca en el informe un número más elevado de pruebas PCR por habitante de media que que el resto de España pero no se especifica el porcentaje de sospechosos a los que se ha realizado la prueba.
En Castilla-La Mancha, donde Albacete, Ciudad y Toledo se quedaron en la primera ocasión en fase 0, se dice que la proporción de los sospechosos a los que se ha hecho prueba va del 30,7% al 86,5%.
Respecto a Castilla y León, donde también buena parte del territorio quedó en fase 0 en la primera ocasión, el primer informe constata que se habría chequeado al 36% de sospechosos.
En Cataluña, que quedó también con zonas en fase 0 en el primer paso de la desescalada, la situación del primer informe cifraba en el 20% los casos sospechosos de atención primaria a los que se había realizado una prueba PCR y en el 63% en el caso de las sospechas hospitalarias.
El controvertido informe de Madrid no recoge una cifra como tal sino que afirma que en esa primera ocasión “faltan detalles esenciales del circuito de identificación y confirmación de casos en atención primaria”. El informe afirma que “se recomienda ampliar la capacidad de realización de PCR ya que podría resultar insuficiente en caso de un brote”.
La Comunidad Valenciana también tardó en poder pasar por completo a fase 1. En la primera ronda de desescaladas, el informe constataba que , se habían realizado pruebas PCR al 20,7% de sospechosos.
En Extremadura que sí avanzó por completo a fase 1 el 11 de mayo, se había hecho prueba sin embargo a una cifra semejante, sólo el 26,2% de sospechosos de Badajoz y el 19,1% de Cáceres.
La capacidad diagnóstica de Galicia era ya mucho mayor sin embargo cuando se adoptó su decisión de paso a fase 1, con un 91-93% de casos sospechosos a los que se había hecho prueba PCR en la última semana.
El paso de Baleares se dio con un 100% de pruebas realizadas a casos sospechosos en el hospital pero sólo un 18% en atención primaria, llamada a ser el eje de la detección precoz de posibles brotes.
En Canarias, por el contrario, el paso se dio con ya un 82% de pruebas realizadas a los casos sospechosos en atención primaria.
Con cifras mucho más reducidas, el informe que permitió el paso de Murcia constataba que se habían realizado PCR al 41,8% de casos sospechosos con síntomas aunque se destacaba a la vez que “hasta el momento la cita para la PCR se había obtenido con un máximo de 48 horas y el resultado con 24 horas”.
En Navarra el porcentaje de sospechosos analizados alcanzaba el 60% en el momento de su paso a fase 1. Y en el País Vasco tan sólo el 41%.
La única autonomía que sí había chequeado al 100% de pacientes sospechosos en atención primaria en la semana previa a la decisión de pasar a fase 1 fue La Rioja.
La insuficiente realización de pruebas en el momento en el que se decidió el paso a fase 1 ha dado paso ahora, sin embargo, a un elevado número de pruebas realizadas, pero insuficiente personal, falta de medios diagnósticos complementarios y ausencia de refuerzo y apuesta por la atención primaria.
AP advierte que no se ha reforzado nada: "Estamos igual que en febrero"
“Hay pruebas, tenemos PCR. Pero no ha habido un refuerzo de la atención primaria, ni la planificación ni la logística que necesitamos para poder realizar esas las pruebas y hacer luego seguimiento de esos pacientes. El único cambio real es que ya no hay que pasar por Medicina Preventiva para poder hacer las pruebas”, explica Lorenzo Armenteros, portavoz de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG).
En su opinión “teniendo en cuenta la redefinición de casos sospechoso, que va mucho más allá de la patología respiratoria, necesitaríamos poder acceder a otros medios diagnósticos para poder descartar otras enfermedades, si realmente se quiere hacer descansar la estrategia de detección precoz del coronavirus en la atención primaria”. Armenteros habla así pensando en nuevas oleadas, principalmente, en el otoño junto a la gripe: “Si quieren que estemos preparados para eso y no vuelva a ocurrir lo que ha ocurrido deberían estar dotando ya de medios humanos y diagnósticos a la primaria y eso no ha ocurrido”.
Desde la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria, Salvador Tranche hace un diagnóstico muy semejate: “No ha habido ningún tipo de refuerzo de la atención primaria ni parece que vaya a haberlo. Estamos exactamente igual que hace un mes y medio en pleno pico de la epidemia. Tan sólo Baleares ha dicho que reforzará los centros con una enfermera en cada centro de salud principalmente para labores de “rastreadores”, y Murcia con un médico y una enfermera principalmente para poder hacer atención sanitaria a las residencias de ancianos. Pero en el resto no ha habido ningún tipo de refuerzo de la atención primaria, sólo de los equipos de salud pública, que estaban realmente abandonados, pero no de la primaria”.
En opinión de Tranche “haría falta reforzar tanto con recursos humanos como tecnológicamente las consultas de los centros de salud, porque tenemos que retomar la actividad sanitaria normal, con las consultas que se han ido aplazando todos estos meses, y deberíamos estar preparados para empezar a atender y hacer seguimiento telefónico a pacientes en caso de rebrotes y ni siquiera una cuestión tecnológica tan básica como esa se ha modificado”.
En recursos humanos la preocupación es si cabe mayor “porque hay autonomías que hasta barajan empezar a contratar licenciados sin especialidad de familia para reforzar los centros durante las vacaciones porque los nuevos MIR no llegarán hasta septiembre y sin embargo se ha dejado marchar a todos los residentes que han terminado esta semana sus años de residencia sin hacerles un contrato razonable. El número de casos ahora es bajo, pero llegará otoño y no va a coger con la misma falta de medios humanos, de recursos materiales y de falta de organización que nos cogió la epidemia en febrero porque nada ha cambiado realmente”.
Miedo a cambiar de fase en sólo una semana
Ambos expresan además su preocupación por la rapidez que está impregnando a las últimas decisiones “los cambios de fase están llegando demasiado rápido, o al menos más rápido de lo que está yendo la reorganización de la atención sanitaria”, explica Armenteros.
Tranche se suma también a esta preocupación: “Entendemos la preocupación por la economía, la entendemos porque sabemos que la pandemia de pobreza que nos viene tiene también consecuencias para la salud y nos precupa, pero nos asusta aún más la rapidez con la que se quiere pasar de fase en sólo una semana cuando sabemos que para ver los efectos de los cambios de fase y caminar sobre seguro hacen falta al menos 2-3 semanas de plazo”, concluye Tranche.
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