La regulación de la eutanasia y/o el suicidio asistido vuelve a estar en el ojo del huracán con la última Proposición de Ley Orgánica presentada en el Congreso de los Diputados. Es la tercera en los últimos doce meses. Por otro lado, es obvio que la percepción social y profesional ha cambiado en los últimos años; hay encuestas realizadas en nuestro país por distintas organizaciones que cifran en más del 80% la demanda de esta regulación.
Esta situación es el motivo de que durante el congreso virtual que está celebrando la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI) haya celebrado una mesa redonda para exponer las modificaciones legales que se plantean, aportar claridad conceptual y reflexionar sobre una realidad que puede llegar pronto.
La regulación de la eutanasia en general y la propuesta gubernamental en particular continúan siendo objeto de debate entre los expertos. En la SEMI no existe una postura unitaria y ha querido utilizar este foro para presentar argumentos sólidos a favor y en contra. Eso sí, una de las ideas en las que se ha insistido es que la distinción entre los cuidados paliativos y la eutanasia debe estar clara, son dos marcos de discusión diferentes. “El debate sobre la regulación de la eutanasia debe distinguirse de los cuidados paliativos y no debe ir en detrimento de los mismos. Los cuidados paliativos se deben repensar, reforzar y aplicarse de forma precoz, no sólo al final de la vida”, ha defendido Diego Real de Asúa, coordinador del Grupo de Trabajo de Bioética y Profesionalismo de la SEMI, que en el congreso ha realizado un esbozo del panorama actual y del marco legal.
Benjamín Herreros Ruíz-Valdepeñas, especialista en Medicina Interna del Hospital Universitario Fundación Alcorcón de Madrid, que ha expuesto los argumentos a favor de la legalización, ha rechazado precisamente que exista un dilema entre la eutanasia y los cuidados paliativos: “Es un dilema falso. No hay nada que nos haga pensar que no se puede trabajar sobre las dos situaciones clínicas, sin negar que haya que mejorar los cuidados paliativos”. De hecho, ya hay experiencias en las que este tipo de cuidados se aplica en etapas anteriores al final de la vida con el fin de ofrecer a la persona con una enfermedad ayuda física, mental, social y espiritual.
Carlos Gómez Virseda, de la Universidad de la Universidad KU Leuven (Lovaina, Bélgica), que ha sido el encargado de presentar los argumentos en contra, ha sostenido que una muerte digna no es sólo el momento en el que se muere sino que compendia otros muchos aspectos que están contemplados en los cuidados paliativos, pero que el problema es que no llegan a todos: “Su cobertura es del 50%, más de 75.000 pacientes, sobre todo crónicos, no tienen acceso. Es irresponsable una ley de eutanasia cuando no se puede ofrecer a todos los pacientes que sufren otras posibilidades”.
Para Benjamín Herreros el principal argumento a favor de la regulación de la eutanasia se basa en que un ser humano libre, autónomo, capacitado, competente, informado y que ha deliberado, debe poder autogobernarse y que ese autogobierno incluye la gestión de su propio cuerpo sin dañar a los demás. Entiende Herreros que lo moral y ético no es lo legal ni lo que marca el código deontológico, ni que el objetivo de la medicina sea sólo preservar la vida a toda costa: “La salud es curar, prevenir y otras veces paliar. Si fuera así, también habría que prohibir situaciones como la sedación paliativa”. La denominada pendiente resbaladiza es otro pseudoargumento, en opinión de este especialista: “Pensar que la regulación de la eutanasia es abrir la puerta a otras prácticas reprobables es como pensar que la fecundación in vitro puede abrir la puerta a que todos los niños nazcan mediante este método”.
Gómez Virseda, sin embargo, considera que la pendiente resbaladiza no es un argumento baladí porque hay ejemplos en los países en los que se ha puesto en marcha la eutanasia: “En los Países Bajos han aumentado los casos de eutanasia no voluntaria, es decir, que no se han dado los requisitos para que sea voluntaria, porque haya habido una petición muy anterior o el médico ha interpretado que es el deseo del paciente”. Este experto cree que la decisión personal de querer morir no puede ser un derecho prestacional por parte del estado y que las leyes tienen un componente educativo y consecuencias sociales de manera que ancianos y discapacitados pueden convertirse en colectivos vulnerables: “Se habla de vida indigna y habría que hablar de brindar apoyo sociosanitario”.
Sociedades científicas, fuera de la propuesta de regulación
La participación de las sociedades científicas en el debate y formulación de la proposición de ley para la regulación de la eutanasia ha sido escasa, según Diego Real de Asúa: “Es un debe del legislador y también nuestro”, ha comentado en declaraciones a DM. El coordinador del Grupo de Trabajo de Bioética y Profesionalismo de la SEMI ha reconocido dificultades para participar en el debate público: “Por un lado, no está claro que sea nuestra función y, por otro, habría que aunar pareceres diferentes”. De todas formas, aboga por que las sociedades científicas sean más activas: “Me preocupa que los médicos no participemos, hacerlo sería muy enriquecedor para todos”.
En su intervención en el congreso Diego Real de Asúa ha señalado algunas garantías de la nueva proposición de ley para la regulación de la eutanasia. En el texto queda claro que el paciente debe ser competente (en otros países se puede delegar) y se establece que debe haber una doble solicitud con una separación de 15 días naturales, aunque este período puede reducirse si el médico estima que el enfermo puede perder la competencia.
También considera que suscita algunas dudas, como el papel protagonista que tiene el equipo responsable del hospital, cuando pueden conocer mejor al paciente médicos que trabajen en otros ámbitos. Por otra parte, cree que el registro de la objeción de conciencia del médico puede desvelar quiénes son los profesionales dispuestos, lo que puede conllevar una mayor carga de trabajo para ellos.
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