"El Servicio Aragonés de Salud contrata a todo el personal que está disponible en un momento dado, pero ahora mismo las bolsas de trabajo están vacías: todos los profesionales que quieren trabajar en estos momentos están contratados. El sistema tiene capacidad estructural para seguir ampliando la asistencia: hay espacios, hay infraestructura, hay respiradores, ha elementos técnicos...; lo que no hay son profesionales suficientes para atender a los pacientes".
El que habla es José María Abad, director general de Asistencia Sanitaria de Aragón, una de las seis comunidades -de momento- que, ante esa falta de profesionales sanitarios para afrontar la segunda ola de la pandemia, han recurrido a modificar por decreto (o por resolución o por instrucciones..., pero siempre de forma unilateral) las condiciones de los sanitarios que ya están enrolados en sus plantillas.
Las palabras de Abad resumen el argumento de las 6 autonomías (además de Aragón, Andalucía, Asturias, Castilla y León, Comunidad Valenciana y La Rioja) que han optado por esta vía: faltan profesionales, sobre todo en determinadas áreas, y hay que aprovechar al máximo los efectivos disponibles para garantizar la asistencia. Eso sí, las 6 normas publicadas en los respectivos boletines autonómicos especifican que las medidas son “excepcionales y de carácter temporal”. Enfrente, los sindicatos se preguntan qué significa excepcional y qué se entiende por temporal. “Se supone que las medidas estarán en vigor mientras dure la situación epidemiológica actual, pero ninguna de esas 6 normas las acota en el tiempo. ¿Hasta que desciendan las curvas?, ¿hasta que aparezca la vacuna?, ¿hasta que esté vacunada toda la población?... Con esa inconcreción, podemos estar 2 ó 3 años sometidos a unas condiciones presuntamente temporales y que no se han consensuado en ningún órgano de negociación”, alerta Evangelino Navarro, portavoz de Sanidad del sindicato CSIF.
sin negociación. ¿En qué consisten esas medidas? Miramos de nuevo a Aragón y dejamos que sea su consejera, Sira Ripollés, quien lo cuente:“Flexibilizar y modular los permisos y vacaciones y las jornadas de trabajo, y revisar el régimen de turnos y descansos y la exención de guardias por edad. Se contempla, además, la movilidad geográfica y funcional de los profesionales, de forma que cabe la posibilidad de asumir funciones de otra especialidad”. Si desbrozamos ese párrafo de la habitual retórica institucional y lo traducimos al lenguaje sindical, Rafael Carrasco, presidente del Sindicato Médico Andaluz (SMA), lo resume así:“Un atentado unilateral contra las condiciones de trabajo logradas tras años de negociación”.
En su comparecencia pública para explicar las medidas adoptadas por su consejería, Ripollés matizó que su aprobación “no quiere decir que se vayan a utilizar o aplicar todas; es una red de seguridad que sólo se desplegará si es estrictamente necesario”.
El portavoz de Sanidad de CSIF, que ejerce precisamente en Aragón, replica que “mal empezamos si ni siquiera se informa a la mesa sectorial. A las 13.30 horas del 3 de noviembre, los sindicatos tuvimos una videoconferencia con la consejera en la que no hizo mención alguna a la orden;a las 15.20 horas, el Boletín Oficial de Aragón la publicaba”, asegura Navarro.
La misma opacidad denuncian los sindicatos de Castilla y León y la Comunidad Valenciana, que ya han convocado sendas concentraciones exigiendo a sus consejeras, Verónica Casado y Ana Barceló, respectivamente, que den marcha atrás y se sienten a negociar en la mesa.
Desde Castilla y León, la directora general de Profesionales de Sacyl, Mercedes Pérez de Miguel, se defiende alegando que el decreto “no coarta la negociación; sólo establece un marco general de actuación como paso previo necesario para que la consejería acuerde con los sindicatos de la mesa las medidas imprescindibles para hacer frente al avance del coronavirus”. Como la consejera de Aragón, Pérez de Miguel dice que la norma “garantiza la temporalidad y proporcionalidad” de unas medidas que -añade- “sólo se aplicarían en los niveles 3 y 4 de la pandemia, en los centros donde la situación lo aconseje y por el tiempo imprescindible para el abordaje de la enfermedad”.
‘mover fichas’. La posible movilidad “geográfica y funcional” de los profesionales que las seis normas aprobadas recogen -y prácticamente todas en esos mismos términos- es, según los representantes sindicales, un subterfugio para que la Administración pueda mover fichas forzosa y discrecionalmente, cambiando al profesional de centro de trabajo, pero también de especialidad.
Fuentes de la Consejería de Salud de la Comunidad Valenciana admiten que su norma contempla esa movilidad, pero matizan que afectaría sólo “al personal perteneciente a servicios y especialidades que, a causa de la presión hospitalaria, no estén disponibles temporalmente”. En teoría, ese personal pasaría a engrosar “los equipos de atención a pacientes covid, unos equipos -añaden las fuentes de la Administración valenciana- que siempre estarán dirigidos por un neumólogo o neumóloga y un o una internista”.
La consejería valenciana abunda en la idea que repiten como un mantra las seis administraciones que han optado por recurrir a normas específicas: “El plan sólo se aplicará si el aumento de casos y la presión hospitalaria lo exige”.
Andalucía publicó su orden un domingo, el 8 de noviembre. La festividad y alevosía de la Consejería de Salud que dirige Jesús Aguirre estalló en un insólito -por lo unánime- y vertiginoso -ese mismo domingo- anuncio de movilizaciones conjuntas de todos los sindicatos de la mesa. Apenas 15 días después, el pasado 23 de noviembre, el BOJA publicaba una nueva orden, ésta consensuada con las centrales.
La nueva norma andaluza, afirma el presidente del SMA, no es la panacea, pero al menos “modula y corrige muchos excesos de la primera, elimina el poder discrecional de las gerencias para aplicar las medidas, establece que todas las acciones que se aprueben al amparo de la norma deberán ser discutidas previamente en mesa sectorial, y determina que deberán aplicarse con una fecha concreta de inicio y de fin”, resume Carrasco.
El portavoz de Sanidad de CSIF afirma que “la precipitación e impericia” de las comunidades por legislar para abordar un problema sobrevenido “es fruto del déficit estructural de planificación que llevamos años denunciando. España tiene 3 camas hospitalarias por cada 1.000 habitantes, una proporción inferior a 2010, mientras que Alemania supera ya las 8. ¿Cuántos hospitales públicos se han construido en el SNS desde las transferencias?”.
Coreado por la unánime censura de los sindicatos, Madrid inaugura esta semana uno de esos nuevos hospitales, el Isabel Zendal, específico para pandemias. La comunidad sólo ha logrado reclutar voluntariamente al 16% de los 669 profesionales que estimaba necesarios para abrir sus puertas. “El generalizado despropósito que supone la apertura del Isabel Zendal es el mejor ejemplo de la insólita y errática política de personal en esta comunidad”, concluye Julián Ezquerra, secretario general del sindicato Amyts”.
via Noticias de diariomedico.... https://ift.tt/3fCqB2E
No hay comentarios:
Publicar un comentario