El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (Cgcom) dispara por elevación contra el Ministerio de Sanidad. El órgano que representa a todos los médicos españoles ha cursado una denuncia formal ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo contra el Real Decreto Ley 29/2020 de medidas urgentes de Recursos Humanos aprobado por el departamento de Salvador Illa. La OMC pide, en concreto, a esta comisión que investigue la controvertida norma aprobada para hacer frente a la covid-19 "por vulneración del derecho de la Unión Europea (UE)".
"Ante la inquietud y preocupación por el deterioro que puede ocasionarse al soporte asistencial médico en España con la aplicación del RDL 29/2020, el Cgcom eleva esta solicitud para una toma de posición del Parlamento Europeo en orden a corregir la alarmante situación descrita en el texto que se adjunta, en razón a la importancia de los intereses y bienes jurídicos protegidos en juego y frenar así el atentado que supone el decreto, no sólo a la normativa estatal española, sino también a la comunitaria". Así de claro y contundente es el texto del escrito remitido al Parlamento comunitario por la corporación que preside Serafín Romero.
La OMC ha elevado su escrito al órgano que preside la exministra de Sanidad Dolors Montserrat
Desde la publicación del decreto, el pasado 29 de septiembre, tanto la propia OMC, como CESM, como el Foro de la Profesión Médica (que reúne a ambas organizaciones) han remitido reiteradas cartas al Ministerio de Sanidad solicitando la retirada de la norma y una reunión personal con Illa para abordar tanto el contenido del decreto como las muchas reclamaciones del colectivo médico. Ante el silencio administrativo de la autoridad sanitaria española, el órgano que reúne a los 52 colegios de médicos de España ha decidido recurrir a las instancias comunitarias.
De momento, y a falta de respuesta alguna por parte del Ministerio de Sanidad, el Sindicato Médico mantiene la convocatoria de huelga indefinida que comenzó el pasado 27 de octubre y que se repite (datos epidemiológicos mediante) todos los últimos martes laborales de cada mes, en teoría hasta que el departamento de Illa anuncie la retirada del decreto.
La corporación pide al PE que "frene el atentado que supone el decreto" ministerial
El escrito, enviado personalmente a la presidenta de la Comisión de Reclamaciones, cargo que actualmente ocupa la exministra de Sanidad del Partido Popular Dolors Montserrat, pide al Parlamento Europeo que investigue el "posible incumplimiento" que el contenido del decreto español hace de toda una serie de normativa comunitaria: relativa a la libre circulación de profesionales sanitarios (directiva 2005/36/CE), a la libertad de movimientos de los médicos y el mutuo reconocimiento de sus diplomas, certificados y otros títulos (directiva 93/16/CEE), y a una formación específica en Medicina General (directiva 86/457/CEE).
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En concreto, la OMC considera -y así lo expone en el escrito remitido a Montserrat- que el texto aprobado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez vulnera las normas "sobre la libre circulación de los profesionales sanitarios y la armonización mínima de la formación en relación con las medidas de emergencia contra la covid-19", así como "los requisitos mínimos de formación a nivel de la UE" en el caso de los médicos. Los colegios aluden así a la posibilidad que el decreto abre para contratar a profesionales extracomunitarios sin la preceptiva homologación previa de su título.
"Grave error"
La OMC recuerda que la normativa comunitaria obliga a todos los países miembros a seguir unos trámites específicos para el reconocimiento de títulos de profesionales cuya formación provenga de un país extracomunitario, y entre esos trámites está el establecimiento de medidas compensatorias, contempladas también en la legislación española, concretamente en el Real Decreto 459/2010, que regula el proceso de homologación desde 2010.
Y hasta que no se cumplan esos trámites -añade el escrito- "estos profesionales pueden ser autorizados a trabajar en la asistencia sanitaria, pero sin ser tratados como miembros de una profesión para la que no cumplen las normas de cualificación establecidas".
El rechazo del órgano colegial al decreto ministerial se fundamenta, en definitiva, en que "es un grave error la concesión, incluso temporalmente, de las competencias de los médicos especialistas a los médicos que no han obtenido su titulación, en aras de la calidad de la asistencia y de la seguridad de los pacientes, y nos sitúa fuera de la normativa europea".
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