El gasto farmacéutico y en productos sanitarios total, englobando gasto farmacéutico hospitalario, subió un 12,6% en los primeros nueve meses de este año; se sitúa así en más de 19 millones de euros (19.297.144,92). Pero esa cifra es sólo una parte de la acumulada hasta septiembre de gasto directo extraordinario en la sanidad pública decidido por el Gobierno central y las autonomías (CCAA) para hacer frente a la covid-19, que asciende a 21.997 millones de euros y, si se le suma el coste de las medidas indirectas, el roto de la pandemia en las cuentas públicas nacionales es de 56.510.478.512 euros. Y sigue subiendo.
La caída del PIB nacional será del 11,2% este año, según la estimación del Gobierno, y la deuda puede alcanzar el 120% del PIB nacional.
El panorama futuro para el Sistema Nacional de Salud (SNS), ante esos datos, resulta más que preocupante. ¿Qué pasará con los presupuestos de las comunidades autónomas, que son las que deciden el gasto anual de sus respectivos sistemas sanitarios, durante los próximos ejercicios? ¿Podemos esperar que no resulten afectados cuando los efectos de los recortes por la crisis iniciada a mediados del año 2008, que se prolongó hasta el año 2014, persisten? Listas de espera disparadas, déficit de inversiones en tecnología y en estructuras físicas, reducción de plantillas, empeoramiento de las condiciones laborales de los sanitarios, aumento del copago farmacéutico... La crisis de la covid-19, por su mayor magnitud en términos económicos respecto a la de 2008, hace prever que, si no se acuerda, con el consenso de todos los partidos políticos, una inyección de capital sostenida durante los próximos ejercicios en el conjunto del SNS para mantenerlo a flote, la población española podría sufrir algo que aún no se ha demostrado que sufriera por la anterior crisis: una reducción de la esperanza de vida.
La crisis de 2008 empobreció a las familias; aumentó el paro en 4,5 millones entre 2008 y 2013 y los indicadores de desigualdad en renta y de población en riesgo de pobreza o de exclusión social hicieron de España uno de los países de la Unión Europea con mayores desigualdades. Según los estudios realizados hasta la fecha, a pesar de todo ello, la crisis de 2008 no parece haber hecho bajar indicadores básicos de salud como la esperanza de vida, las tasas de mortalidad, los años de vida saludables, los años potenciales de vida perdidos y la mortalidad infantil. En salud autopercibida tampoco se ha apreciado un deterioro, con excepción de la salud mental en el caso de personas en paro o con empleos precarios.
En estos momentos la prioridad es acabar con la pandemia, para dejar de perder vidas y poder reactivar la economía, pero cuanto antes habría que poner en marcha un proceso de negociación política para, por un lado, aplicar las reformas estructurales pendientes en el SNS y, por otro, asegurar su suficiencia financiera al menos durante el próximo lustro.
De esta crisis no pueden salir recortes sobre recortes, que deterioren definitivamente la calidad asistencial y rebajen las expectativas y oportunidades de los pacientes, especialmente los que sufren patologías graves, y que empeoren más si cabe las condiciones laborales de los sanitarios. Para abrir boca, sería bueno que Gobierno y CCAA articulasen ya un mecanismo tipo plan de choque para que la pandemia no se lleve por delante lo mejor que tenemos en este país: la sanidad.
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