En 2003, la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud ordenó que los servicios de sanidad penitenciaria se integraran en el Sistema Nacional de Salud. Casi veinte años después, el mandato sigue sin cumplirse y estos servicios siguen integrados en el Ministerio del Interior que, en la práctica, los tiene abandonados porque más de la mitad de las plazas de médicos están sin cubrir, dejando a los internos sin asistencia médica durante largos periodos.
De nada han servido las constantes denuncias del Defensor del Pueblo en sus Informes Anuales sobre la vulneración de los derechos más vitales de los internos: estas personas están privadas de libertad, pero no de su derecho a la asistencia sanitaria. La Asociación Médica Mundial reconoce que las personas recluidas en las prisiones y sometidas a aislamiento tienen derecho a ser atendidas por un médico que no dependa de los gobernantes de la prisión, para garantizar su independencia profesional en situaciones que pueden ser gravemente perjudiciales para los reclusos. Y ese es el meollo y la base de la Ley de Cohesión y Calidad mencionada, salvar a la asistencia sanitaria penitenciaria de la connivencia con la Administración Penitenciaria y dotarla de absoluta autonomía. Sin duda un avance en la protección de derechos a los ciudadanos.
Pero el Ministerio del Interior prefiere mantener bajo su dominio y control este servicio, que constituye el único gueto sanitario al margen del resto de los servicios de salud en España. La única explicación de esta voluntad de poder, por lo que se deduce de los casos denunciados por el Defensor del Pueblo, es que de vez en cuando en las prisiones se producen "situaciones incómodas" y los de Interior prefieren gestionarlas sin que queden cabos sueltos. Lo que diga el Defensor del Pueblo, la Ley o la Constitución, da igual.
De nada ha servido la reclamación presentada por 130 médicos y 135 enfermeros ante el Ministerio del Interior, que lo único que hizo fue tergiversar lo solicitado por los profesionales para inadmitirla…
Y de nada sirve la reciente sentencia de la Audiencia Nacional, que ha resuelto de manera incomprensible la reclamación. La sentencia proclama que la Administración está incumpliendo su obligación de integrar los servicios de sanidad penitenciaria en el Sistema de Salud, pero dice que esto debe hacerlo el Consejo de Ministros y que la Audiencia Nacional no es competente para ordenárselo porque tal competencia es del Tribunal Supremo.
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