El proceso de estabilización, que afecta a más de 82.400 plazas en sanidad, está aún en pañales. La Ley 20/21 de 28 de diciembre de medidas urgentes para reducir la temporalidad en el empleo público dio el pistoletazo de salida para que se cumpliera el mandato de la justicia europea y también de la jurisprudencia del Supremo español: terminar con el abuso de la contratación temporal y estabilizar los interinos de larga duración con una temporalidad injustificada.
Sin embargo, la norma estatal hay que bajarla a la realidad, lo que conlleva dos trabajos inmediatos para las comunidades autónomas: contar las plazas que se deben sacar a concurso y concurso-oposición para su estabilización [porque la ley 20/21 habla de estabilizar plazas y no personal] y, por otro, elaborar un baremo con el que conseguir que estos interinos, con los que se ha abusado del contrato temporal, logren ser fijos.
La parte del conteo está, en teoría, resuelta, dado que la mayoría de las comunidades ha detallado incluso por categorías cuántas plazas se destinarán al concurso de méritos y cuántas a concurso-oposición. Sobre el baremo, las comunidades llevan semanas trabajando en unas primeras propuestas, pero hay un temor que comunidades como Cantabria, Cataluña y Canarias expresan de manera abierta: que la flexibilidad en la interpretación de la citada ley lleve a que se inunde todo el procedimiento de recursos judiciales de interinos disconformes con cómo se les ha puntuado.
Para grandes males, como el que se augura en este campo, grandes remedios. Representantes de las autonomías consultadas proponen la reforma del Estatuto Marco para incluir ahí las claves que debe respetar la constitución de cada baremo que, por el reparto de competencias, en teoría corresponde desarrollar a cada autonomía, pero que tendría "mayor seguridad jurídica" si estuviera respaldado en su construcción por una norma de ámbito estatal. Es decir, como fuentes jurídicas autonómicas confiesan a este diario, "convertiría el procedimiento en algo más difícil de recurrir".
Un cambio más profundo en el Estatuto Marco
La reforma del Estatuto Marco ya era obligada para traspasar el contenido de la Ley 20/2021 a esta norma antes del 8 de julio. La semana pasada, el Ministerio de Sanidad y los sindicatos lograron un acuerdo que ha acabado con la nomenclatura del eventual (ahora todos serán interinos), concreta las causas de los contratos temporales y establece unos límites temporales que antes no constaban, además de incluir la indemnización para los interinos que sufran el abuso de la temporalidad.
La reforma se tramitará por real decreto-ley para cumplir los plazos, si bien el Ministerio de Sanidad ha dejado la puerta abierta a que sea más amplia y se ha comprometido a negociar otros temas con los sindicatos, informando a la Comisión de Recursos Humanos. Y además la reforma también pasará por el Congreso.
¿Para qué una reforma relacionada con los procesos selectivos? Pues para que, por ejemplo, los baremos autonómicos puedan puntuar más a los interinos que han estado ejerciendo en la comunidad autónoma en la que concurren para hacerse estatutarios, sin que suponga entrar en enfrentamiento con el principio de libre concurrencia.
¿Cómo justificar que se le den más puntos a una enfermera que ha trabajado 15 años en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla que a una que ha estado otros tantos en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla en Santander realizando las mismas funciones si ambas piden plaza en el Servicio Andaluz de Salud? He aquí el quid de la cuestión que intentan resolver las autonomías.
Otro problema añadido a la inseguridad jurídica es que la estabilización requiere destinar recursos no previstos para facilitar toda la gestión de unos procesos selectivos con unos límites temporales marcados, pues tienen que estar resueltos antes del 31 de diciembre de 2024.
Sobre la estabilización y los baremos que se aplicarán se ha debatido en el curso XV Encuentro Interautonómico sobre Protección Jurídica del Paciente: de la innovación en salud a la salud de la innovación, que se celebra dentro de los cursos de verano de la UIMP. Meritxell Mansó i Carbó, secretaria general de Departamento de Salut, de la Generalitat de Cataluña; Juan Carlos Rey Nava, secretario general de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Cantabria, y Conrado Jesús Domínguez Trujillo, director general del Servicio Canario de Salud.
via Noticias de diariomedico.... https://ift.tt/Fw1HAaK
No hay comentarios:
Publicar un comentario