El Proyecto de Ley por el que se modifican diversas normas para consolidar la equidad, universalidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud-SNS (121/000110), conocido como ley de equidad o ley Darias, que el Gobierno ha enviado al Congreso de los Diputados, lleva incorporado un misil con carga ideológica que amenaza con poner en riesgo parte de los recursos asistenciales de los que dispone actualmente (gracias a los conciertos con entidades privadas) e, incluso, la descentralización territorial de su gestión.
El Ejecutivo de Pedro Sánchez fue advertido de ello en múltiples alegaciones al anteproyecto pero, aun así, en plena campaña de las elecciones en Andalucía, y quizá por ello, aprobó un proyecto que, a las claras, está pensado para impedir (desde el Gobierno central en lugar de desde las cámaras legislativas autonómicas) que avance el modelo de gestión ejecutado por el PP en las comunidades valenciana y madrileña. Porque si Sánchez y su ministra de Sanidad, Carolina Darias, hubiesen querido tener en cuenta la realidad del conjunto del SNS, quizá no hubiesen pasado por alto que, por ejemplo, en la base del modelo sanitario histórico de Cataluña, que ya utilizaba la Seguridad Social antes del traspaso a la Generalitat, está la concertación con centros tanto públicos como privados (mayoritariamente órdenes religiosas y fundaciones, sin afán de lucro).
Este proyecto añade un nuevo artículo 47 a la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad (LGS), para que la gestión sea directa (o administrativa) en el conjunto el SNS, donde ya es mayoritaria (en todos los centros que gestionaba antiguamente el Insalud). Aunque prevé que, sin perjuicio de ello, de forma excepcional, justificada y motivada objetivamente y solo cuando no sea posible la prestación directa de los servicios públicos que integran el SNS, se pueda acudir a la gestión indirecta. Será el Consejo Interterritorial del SNS el encargado de acordar los términos, pautas o indicadores comunes a través de los cuales podrán entenderse completos estos criterios.
Sin haber finalizado la pandemia y teniendo tantos problemas como tiene el SNS, comenzando por la falta de presupuestos suficientes, de personal sanitario, de inversiones en estructuras físicas y tecnología y de listas de espera, cabía esperar que el Gobierno se concentrase en lo necesario y lo urgente. Tampoco era esperable que confundiese externalización de servicios públicos con privatización, porque un servicio no deja de ser público por el hecho de que lo gestione y/o preste una entidad de titularidad privada.
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