El Consejo de Ministros en funciones ha aprobado hoy el real decreto por el que se regula la concesión directa de 52 millones de euros dirigidos a financiar el incremento de 706 plazas de grado en la titulación de Medicina para el curso 2023-2024. Esta medida, que recibió el visto bueno del Consejo Interterritorial el pasado mes de marzo, ha sido fuertemente criticada, entre otros, por la Conferencia Nacional de Decanos de las Facultades de Medicina y por el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM), que llevan años denunciando al unísono (y en vano) la apertura de facultades de Medicina y el aumento de las plazas de grado.
Con el incremento de plazas propuesto por el Gobierno para las universidades públicas que imparten Medicina, el número total quedaría en 6.106 (frente a las 6.041) del curso pasado, y la comunidad que más incrementaría su oferta sería Andalucía, con 155 plazas más, hasta llegar a las 1.133. La cuantía máxima de la subvención con la que el Ejecutivo central financiaría ese incremento de la oferta de grado en las universidades públicas andaluzas ascendería a 11.028.557 euros. Por volumen de población estudiantil, Cataluña y Madrid son, respectivamente, la segunda y tercera comunidad que más aumentarían su oferta, con 126 y 75 puestos más con respecto a la oferta del curso pasado.
Según los cálculos que el Ministerio de Sanidad puso en su día encima de la mesa del Consejo Interterritorial, el gasto estimado del incremento rondaba los 15.000 euros por año y plaza de grado, y los 6.106 puestos totales que ha estimado el Gobierno en sus cálculos coinciden exactamente con el número máximo de plazas admitidas en la memoria de verificación global de las facultades públicas radicadas en 16 de las 17 autonomías (La Rioja no tiene).
El incremento teórico de plazas oscila pues entre las 155 que se plantean para las universidades públicas andaluzas y las 9 que se proponen para las facultades de Baleares (el número más bajo), pero esos son los cálculos organizativos, estructurales (y económicos) de la Dirección General de Ordenación Profesional de Sanidad. Luego, cada facultad ajustará esos incrementos a las necesidades y, sobre todo, a las disponibilidades económicas de cada uno de los centros.
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