El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha respaldado en una sentencia la instalación de cámaras de videovigilancia en todos los centros de trabajo de los Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP), pero no la presencia de vigilantes de seguridad.
En esta sentencia, según ha informado el Tribunal Superior, su Sala de lo Social confirma la decisión del Juzgado de lo Social número 1 de Santander de que el Servicio Cántabro de Salud instale y mantenga cámaras de videovigilancia en los centros del SUAP, como reclamó una asociación de trabajadores de Urgencias.
Sin embargo, en respuesta a un recurso de súplica del Servicio Cántabro de Salud (SCS), revoca la decisión de ese órgano judicial de que también haya presencia de un vigilante de seguridad en cada centro, aunque deja abierta la puerta a que la demandada formule esta pretensión en el proceso ordinario correspondiente.
La Sala de lo Social del TSJC explica en su sentencia, notificada recientemente y contra la que cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo, que excede el ámbito del conflicto colectivo, procedimiento que planteó en su demanda la Asociación de los Servicios de Urgencia de Atención Primaria.
En la resolución, el tribunal considera la implantación del servicio de videovigilancia "una medida adecuada y proporcional a la seguridad que se busca, correlativa al riesgo de agresión real y potencial afectante al servicio prestado".
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