Recién estrenada como especialidad en España, la Psiquiatría Infantil y de la Adolescencia está sumida ya en su primera polémica. Decenas de psiquiatras infantiles denuncian que la prueba práctica que convocó el Ministerio de Sanidad para el acceso extraordinario al título oficial de la nueva especialidad ha sido una carrera de obstáculos que, lejos de facilitar el acceso a la titulación, se ha saldado con un porcentaje de suspensos que roza el 70% de los casi 300 aspirantes que se presentaron a ella. Paradójicamente, el grueso de esos candidatos lleva años tratando a niños y adolescentes y, aunque suspenda, podrá seguir haciéndolo..., aunque sin el título.
Las andanadas de los afectados se dirigen contra el Ministerio de Sanidad y contra la Comisión Nacional de la nueva especialidad médica, reconocida legalmente en España desde agosto de 2021, y que este año ha sacado su segunda convocatoria de plazas MIR. Agrupados en torno al movimiento Psiquiatras Unidos por la Psiquiatría del Niño y del Adolescente (Pupnya) -que ha iniciado ya los trámites para constituirse como asociación profesional-, cerca de 200 especialistas acusan al ministerio y a la comisión de haber diseñado un examen largo, desequilibrado, mal concebido y con preguntas que no se ajustan al programa MIR de la nueva especialidad.
El decreto que regula la nueva especialidad contemplaba la posibilidad de que todos aquellos psiquiatras que acreditaran al menos 4 años de experiencia profesional en unidades infanto-juveniles pudieran acceder directamente al título, sin necesidad de cursar el MIR. A falta de esa experiencia, el ministerio habilitó, además, una prueba práctica para quienes acreditaran un "trayecto A", que no es otra cosa que haber cursado el último año MIR de Psiquiatría en una de estas unidades. Y ahí vino el primer problema: el "trayecto A" dejaba fuera de la prueba a más de 200 psiquiatras con experiencia, porque no existe en el programa que se cursa en muchas autonomías.
Parte de los afectados recurrió el decreto ministerial ante el Tribunal Supremo, que les acabó dando la razón, obligó a modificar la redacción de la norma y les permitió acceder a la prueba práctica.
El TS corrigió a Sanidad y obligó a admitir a decenas de aspirantes que se quedaban fuera del examen
Primer escollo salvado. El segundo obstáculo fue la propia prueba: en la forma y en el fondo. Iria Rodríguez López, portavoz de Pupnya, asegura que se les convocó con apenas un mes de antelación, que no hubo un listado oficial de admitidos y excluidos, ni bibliografía de referencia, ni información sobre las fechas de impugnación, "que se publicaron a posteriori", asegura.
La resolución de convocatoria de la prueba, firmada por Celia Gómez, directora general de Ordenación Profesional del Ministerio Sanidad, y fechada, en efecto, exactamente un mes antes del examen (el 29 de mayo), especifica que la prueba durará 75 minutos, que habrá tres casos clínicos y que cada fallo será penalizado con 0,5 puntos, "frente a los 0,33 que habitualmente rigen en cualquier oposición", dice Rodríguez López. Otra cosa: para superar el ejercicio, "será necesario haber obtenido una valoración igual o superior al 50% de la puntuación máxima en cada caso clínico". Vamos, que no bastaba con aprobar uno ni dos casos, había que superar los tres.
"Lejos de ser una prueba eminentemente práctica, como recoge el decreto, era eminentemente teórica, había que aprobar los tres casos para superar el examen y había una desproporción enorme entre ellos: mientras el primero y el segundo se ajustaban a lo previsible, el tercer caso era larguísimo para el tiempo que teníamos, incluía conocimientos que no están dentro del programa MIR de Psiquiatría Infantil y términos de tratamiento que no están suficientemente demostrados, y aludía a clasificaciones muy obsoletas, como la codificación CIE 10".
El decreto de la especialidad de Psiquiatría Infantil y de la Adolescencia especifica, de hecho, que la citada prueba práctica "tendrá la finalidad de comprobar que los aspirantes a la obtención del título oficial han adquirido las competencias necesarias para el ejercicio de la especialidad", y que, para ello, se "utilizará como referencia el programa formativo oficial".
Cada fallo se penalizaba con 0,5 puntos, "frente a los 0,33 que rigen en la mayoría de las oposiciones"
Otro dato: entre las 15 preguntas tipo test que incluía cada uno de los tres casos clínicos, no había ninguna pregunta de reserva, como sucede, por ejemplo, en el examen MIR o en otras pruebas selectivas, de forma que si alguna estaba mal redactada o era errónea, no había alternativas.
Resultado: una hecatombe. Según las estimaciones de Pupnya, más del 70% de los aproximadamente 300 aspirantes no ha superado la prueba, y el 93% de ellos por el tercer caso.
Pero son sólo eso: estimaciones que el movimiento que agrupa a parte de los profesionales afectados ha hecho una vez que se publicó la plantilla de respuestas correctas, porque, como recuerda su portavoz, "no hay listados oficiales": ni de cuántos candidatos se presentaron a la prueba, ni de cuántos fueron admitidos, ni de cuántos aprobaron o suspendieron. Por no saber, ni siquiera se sabe oficialmente cuántos psiquiatras infantiles han accedido directamente al título al haber acreditado más de 4 años de experiencia. "La comisión nacional estimó en su momento que podían ser unos 500, pero no deja de ser otra estimación", puntualiza Rodríguez López.
La ingente carrera de obstáculos a la que se asemeja la organización, contenido y desarrollo de la prueba vino precedida, además, del retraso en su convocatoria, lo que mantuvo a decenas de aspirantes en un limbo administrativo durante meses. El decreto que regula el título de especialista en Psiquiatría Infantil y de la Adolescencia entró en vigor el 4 de agosto de 2021 y su contenido dejaba muy claro que la resolución de convocatoria de la prueba debía ver la luz "en el plazo de 6 meses desde la publicación del nuevo programa de la especialidad"; es decir, nunca más tarde del 4 de febrero de 2022. La resolución que firmó Celia Gómez estaba fechada el 29 de mayo de 2023, nada menos que 16 meses después del límite legal fijado por el propio ministerio.
El examen se celebró un mes después, el 29 de junio, y fue la publicación de la plantilla de respuestas (el 3 de julio) la que corroboró el alto porcentaje de suspensos, al menos oficiosamente (en grupos de whatsapp y redes sociales), porque no hay, todavía, calificaciones oficiales.
Finalizado el plazo de impugnaciones, Sanidad no aclara cuántas ha recibido ni cuánta gente ha aprobado
Sanidad abrió un plazo de impugnaciones que terminó el pasado 10 de julio, pero 9 días después y, pese a los reiterados intentos de este periódico, ni el ministerio ni su Dirección General de Ordenación Profesional aclaran cuántas impugnaciones han recibido, cuánta gente se ha presentado a la prueba y qué porcentaje de aprobados ha habido. Igual de infructuosas han sido las tentativas de DM de hablar con la presidenta de la Comisión Nacional de Psiquiatría Infantil.
En medio de tantas dudas, hay una cosa que el movimiento profesional que agrupa a parte de los descontentos tiene muy clara, y es la enorme paradoja que deja esta situación: "Si el examen planteado por el Ministerio de Sanidad demuestra que muchos de los psiquiatras que actualmente están viendo a niños y adolescentes no tienen las competencias adecuadas para hacerlo, ¿cómo pueden seguir trabajando con menores?", se pregunta Pupnya en un comunicado.
Porque, hayan aprobado o no, estos especialistas en Psiquiatría podrán seguir trabajando en unidades infanto-juveniles. Otra cosa es cómo pueda afectar esto a su desarrollo profesional. Pupnya recuerda que muchos de estos profesionales son interinos y que no podrán consolidar su plaza u optar a una jefatura de sección o de servicio en una unidad de Psiquatría Infanto-juvenil cuando se empiece a exigir el título en oposiciones y procesos selectivos. "En las últimas oposiciones convocadas por la Comunidad de Madrid ya se exige, de hecho, la titulación de la nueva especialidad o el certificado de estar tramitándola", afirma la portavoz del movimiento profesional.
En la mayoría las comunidades, las plazas de Psiquiatría no están diferenciadas todavía entre Adultos y población Infanto-Juvenil en las ofertas públicas de empleo (OPE) que se convocan, pero se prevé que ese proceso de diferenciación culmine entre 2023 y 2024. A partir de ahí, habrá un perfil profesional diferenciado entre plazas de adulto y plazas infanto-juveniles y se exigirá, además, el correspondiente título de la especialidad. De ahí, la importancia de la reivindicación de Pupnya.
Es, de hecho, el propio Ministerio de Sanidad el que aboga por definir y diferenciar bien las plazas de Salud Mental y los requisitos para acceder a ellas. La Estrategia de Salud Mental del SNS 2022-2026, aprobada por el departamento que ahora dirige José Miñones, se decanta por "reforzar la cualificación profesional y la categorización de los puestos de trabajo".
El problema surge cuando parte de los especialistas no pueden acreditar su cualificación con un título oficial, y aparece lo que Pupnya llama un "modelo dual" de atención a los niños, con dos tipos de psiquiatras: los que tienen el título de Psiquiatría Infantil y los que no. Según el movimiento profesional, gran parte de los segundos "abandonarán la asistencia a los menores, ya que no van a poder acceder a plazas fijas ni a concursos de promoción, y se verán obligados a trabajar en los peores puestos, donde los psiquiatras infantiles con título no quieran trabajar".
A los pormenores de la prueba se suma el generalizado desconcierto de muchos de los afectados por la forma de evaluar sus competencias para ver si pueden o no optar al título oficial de una especialidad que, sobre el papel, llevan muchos años ejerciendo. "En el caso de especialidades como Enfermería Familiar o Enfermería Geriátrica, al margen de la prueba, había que acreditar una serie de competencias basadas en la experiencia y el ejercicio asistencial, lo que ya suponía un filtro previo. Aquí, parece todo improvisado y con criterios muy discutibles", dice Rodríguez López.
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