Es una mujer de menos de 40 años que necesita dos bastones para andar, padece dolor crónico y, en este momento, no tiene ningún tratamiento curativo. Se encuentra así desde que salió de la cirugía de mosaicoplastia que le practicaron en una rodilla en el Hospital de Molina de Segura (Murcia), donde fue derivada por el Servicio Murciano de Salud. La intervención se realizó en junio de 2017 para resolver la lesión del cartílago que le causaba dolor al andar y le suministraron anestesia raquídea local.
Desde que salió de la intervención, la evolución no fue la prevista. El diagnóstico: lesión del nervio femoral y de raíces nerviosas L3-L4. Recibió rehabilitación hasta el alta, tres años después, en noviembre de 2020, con graves secuelas neuropáticas. Informes de los distintos especialistas que la han tratado relacionan la anestesia raquídea como causa de los daños que sufre.
El Juzgado de Primera Instancia número 44 de Madrid ha condenado a la compañía aseguradora del Hospital de Molina de Segura, Lloyd's Insurance Company, a indemnizar a la mujer con 125.000 euros, sumando los intereses, porque en el consentimiento informado que firmó para la anestesia no figuraba el riesgo de padecer lesiones neurológicas graves y permanentes.
Efectivamente, la jueza da por demostrado que el daño neuropático que sufre la demandante deriva de la anestesia raquídea, porque así lo apuntan distintos especialistas (traumatólogo, médico rehabilitador...) en los informes que elaboraron al tratarla. Además, el citado riesgo aparece en el documento de consentimiento informado (CI) que la Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor (SEDAR) tiene validado para la anestesia raquídea.
Hubo una omisión de ese riesgo en el documento de consentimiento informado que firmó la paciente antes de ser sometida a la anestesia. El Hospital de Molina de Segura reconoció en el juicio que los documentos de consentimiento que ofrecía antes de las anestesias no incluían el riesgo de daños neuropáticos crónicos, pero que estos fueron señalados por el facultativo verbalmente a la paciente. Si bien en el juicio la parte demandada no presentó ninguna prueba que acreditara esa información verbal.
La sentencia reconoce que era un riesgo conocido "que sí aparece de modo general ya en el consentimiento informado de otras regiones [aunque no se incluyera en Murcia] y de la SEDAR", como recoge la sentencia. De este modo, la jueza determina que se debió de informar "de un riesgo conocido y posible, pese a no ser muy habitual, por su gravedad".
Efectivamente, como recuerda Ignacio Martínez, abogado de la Asociación El Defensor del Paciente, que ha representado a la mujer en el juicio, la jurisprudencia del Tribunal Supremo fija la obligación de informar de un riesgo, aunque sea poco frecuente, cuando es muy grave.
Martínez solicitó en su reclamación una indemnización de más de 200.000 euros, pero la jueza ha reducido esa cuantía a la mitad, al explicar que, en este caso, la cantidad impuesta viene a compensar "la lesión a la autonomía de la voluntad del paciente al omitir los riesgos que asumía sometiéndose a la intervención".
Es decir, se compensa el daño moral, porque al ser una intervención curativa es muy probable que la paciente, incluso conociendo ese riesgo omitido, hubiera optado por operarse. La sentencia plantea esta cuestión y apuntan alternativas a las que podría haber optado la enferma al conocer la posible neuropatía asociado a la anestesia raquídea. Por ejemplo, optar por otro tipo de anestesia.
via Noticias de diariomedico.... https://ift.tt/eU29lHC
No hay comentarios:
Publicar un comentario