Avanzar hasta la interoperabilidad total y práctica en toda España de la tarjeta sanitaria individual, la historia clínica y la receta electrónica es un desafío ineludible de país que en el PP compartimos plenamente. Pero ese avance no llegará con iniciativas legislativas redundantes y prescindibles, como la presentada recientemente por Vox, sino dando cumplimiento a las leyes que ya existen a través de una actuación coordinada y conjunta por parte del Estado y de las comunidades autónomas.
La propuesta de Vox incide en un mal endémico de nuestra vida pública, que es la sobrerregulación. Por otro lado, revela la añoranza de este partido por un Estado centralizado y sin autonomías y sólo sirve para echar más leña al fuego del sectarismo y de la ideologización de la vida pública, de la que ya es experto el Gobierno de Sánchez. A los ciudadanos lo que les interesa es que resolvamos los problemas, no que convirtamos la Sanidad en una nueva ariete de división.
Eso es, de hecho, lo único que sabe hacer este Ministerio de Sanidad en manos de Sumar. En lugar de poner el foco en la incompetencia de este Ministerio para hacer uso de las herramientas legales de las que ya dispone para avanzar en la interoperabilidad de la tarjeta sanitaria y la historia clínica, de la iniciativa de Vox parece deducirse que el problema es de regulación, cuando no lo es. El problema es de un Ministerio incompetente, pero no legalmente, sino políticamente hablando.
Por lo demás, mejor no imaginarse siquiera lo que sería una sanidad española con las competencias sanitarias concentradas en este Gobierno y en este Ministerio y en esta ministra en concreto que es la expresión misma de la inoperancia. ¿De veras quiere alguien que la sanidad de todos los españoles esté en manos de un ministerio como el actual o estamos más seguros con el contrapeso que representa un reparto descentralizado de las competencias?
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